Historia Rebelde. Hoy, como hace 89 años, comienza la huelga de alquileres

La negativa del gobierno “progresista” a implementar las medidas urgentes que le exigen sindicatos de inquilinos e inquilinas, ha llevado a que este 1 de abril se convoque una huelga de alquileres en todo el Estado español por más de 200 organizaciones.

Suspender los alquileres -y no convertirlos en créditos-, expropiar a los grandes tenedores -y no una moratoria opcional del 50% de sus alquileres- y la suspensión indefinida de los desahucios -y no sólo una tregua de 6 meses- son las principales reivindicaciones de la convocatoria.

No es la primera vez que una medida de lucha de este tipo se lleva adelante. De hecho la casualidad ha querido que esta huelga comience el mismo día que comenzó la mayor huelga de inquilinos e inquilinas de la historia del Estado español, la que arrancó otro 1 de abril, en 1931, solo dos semanas antes de la proclamación de la Segunda República en Barcelona.

Cuando la Gran Depresión cruzó el Atlántico

La Gran Depresión, inaugurada con el crack de Wall Street en 1929, llegó con fuerza al Estado español a finales de 1930. Lo hizo en forma de desempleo masivo, devaluación de la peseta y subida abrupta de los precios. El malestar social creció entre los trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad.

Barcelona había sido uno de los motores económicos de la década anterior. Uno de los sectores más dinámicos había sido la construcción, animado por las obras de la Exposición Internacional de 1929 o la construcción del Gran Metropolitano, el metro.

El sindicato de la construcción de la CNT quiso pelear a su vez contra el paro, que afectaba al 40% de sus afiliados, y por una solución al acuciante problema de vivienda que sufría la clase obrera.

Esto trajo consigo la afluencia de familias de diferentes regiones del Estado, atraídas por la posibilidad de encontrar ocupación en la obra o a la industria, y huir de las pésimas condiciones de vida como campesinos pobres o sin tierra. La mayoría de estas familias humildes acabarían viviendo en edificios insalubres donde tenían que compartir casas y habitaciones con otras.

Con el impacto de la crisis, muchos obreros de la construcción quedaron en el paro. A la vez, el problema de vivienda obrera empeoró todavía más: la caída de ocupación y salarios se vio acompañada de una subida importante de los alquileres.

Trabajadores de la construcción y familias de inquilinos se organizan

El sindicato de la construcción de la CNT, con el 40% de sus miembros en el paro, decidió organizar una respuesta a esta situación. Pelearían por trabajo y a la vez por una solución al acuciante problema de vivienda que sufría la clase obrera. Se impulsaron así los Comités de Defensa Económica, organizaciones de barrio que organizaron a las familias de inquilinos para realizar una huelga de alquileres. Sus demandas eran dos fundamentalmente: que el gobierno construyera vivienda barata y que se obligara a una rebaja del 40% del precio de los alquileres.

Aunque los gobiernos “progresistas” de entonces tampoco quisieron tomar medidas contra los grandes propietarios, la huelga supuso un alivio para muchas familias

La medida de fuerza empezó el 1 de abril de 1931, y se prolongó hasta el final del año, con incluso algunas familias que se mantendrían hasta enero y febrero de 1932. La CNT cifró entre 45.000 y 100.000 el número de familias que participaron de esta histórica huelga.

Este movimiento tuvo enfrente también a los gobiernos “progresistas” de la época. El de Azaña en Madrid, el de Macià frente a la Generalitat y el Ayuntamiento republicano de Jaume Aiguader y Miró. Tuvieron que enfrentar no solo la negativa a ceder en estas demandas, sino una dura represión, sobre todo en forma de desahucios por la fuerza.

El movimiento confluyó también con otras grandes luchas obreras de ese primer año de la república, como la de la Telefónica o la huelga general de la ciudad en septiembre de 1931 por la reducción de la jornada a 6 horas para combatir el desempleo.

Ayer como hoy, una huelga contra los llamados gobiernos “progresistas”

Aunque los gobiernos “progresistas” de entonces tampoco quisieron tomar medidas contra los grandes propietarios, la huelga supuso un alivio para muchas familias que dejaron en los hechos de pagar el alquiler durante unas semanas o meses. También obligó a muchos propietarios a renegociar rebajas de precio y en la Cámara de la Propiedad se logró que se aprobara una rebaja fiscal sobre los pisos alquilados.

Hoy como entonces, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos, ha decidido que el coste de la crisis habitacional agravada por la pandemia recaiga en los bolsillo de las familias obreras y populares. Los propietarios seguirán teniendo garantizados sus ingresos, ya que incluso los grandes tienen la opción de elegir entre la rebaja temporal del 50% o el aplazamiento del 100% en forma de crédito. Las familias más vulnerables, las primeras en sufrir la crisis económica en curso, tendrán que buscar en sus salarios futuros como sufragar estas ganancias del capital inmobiliario.

Pero también, hoy como entonces, se demuestra que la clave pasa por la organización y movilización de los sectores populares, junto con la clase trabajadora y sus organizaciones. La única manera en que se podrá torcer el brazo de los grandes especuladores que hacen negocio con un bien de primera necesidad y los gobiernos, se digan o no “progresistas”, que siguen sin tocarles sus intereses y beneficios.