La propuesta de Larrañaga es la punta del iceberg de la política represiva y autoritaria que promueve la derecha. Este próximo domingo se hará un festival organizado por Colectivos contra la Reforma en rechazo a la propuesta de reforma de la constitución y algunos sindicatos ya se han pronunciado para hacer una campaña activa. El PIT-CNT y la FEUU también deben sumarse con todas sus fuerzas.
Sábado 10 de agosto de 2019
Este próximo domingo a partir de las 16 horas se realizará un festival contra la reforma en SUTEL (Miguelete y Acevedo Díaz) organizada por “Colectivos contra la Reforma”.
Participarán destacados artistas, entre ellos El Alemán, Pocas Nueces, La Ventolera, Cayó la Cabra, Falta y Resto, Araca la Cana y la Mojigata y habrá cantina solidaria, espacio lúdico y feria de colectivos.
Esta iniciativa es parte de las acciones que vienen desarrollando estos colectivos que se oponen a la reforma constitucional que impulsa Larrañaga y a otras medidas de corte represivo como la censura a los carteles en los liceos en contra de la campaña Vivir sin Miedo.
No a la militarización
La reforma que será sometida a plebiscito propone la creación de una Guardia Nacional integrada por militares para apoyar a la policía en tareas de represión, así como también otras medidas de corte autoritario, entre ellas, la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos, un mayor endurecimiento de penas, eliminar la libertad anticipada o restablecer la cadena perpetua para algunos delitos.
La propuesta represiva y autoritaria que promueve Larrañaga es parte del discurso que intenta imponer la derecha de mano dura y mayor seguridad.
De manera absolutamente tendenciosa, y coherente con los postulados ideológicos de la misma derecha, se hace foco en los delitos que afectan la propiedad privada (hurtos, rapiñas) que son producto de la marginación y la descomposición social que impone el propio sistema capitalista y deja de lado los delitos de “guante blanco”.
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Históricamente las clases acomodadas y los poderosos se han valido de toda clase de estafas e ilícitos para incrementar sus cuantiosas fortunas: fraudes, lavado de activos, evasiones impositivas, contrabando, narcotráfico, quiebras fraudulentas quedan invisibilizados como problema social, aunque impliquen sumas de dinero incalculables que no tienen punto de comparación con los robos y hurtos productos de la desesperación y la exclusión social.
Para estos sectores; los que cometen los verdaderos delitos y producen la real violencia social, parece no haber ninguna propuesta; al contrario, la clase política hace la vista gorda cuando los poderosos recurren a los mejores abogados, se valen de artilugios legales, se fugan del país o están “presos” en cárceles VIP.
Los vínculos entre grandes empresarios, políticos y ladrones de guante blanco son históricos, con nexos profundos y duraderos que les permiten desde el tráfico de influencias hasta el relacionamiento con jueces, policías y funcionarios amigos que llegado el caso le brindaran protección.
Solo cuando algún caso se torna muy evidente y toma estado público se rasgan las vestiduras e hipócritamente toman distancia.
A la vez, mientras la derecha agita el fantasma de la inseguridad ha sido la principal promotora de la impunidad para los militares genocidas de la dictadura, verdaderos asesinos que hoy en su amplia mayoría están libres gracias a la acción de estos mismos políticos.
Movilizarse contra la criminalización de la pobreza
Iniciativas como la de Colectivos contra la Reforma, muestran el camino para enfrentar este avance represivo y autoritario.
Las organizaciones sociales y populares deben pronunciarse explícitamente contra este tipo de propuestas que solo promueven la cárcel como respuesta.
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Cárceles que además están denunciadas por las terribles violaciones a los derechos humanos que provocan, y que no casualmente, solo están llenas de pobres.
Todo este andamiaje legal que hace bandera con la seguridad tarde o temprano será usado contra los trabajadores y sectores populares que luchen o resistan los ajustes y ataques a los derechos y condiciones de vida.
Algunos sindicatos ya han anunciado que harán una campaña activa contra la reforma, pero el propio PIT-CNT y también la FEUU deben ponerse a la cabeza de la movilización con toda su organización al servicio de la lucha contra este intento de mayor represión contra los sectores populares.
