Movilización y lucha. Hay que defenderlo: De Lago Escondido al ataque en Córdoba, el derecho a la protesta bajo amenaza

Matones armados, “gauchos” que trabajan para el multimillonario Joe Lewis, cuestionando las más de 12.000 hectáreas que tiene en el sur del país y que rodean el Lago Escondido. Un hermoso paisaje natural, en manos de un empresario amigo de Macri que, además, vive la mayor parte del año en uno de los yates más grandes del mundo.

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Más de 40 matones armados y encapuchados fueron los que amedrentaron y amenazaron a los integrantes de la caravana que la semana pasada se movilizó en la región para reclamar por la situación de las tierras y del Lago. Según los testimonios, ese grupo fue el que impidió que pudieran seguir adelante por uno de los caminos públicos que existen. Hubo agresiones y amenazas de muerte.

La sexta Marcha por la Soberanía del Lago Escondido se encontró frente a este obstáculo para poder llevar adelante su reclamo. Hostigados por los matones de Lewis, quienes participaban de la caravana se encontraron aislados e incomunicados.

Así lo denunció el médico sanitarista Jorge Rachid, referente y militante peronista que participó en la movilización. Él se descompensó durante el fin de semana y, tras muchos obstáculos, logró ser evacuado. En diálogo con C5N afirmó “estuve con 14 horas de mareo. Los compañeros me ayudaron, el sol era muy fuerte. No nos dejaban bajar, nos decían que nos iban a matar”.

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Zona liberada y ataques

Este martes las agresiones y las amenazas viajaron miles de kilómetros al norte y llegaron a las calles de Córdoba. Ocurrieron durante la masiva movilización en repudio al acuerdo entre el Gobierno y el FMI.

Con la zona liberada por la Policía del gobernador Juan Schiaretti, grupos de encapuchados atacaron y amenazaron con armas a las columnas de varias de las organizaciones que se manifestaban. El saldo fueron decenas de heridos, uno de ellos de gravedad. Se trata de un joven de 15 años, militante de la organización Barrios de Pie.

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La agresión es un ataque directo al derecho a la protesta. Un intento de amedrentar y atemorizar a quienes salen a luchar contra el ajuste que, bajo el acuerdo con el FMI, se incrementará aun más.

A la liberación de la zona por parte de la Policía se sumó, casi de inmediato, el accionar de otros sectores del aparato estatal para seguir atacando el derecho a la protesta. En declaraciones a los medios, el fiscal Raúl Garzón, habló de “una cuestión que se desarrolla por enfrentamiento entre los manifestantes”.

La “teoría” no tiene nada de original. La demonización de las organizaciones sociales, intentando culpabilizarlas de los ataques que sufren, cuenta décadas en la Argentina. Seguramente uno de los hechos más recordados fue la respuesta estatal ante los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, ocurridos bajo el Gobierno de Eduardo Duhalde y con responsabilidad política de Aníbal Fernández. Allí, apenas cometidos los crímenes, el discurso oficial afirmó que se ”se habían matado entre ellos”.

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Defender el derecho a la protesta

A distintos niveles tanto el grave ataque ocurrido en Córdoba como las agresiones a quienes reclamaban contra Joe Lewis constituyen amenazas directas contra el derecho a protestar. Son intentos de intimidar a quienes reclaman por diversos motivos.

Estas no son las únicas agresiones que hemos visto en los últimos tiempos. Si vamos atrás en el tiempo algunos meses, podemos encontrar ataques de grupos armados contra algunos procesos de recuperación de tierras, ocurridos en el Conurbano bonaerense. En esos casos la Policía también actúa dejando la zona liberada o avalando el accionar de los atacantes con su pasividad.

Lo sucedido en la provincia que gobierna Schiaretti tiene el agravante de haber tenido lugar en el marco de una masiva movilización, en el centro de la segunda ciudad más importante del país. Eso evidencia la impunidad que consideran tener los atacantes.

Estos ataques tienen como trasfondo la siempre persistente campaña de la gran corporación mediática contra las movilizaciones. Una campaña que hoy se incrementa de la mano de los mal llamados libertarios como Milei y Marra, que vienen hablando de prohibir las movilizaciones.

Es necesario y urgente defender activamente el derecho a la movilización. Todos los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales tienen que repudiar lo ocurrido en Córdoba, tal como se hizo en el caso de lo ocurrido en Lago Escondido. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de esa provincia acaba de pronunciarse denunciado lo ocurrido. También lo hizo el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Es necesario que ese pronunciamiento se extienda y se haga masivo.

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Al mismo tiempo es necesario que el repudio se haga activo. Como se vio este jueves por la mañana, en las calles de Buenos Aires, en una primera manifestación de rechazo a los ataques, que terminó en la Casa de Córdoba.

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Más que nunca está planteado no dejarse intimidar por los ataques, apostando a desarrollar la más amplia movilización y discutiendo como garantizar en común las condiciones de autodefensa y seguridad que permitan impedir y derrotar eventuales agresiones.