Agravamiento de la pandemia, colapso del sistema de salud y obsceno negocio capitalista en la salud privada. ¿Es la lucha por el la liberación del dióxido de cloro la única salida que les queda a las y los trabajadores y al pueblo pobre?. Organizaciones convocan a encuentro virtual por "la salud y la vida" el próximo 6 de agosto.
Lunes 27 de julio de 2020
La dramática situación que empieza a vivir la población al constatarse la pésima atención a los enfermos con COVID-19, el aumento de muertes sin diagnóstico, atención y cuidados se agrava con la especulación y los negocios que vienen haciendo desde la esfera privada de la salud, con laboratorios que cobran arriba de los 200 dólares un test de COVID, los medicamentos incluso para tratarse en los domicilios ante el colapso de hospitales es cada vez mas difícil encontrar, y los precios se han multiplicado por cinco.
Quien no tiene bienes para poner en garantía, o dinero contante y sonante no puede acceder a los hospitales y clínicas privadas que hoy controlan el 60% de las UTI’s disponibles en todo el país y que para colmo apenas llegan a un tercio de lo recomendado por la OMS para situaciones de normalidad y no de pandemia. Estas clínicas están cobrando un promedio de 5000 bolivianos por día de internación, lo que significa para un tratamiento de casi 20 días que puede demandar el COVID-19, un costo arriba de los 10.000 dólares.
Dióxido de Cloro, ¿única esperanza?
Esta situación está disparando el debate sobre los beneficios y la exigencia de liberar la comercialización de este producto industrial, que según algunos médicos y científicos contribuiría a oxigenar el organismo y combatir al COVID-19 con resultados efectivos. La COB en la marcha del 14 de julio inscribió en su pliego de demandas la exigencia de atención con dióxido de cloro ante el colapso del sistema de salud.
Importantes sectores de trabajadores y del pueblo pobre han empezado a exigir que este producto sea libremente distribuido y comercializado, encontrando en él la única posibilidad de obtener un tratamiento ante la enfermedad relativamente accesible al bolsillo de los más humildes. Las universidades de Oruro y Sucre anunciaron que empezarían a producir este producto e incluso varias asambleas departamentales ya aprobaron el tratamiento con dióxido de cloro en algunos departamentos, reconociendo con estas disposiciones que, frente al colapso del sistema de salud, solo quedaría como única alternativa para el pueblo recurrir a remedios caseros como ya han empezado a anunciar algunas comunidades campesinas o el dióxido de cloro aunque no existan estudios probados y verificados científicamente sobre su impacto en el cuerpo humano.
La decadencia académica de nuestras universidades se evidencia en esta discusión, ya que las mismas lejos de ponerse a investigar abriendo laboratorios con las carreras de bioquímica, química, medicina y otras, solo anuncian la producción de este producto, expresando su desprecio por las pruebas y resultado científico y su predisposición al esoterismo o la simple presión popular.
Ante el aumento geométrico de la demanda popular de este desinfectante, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ha redoblado sus amenazas de “meter preso” a todo aquel que comercialice el producto, provocando con ello no solo un aumento de la preocupación popular sino también ha disparado la especulación y los precios del dióxido de cloro.
Rechazamos las prohibiciones emitidas desde el Gobierno que lo único que pretende con las mismas es empujar a la población en brazos de los mercaderes de la salud, los dueños y accionistas de clínicas y hospitales privados. Defendemos el pleno derecho de las y los trabajadores y la población a adquirir los productos que consideren necesarios, y exigimos que esta distribución y comercialización se realice con indicaciones que eviten la intoxicación de los posibles usuarios. Sin embargo, es urgente reorientar el debate, ya que la polarización entre prohibición o liberación del dióxido de cloro, es una discusión funcional a las ganancias de los empresarios del sector privado de la salud.
Es urgente empezar a discutir que no es admisible que para los ricos hay UTI’s y para los pobres desinfectante industrial. A esto se ha reducido el sistema de salud “mixto” impuesto por neoliberales y el MAS. Es urgente reorientar el debate hacia una salida científica, integral e igualitaria de la atención de salud para todos, y eso en estos momentos solo puede venir de la mano de la nacionalización de todo el sistema de salud privado que hoy está lucrando con la salud y la vida. Es urgente la nacionalización sin indemnización de clínicas y hospitales privados, de los laboratorios que lucran con los test, de las farmacéuticas que especulan con los precios de los medicamentos. Solo el control de las y los trabajadores de la salud de todo el sistema de salud y su financiamiento mediante impuestos progresivos a las grandes fortunas puede permitir democratizar la lucha contra el COVID-19, abastecer de UTI’s, garantizar el testeo masivo de la población de manera gratuita, salvar vidas y terminar con el obsceno negocio de empresarios que hoy están apañados por el gobierno golpista.
El “Encuentro por la salud y la vida” del próximo jueves 6 de agosto, impulsado por la LOR-CI, el PRS, colectivos feministas como Pan y Rosas, Las Ramonas, y otras así como por la Escuela de Lideres Ernesto Guevara de la Serna de LLallagua, debe ser la oportunidad para empezar a poner en marcha un movimiento que exija la nacionalización del sistema de salud, sin indemnización, como primer paso en la lucha, contra el gobierno, la enfermedad y por la vida de las y los trabajadores y el pueblo.
Javo Ferreira
Javo Ferreira nació en La Paz en 1967, es fundador de la LOR-CI en Bolivia. Autor del libro Comunidad, indigenismo y marxismo y parte del consejo editorial de La Izquierda Diario Bolivia. Fue docente de la Universidad Obrera de Siglo XX en Potosí e impulsor del PT de la COB el 2013.
