Trabajadores y usuarios de los hospitales sufren las consecuencias del desfinanciamiento de la salud pública.
Jueves 14 de noviembre de 2024
En los últimos meses se ha develado una grave situación financiera que afecta a los centros hospitalarios en el país, ya que para el mes de Agosto el 43% de los hospitales había gastado más del 80% del presupuesto asignado para el año 2024. Esto significó concretamente que hospitales como el Carlos Van Buren de Valparaíso tuvieron que cerrar 9 pabellones, afectando su normal funcionamiento y con ello afectando la atención de usuarios.
Frente a esta situación las autoridades de gobierno hicieron un llamado a la austeridad de los distintos hospitales, asumiendo que es “normal” que cada año el presupuesto asignado no permite terminar el año pero que en esta oportunidad se “adelantó la fecha”. Una completa naturalización de la precarización del sistema de salud pública.
Distintos gremios de la salud, en particular el Colegio Médico, han expuesto este grave problema, exigiendo una respuesta del gobierno por medio de distintos medios de prensa y manifestaciones. Según sus cálculos estiman que la red hospitalaria requiere $300 mil millones mensuales para funcionar de manera adecuada. Mientras el gobierno propone en el presupuesto 2025 un aumento real del 4,2% y una inyección de $110 mil millones para terminar el año 2024, cuestión que ha sido calificada por los distintos gremios de la salud como insuficiente.
Esta nueva situación vuelve a poner al descubierto problemas estructurales del sistema de salud en Chile. Mientras políticos y tecnócratas del régimen aplauden que en las últimas décadas el presupuesto en salud ha aumentado constantemente, lo cierto es que no permite sostener la real demanda del sistema de salud. Hay que considerar elementos nuevos, como la política de copago cero de Fonasa y el aumento de afiliados a Fonasa producto de la crisis abierta con las Isapres, además del aumento en el costo de insumos y tecnología, junto con la mayor complejidad de patologías que se deben atender. Pero no hay que olvidar que son miles de millones de estos presupuestos que se fugan al sector privado, por medio de las compras de servicios.
Y es que justamente los grandes holdings empresariales que controlan clínicas, isapres y laboratorios, son los mayores beneficiarios de los aumentos presupuestarios y responsables del continuo desfinanciamiento de la salud pública. Mientras el ministro Marcel y otros personeros del gobierno enfocan todo a problemas de gestión y pregonan la austeridad y responsabilidad fiscal, perpetuan el negocio de los empresarios de la salud con nuestro derecho básico.
La actual crisis hospitalaria no se puede resolver “apretando el cinturón” a la salud pública. Tal como plantean los organismos de trabajadores de la salud se debe aumentar considerablemente el financiamiento a la salud pública, pero se debe acabar con las ganancias empresariales, por ejemplo con el no pago de la deuda hospitalaria a los privados y la nacionalización de los holdings de salud para disponer de clínicas y laboratorios al servicio de las necesidades de la población, donde hoy hay cerca de 3 millones de personas en lista de espera.
No basta solo con más financiamiento, es necesario un nuevo sistema nacional de salud que sea gestionado democráticamente por sus trabajadores y usuarios, que por medio de la nacionalización del sistema privado permita un acceso oportuno y de calidad a la salud, acabando con el negocio empresarial.
