Despidos, remociones y maltrato, parece ser el guión común de las políticas en salud mental de Cambiemos. Así lo demuestra la intervención del ex Cenareso, que ejerce sobre los trabajadores del Hospital en Red Lic. Laura Bonaparte un variado repertorio de violencia institucional para instalar un modelo de medicalización de la Salud Mental.
Martes 16 de enero de 2018 09:29
A contrapelo de los aspectos más progresivos de la ley nacional de Salud Mental, que propicia la conformación de equipos interdisciplinarios y la atención integral de base comunitaria, las nuevas conducciones institucionales del área ejercen variadas formas de violencia institucional que apuntan a desmantelar todo rasgo de las prácticas basadas en evidencia y en la inclusión reconociendo a los pacientes como sujetos de derechos,para dar lugar a un modelo reducido al eje biologicista (en lugar del bio-psico-social), de medicalización de la salud mental.
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A las maniobras sistemáticas contra el equipo de profesionales del Centro de Salud Mental Ameghino y mientras que en la provincia de Buenos Aires a “La política provincial sobre drogas se agudizó al punto tal de su cuasi inexistencia”, según concluye el analista, investigador y consultor en asuntos de políticas sobre drogas Esteban Wood, en una reciente nota publicada en Infobae, se suma el reciente repudio de la comisión directiva de APBA- Asociación de Psicólogos de Buenos Aires - sobre la violencia institucional y persecución ejercida sobre las trabajadoras y trabajadores del Hospital Nacional en salud mental y adicciones “Lic. Laura Bonaparte”.
A pesar del acuerdo suscrito en enero del año pasado entre ATE y la actual intervención (luego de una jornada de protesta contra la precarización laboral y para exigir condiciones seguras y saludables de trabajo), este año fue necesario un comunicado junto a UPCN para denunciar “la constante persecución y violencia institucional que sufren todos los días los trabajadores del Hospital”, a través de “un manejo discrecional de los recursos en base a un amiguismo burdo” y “en la remoción de cargos sin justificación”. Las consecuencias recaen, en última instancia, sobre los usuarios del servicio, al afectar directamente en la calidad de la atención y en las condiciones de trabajo de los médicos, los psiquiatras y los psicólogos que se desempeñan en el lugar.
En el comunicado de APBA, se consigna:
1) Remoción de coordinadores de psicología - Lic. Carolina Alcuaz - y de psiquiatría del dispositivo de niñas, niños y adolescentes sin acreditar razones suficientes y reemplazo de los mismos por profesionales que carecen de antecedentes necesarios para el ejercicio de la función de conducción.
2) Desfinanciamiento del pago de la función de los coordinadores de los diversos servicios.
3) Maltrato verbal y descalificación continua de las exposiciones de los profesionales en los ateneos de la institución.
4) Ausencia de recursos humanos suficientes para atender eficazmente la atención de los pacientes.
5) Ausencia de políticas y ejes de gestión que oriente las prácticas y metas institucionales.
Según consigna Página 12, los trabajadores del hospital denuncian que hubo “una drástica reducción de los recursos materiales indispensables para ejercer su trabajo, que se eliminaron dispositivos de atención grupal y que se limitaron los horarios de atención espontánea a adultos, niños y adolescentes”. Además, “se dejó de trasladar a los pacientes que lo necesitan por falta de combustible, se redujo la demanda espontánea de casos urgentes, que ahora se atienden con turnos previos, y se eliminaron los programas de atención de niños y adolescentes”. Por otra parte, el servicio tampoco dispone del servicio de ambulancias para el traslado de pacientes descompensados.
El enfoque biologicista de la salud mental hace pareja con la reinstalación del modelo tutelar, que enajena la voluntad de los pacientes, a quienes considera incapaces de tomar decisiones. En el artículo cuarto de la vigente Ley de Salud Mental N° 26.657, se establece que las “personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”. Algo que parece saltear en la práctica la actual gestión al considerar el sufrimiento mental sin tomar en cuenta la subjetividad del consumidor. Y si se sufre, algún laboratorio y sus operadores técnicos, encontrarán el remedio. Siempre que pueda comprarse.
