Comercio exterior. Hidrovía: de cara a una nueva concesión privada, el Estado la controlará por 12 meses

Este jueves se publicó el decreto que faculta a la Administración General de Puertos (AGN) a llamar a una “licitación corta” para tareas de mantenimiento de la red fluvial por el lapso de 12, sería publicado esta semana. Durante ese tiempo se confeccionaría la “licitación larga” que incluye el grueso de las obras que reclaman las provincias para garantizar los negocios de las exportadoras. Durante esos meses el cobro del canon por el transporte de las mercancías sería realizado por parte de la AGP y luego desde esa cuenta derivadora, se le pagaría a las empresas adjudicatarias de las tareas de dragado y balizamiento.

A pesar de ser por un plazo definido con el objetivo de otorgar su manejo a privados, y dejando intactos los negocios de las exportadoras, las patronales del campo salieron rápidamente a expresar su descontento: “Que el Estado opere la hidrovía por un año es un grave error" dijo Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera. También Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), expresó una supuesta preocupación a que se afecte la “competitividad” del agro. No sorprende de uno de los sectores más concentrados de la economía, a pesar de que no se haya tomado ninguna medida que pueda afectar sus negocios.

A finales de Abril el Gobierno prorrogó por 90 días la concesión de la hidrovía Paraná – Paraguay a la empresa Belga-Argentina que tiene su control desde 1995, año en que ganó la licitación a manos del ex presidente Carlos Menem, como parte de su plan económico privatizador. Esta prórroga materializó el retroceso del gobierno de Alberto Fernández, quien en Agosto de 2020 había amagado con la constitución de una empresa del Estado para gestionar la Hidrovía. Esa vez, el Gobierno Nacional había firmado un Acuerdo Federal con las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe. Sin embargo pocos meses después, noviembre de ese año sacó un decreto (949/20) en el que se establecía la renovación en manos privadas de esa ruta fluvial.

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Con ese retroceso en la posibilidad de una estatización de la Hidrovía, el Gobierno garantizó los negocios de la empresa que gane la licitación y los de las grandes exportadoras, que además de los multimillonarios ingresos que obtienen, realizan todo tipo de maniobras fraudulentas como evasión, contrabando, triangulaciones y estafas al fisco. Especialista señalan que no se puede separar esa decisión de las negociaciones que el Gobierno mantiene con el FMI. Por esa “autopista” sobre el agua pasan 2 de cada 3 dólares que ingresan al país por la vía comercial, se exporta el 80 % de los granos y sus derivados y la totalidad de los autos que se producen en el país. Además por ahí pasa el 50 % de las proteínas vegetales del mundo. Se calcula que esa ruta mueve unos U$s 70.000 millones anuales. Por esa cuenca circulan las riquezas que manejan las grandes cerealeras como Vicentin, Cargill, Cofco Dreyfus y Bunge.

Con la actual medida, el Gobierno se dispone a entregar en doce meses esa importante ruta nacional a grupos extranjeros privados. El cambio que se estaría introduciendo es la intermediación por parte de la AGP para el cobro del canon a los comercializadores, cuestión que hasta el momento era realizada por la propia empresa Hidrovía S.A. Sin embargo el manejo de la red fluvial volverá a ser entregada por el Estado a manos privadas, el cual solo mantendrá su “presencia” en los negocios multimillonarios que la futura adjudicataria y los grandes grupos exportadores lleven a cabo.

La entrega del manejo del comercio exterior en manos de conglomerados capitalistas es una decisión que va en contra del interés nacional y de su población, más aún en un contexto signado por los vaivenes económicos globales y la escasez de divisas.

El monopolio estatal del comercio exterior gestionado por los trabajadores, permitiría definir cuáles son las prioridades del intercambio comercial, o qué importaciones se puede y conviene apostar a sustituir por producción local. Se podrían asegurar así recursos para incrementar la capacidad productiva y desarrollar las infraestructuras fundamentales, la construcción de viviendas, escuelas, hospitales, la modernización de los transportes, entre otras medidas.