La plataforma de afectados por la Hepatitis C denuncia la ineficiencia del Plan Estratégico Nacional contra la Hepatitis C y la inaccesibilidad de los presos a su medicación. Además, pese a la existencia de un tratamiento más eficaz, su precio es desorbitado.
Miércoles 29 de julio de 2015
Fotografía: Twitter @PLAFHC
La hepatitis C no tiene vacuna y su tratamiento actualmente es económicamente inaccesible para la mayoría de sus enfermos. Se trata de una enfermedad que deriva en cirrosis y cáncer de hígado y en la que muchos de los enfermos tienen otra serie de problemas de salud asociados.
La plataforma de afectados por la Hepatitis C, reunidos este pasado sábado en Valladolid, denuncian la ineficiencia del Plan Estratégico Nacional contra la hepatitis C tras la firma del cual siguen existiendo diferencias entre diagnóstico y tratamiento en las diferentes comunidades autónomas.
En La Rioja solo están siendo tratados los casos más graves, como ha denunciado su portavoz en esta comunidad. Entre otras quejas se encuentra la inaccesibilidad de los presos a su medicación, como ha admitido José Manuel Arroyo, subdirector de Sanidad Penitenciaria. Sin duda esto no es más que otro dramático ejemplo de cómo afectan los recortes en sanidad, cuya prioridad quedó desbancada por el pago de la deuda bajo el pretexto de la crisis con la reforma de la Constitución en 2011 que llevó a cabo el PP apoyado por el PSOE.
En un documental realizado por Salud por Derecho, en el que diferentes personalidades denuncian el descenso de la investigación de diferentes patologías en aras de otras con mayor beneficio para la industria farmacéutica, denuncian que la Hepatitis C es una enfermedad que afecta alrededor de 190 millones de personas en el mundo, para la que además existe un tratamiento eficaz cuyo coste de producción es de unos 246 euros. Sin embargo, hoy en día este tratamiento está siendo vendido a 728 euros, lo que provoca que sea inaccesible para gran parte de la gente que lo necesita. El tratamiento que actualmente está siendo administrado no es tan eficaz como debiera serlo por razones estrictamente económicas.
La salud como negocio trae catastróficas consecuencias, principalmente para la clase trabajadora y los sectores más empobrecidos que no pueden permitirse seguros ni hospitales privados. El cierre de plantas hospitalarias, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles y la falta de ayudas del Estado para que todos los enfermos y enfermas puedan acceder a los tratamientos son ejemplos de cómo las políticas neoliberales ponen en riesgo la vida de las personas.
La inmoralidad de hacer negocio con la salud solo será sobrepasada cuando ésta sea desvinculada del capitalismo, hecho que no será posible sin la más amplia unión de la clase trabajadora y todos los sectores que padecen las privatizaciones de la salud, haciendo frente a los gobiernos al servicio del negocio farmacéutico que intentan menguar la calidad de la sanidad.
