Según Larramendi el desalojo estaba justificado por “riesgo ambiental”, pero hacía veinte días que la planta no producía. En 2009 directivos de Pepsico ya habían sido procesados por contaminación.
Ramiro Thomás @heliotropos_
Martes 18 de julio de 2017 10:32
Parece mentira que en el país de la megaminería, los pueblos fumigados, los desmontes ilegales y el frackin petrolero, los trabajadores sean considerados responsables de contaminación o riesgo ambiental. El fiscal Gastón Larramendi, a cargo del desalojo de la planta de Pepsico en Vicente López, justificó la brutal represión contra las obreras argumentando “usurpación” y el surgimiento de “un potencial riesgo ambiental, tanto del suelo, como del agua y del aire”, como declaró en C5N el día de los hechos.
El primer punto es refutado por el hecho de que al momento del desalojo los obreros aún no habían sido notificados con los respectivos telegramas de despido, por lo que la ocupación en realidad se correspondía con la exigencia de la continuidad de sus tareas. Respecto al segundo punto, el fiscal había indicado que existía “un riesgo ambiental” determinado por la cantidad de “tanques de aceite y combustible” que se encontrarían “sin el cuidado especializado por parte de la firma”, luego de la toma. Se trata de un argumento falaz que encubre la complicidad de la Justicia con la voluntad de las corporaciones, puesto que hacía 20 días que la planta no estaba en funcionamiento.
“¿Por qué si no estaba en funcionamiento la fábrica, esos elementos que había en el interior ponían un riesgo ambiental que derivaron en el desalojo?”, le preguntó una periodista de C5N al fiscal, en referencia a los tanques de combustible y aceite dentro de la fábrica. “Porque no teníamos acreditado que haya gente capacitada para la manipulación de esos elementos”, responde Larramendi. “Hubiese ido a acreditarlo”, arremetió en el instante la abogada de las obreras, Myriam Bregman.
“Soy abogada de muchas de esas trabajadoras desde el año 2004. Mirá si hace años que conozco como trabajan. Ellas mismas siempre estuvieron muy preocupadas por la contaminación, viven en ese barrio. La empresa contaminaba y tuvo causas penales”, indicó la fundadora del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) y candidata a diputada por el Frente de Izquierda.
Durante la conferencia de prensa del viernes 14, Camilo Mones, miembro de la comisión interna de Pepsico, señaló que “cuando el fiscal da la orden, la planta hacía veinte días que no emitía fluidos ni gases. Y, si hay un problema de contaminación, no es a los trabajadores a los que tiene que reprimir, sino que tiene que ir a buscar a la gerencia y meterla presa, porque nos sacaron la planta para dársela a los contaminadores. El argumento es ridículo”.
Efectivamente, en el año 2009 la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dictó el procesamiento y embargó los bienes de los directivos de la multinacional Pepsico Claudio Ponce Luque, Alejandro Hugo Olano y Claudio Javier Montaner Godoy, por “haber adulterado y contaminado, de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua y el medioambiente”, tras verificarse “la existencia de efluentes industriales (con insumos productivos y materia fecal) arrojados de modo clandestino a los conductos pluviales que desembocarían en las aguas del Río de la Plata en afectación al curso hídrico, las personas o animales en contacto con ellos”.
El hecho había sido denunciado por el Defensor del Pueblo de la Nación y vecinos ubicados en la vera y las cercanías del río Reconquista. En dicha ocasión, y de acuerdo con lo establecido por la propia Arroyo Salgado, se comprobó el vertido de efluentes industriales hacia el exterior de la empresa, mediante un empalme o by pass casero que desembocaba en la red pluvial eludiendo la planta de tratamiento y el sector de vuelco autorizado por la Autoridad de Control.
Incluso se acreditó que los vertidos contenían materia orgánica como almidón, ácidos grasos animales, ácido oléico, palmítico y materia fecal (coliformes fecales y escherichia coli) lo que, al decir del perito oficial actuante, implicaba un grave riesgo sanitario para la salud y para el medioambiente.
“La empresa no solo no cuenta con permiso de vuelco al pluvial” -había informado Arroyo Salgado en dicha ocasión-, “sino que el mismo, que realiza ilegalmente de facto, lo hace a través de previa obra de ingeniería clandestina”.
Según Edgardo Moyano (Ceprodh), abogado de las obreras en lucha actualmente, “el principal argumento para realizar el desalojo que dijo el fiscal es que la planta Florida es una planta que contamina. Sin embargo, es una planta que hace 20 años que funciona, y hasta aquí la empresa no había utilizado ese argumento en el conflicto, sino que había dicho que tenía crisis económica y por eso había hecho un preventivo de crisis”.
“Pepsico en el año 2009 tuvo una clausura por un problema con el tratamiento del agua. Tiraron agua con químicos a la calle, estuvo clausurada casi un mes y pico. En la causa estaba Arroyo Salgado”, indicó Mones en la conferencia de prensa. Y prosiguió: “A partir de ahí Pepsico hizo un tratamiento de agua enorme y carísimo que es visitado por industrias químicas y estudiantes para ver cómo funciona. Algo modelo. Ellos sacaban el agua y ya habían solucionado ese problema. Todos los demás problemas obviamente que nosotros siempre pedíamos que se mejoren”.
Cecilia, obrera de Pepsico presente en dicha conferencia, declaró a la prensa: “Con este tema de la contaminación, nosotras hace quince días nos dirigimos a la Municipalidad de Vicente López y nos atendió el primo de Macri, que es el intendente. Nos dijo que no había ningún tipo de contaminación, que ellos no tenían ninguna denuncia ni de ningún vecino ni de ningún lado que diga que Pepsico estaba contaminando. La planta estaba apta para seguir trabajando”.
“Cuando entra la policía, Larramendi manda a los policías a sacar a los trabajadores de los techos, y rompen un caño muy importante de gas. Tuvieron que salir todos corriendo porque eso podía volar. Entonces, el que puso en riesgo el barrio es él. Va a tener una causa penal por esto”, arremetió indignada Myriam Bregman. “Su ansiedad por cumplir las órdenes del Gobierno casi lo lleva a hacer volar una planta hoy”, sentenció.
Pepsico se encuentra dentro de la lista de las llamadas “diez grandes” del sector de la alimentación, que constituyen las multinacionales más contaminantes a nivel mundial, tanto por las exorbitantes cantidades de agua que utilizan, como por los desechos industriales y la emisión de gases de efecto invernadero. La responsabilidad directa por contaminación le corresponde a la patronal, no a los obreros.
Obviamente a los organismos encargados de legislar estos aspectos ambientales miran para otro lado cuando la contaminación es generada por las patronales. Parece preocuparles más un tanque de combustible y uno de aceite, un absurdo utilizado para justificar (en parte) el desalojo y la represión a trabajadores y trabajadoras que se encontraban resguardando sus puestos de trabajo en el contexto de un ajuste y represión brutal que se está dando a nivel nacional. La hipocresía capitalista no tiene límites.
