Energía. Hidrógeno 2030. Entre la transición energética corporativa y el greenwashing

“No queremos ser una zona de sacrificio para que otras regiones vivan mejor”. La que pronunció la frase no es una activista contra la megaminería en Chubut, sino la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Y entre quienes la escuchaban tampoco estaban activistas antiextractivistas, sino justamente representantes de gigantes de la megaminería como Fortescue o del petróleo como la francesa Total (entre otras multinacionales como Toyota, CWP Global –dedicada molinos eólicos– o el gigante financiero McKinsey & Company).

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Sucedió este lunes en el emblemático Hotel Llao Llao, en la ciudad de Bariloche, donde se realizó la apertura del Encuentro Nacional Hidrógeno 2030, dedicado al desarrollo de la producción de Hidrógeno.

Junto a Carreras, se encontraban en el panel de apertura el Ministro de la producción Matías Kulfas; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Jujuy, Gerardo Morales; el vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación y presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Béliz; y el secretario general de la CGT, Héctor Daer, que se sumó de manera virtual, al igual que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. También fueron de la partida embajadores de países como Corea, Japón, entre otros.

Carreras planteó que el Hidrógeno verde “debe ser una oportunidad de modificar la forma en la que el mundo ha distribuido su riqueza, su energía, su consumo”, y continuó afirmando que “la tendencia del sistema de consumo plantea un escenario alarmante, con falta de energía y alimentos. Nos hace buscar alternativas urgentes. El mundo reclama una agenda de disminución de gases efecto invernadero y proyectos concretos para el camino hacia dónde vamos”. “Las fuerzas políticas tenemos una agenda única en hidrógeno, a mediano y largo plazo, y transversal. Esperamos que esta unanimidad se traslade a nivel nacional, para sostener la ecuación económica que debe darse para la factibilidad de esta industria”, agregó. La gobernadora anunció también la creación del Instituto de Hidrógeno de Río Negro y una Diplomatura en Hidrógeno Verde.

Pero fue Kulfas, luego de repetir el el mantra del supuesto "desarrollo" y "sostenibilidad ambiental" que también traería el megaproyecto, dejó claros los objetivos estratégicos: lo que buscan, dijo, es “dar certidumbre y estabilidad fiscal, e incentivos a las inversiones." ¿Para qué? Para propiciar "ingresos de divisas, a través de las inversiones, para generar una industria con alta propensión a la exportación, generando un saldo positivo en la balanza comercial que nos va a ayudar a resolver los problemas que tenemos en nuestra economía, para nuestra sostenibilidad macroeconómica."

¿Transición corporativa o desde abajo?

El hidrógeno tiene el potencial de funcionar como vector de energía (permite transportarla), y puede ser “verde” si la energía que transporta proviene de fuentes renovables, con lo cual no emite gases de efecto invernadero ni en su producción ni su consumo, algo importante en un contexto de crisis climática producida centralmente por la utilización de combustibles fósiles. Pero en sí misma, su producción ni garantiza una transición energética para el país, ni un “desarrollo” económico, ni técnico necesariamente: en el caso de las inversiones de la megaminera australiana Fortescue, por ejemplo, como señala Kulfas, tiene un objetivo de exportación y de generación de divisas para pagar deuda externa con el FMI. No implica ni soberanía energética (sino la exportación al modo de una nueva commodity), ni transición para el país, sino, en todo caso para terceros países (o corporaciones); ni, sobre todo, algún tipo de mejora en el acceso a la energía por parte de las mayorías trabajadoras del país.

Al gigante australiano se le garantiza la concesión por 50 años –prorrogables por otros 25– de un territorio de 650 000 hectáreas en Río Negro, lo que equivale aproximadamente una superficie del tamaño de El Salvador, o al 31 veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires, enclavada en la Patagonia, ubicada en la meseta de Somuncurá, territorios habitados por comunidades originarias mapuches y tehuelches (sin contar la compra de campos en el noreste de Chubut, ya en marcha). Así también, planean otorgar exenciones impositivas y facilidades para instalar los molinos eólicos y –supuestamente, ya que existe el peligro de que apunten a otras fuentes subterráneas– una planta desalinizadora para generar las enormes cantidades de agua dulce (y los residuos de sal) necesarias para producir el Hidrógeno. No existen estudios de impacto ambiental ni mucho menos consultas informadas con las comunidades afectadas (las mencionadas de la meseta de Somuncurá, por ejemplo) sobre los cambios y los riesgos (se trata de un gas sumamente volátil y peligroso) que implica semejante infraestructura.

De hecho, el gobernador de Neuquén propuso producir Hidrógeno azul con gas proveniente del fracking de vaca muerta y el agua proveniente del río Limay, reactivando la Planta Industrial de agua Pesada. En otras palabras, más fracking contaminante, más gases y efecto invernadero, más ganancias empresarias y divisas para el FMI… y menos agua para las comunidades, en un contexto de crisis hídrica.

Por otro lado, el discurso de Greenwashing de Carreras queda al descubierto si se tiene en cuenta, por ejemplo, que a la par de este encuentro, se va a desarrollar en Mar del Plata una audiencia pública sobre la exploración petrolera offshore en la costa argentina, para extraer aún más combustible fósil (o sea, más gases de efecto invernadero en la atmósfera), de la mano de empresas como Total (presente en ambos negocios), Shell o Equinor. O el impulso que le dan (todo el arco político presente) al fracking contaminante y generador de gases de efecto invernadero en Vaca Muerta; o a la megaminería de Litio, un objetivo declarado del gobernador Morales en Jujuy, para lo cual se afana en enviar tuits al mismísimo Elon Musk. De hecho, el radical realizó una comparación tan poco feliz –para la tonalidad verde buscada– como recurrente en este tipo de promesas extractivistas, al aseverar que Argentina se transformará en “la Arabia Saudita o los Emiratos Árabes del hidrógeno verde”.

Lo que está en marcha es el negocio de la transición corporativa, en manos de las empresas y con los gobiernos y Estado como garantes: una nueva oportunidad de ganancias, digitada según los intereses del capital concentrado, y una nueva ronda de saqueo de tipo extractivista en el país.

Una transición energética soberana y “justa” (que redunde en mejores condiciones de vida, trabajo y un acceso universal y barato a la energía para la mayoría trabajadora del país), más allá del vector energético utilizado, debería estar en manos de las trabajadoras y trabajadores del sistema de energía, las poblaciones y comunidades afectadas, y apuntar a mejorar las condiciones de vida de la mayorías (empezando por su acceso a la energía). Todo lo contrario a lo que se anuncia, con un nivel de cinismo importante, desde el lujo del Llao Llao.

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