Están imputados tres policías de la Metropolitana, participes de la violenta represión que culminó con el desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín y que dejó tres heridos con balas de plomo.
Martes 6 de junio de 2017 14:15
A las 16.30 h el Tribunal Oral en lo Criminal 7 (TOC 7) dará a conocer el veredicto en el juicio a tres miembros de la ex Policía Metropolitana por el desalojo en 2013 de la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín. Los imputados en la causa son: los oficiales mayores Gabriel Pereyra De la Rosa y Miguel Antonio Ledesma y el oficial Nelson Acosta.
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El 13 marzo del 2013, represión mediante la Policía Metropolitana (hoy fusionada con la Federal, conformando la Policía de la Ciudad) desalojó la Sala Alberdi del Centro Cultural San Martín que llevaba casi tres meses tomada como resultado de un largo conflicto a causa de el vaciamiento de la misma por parte de los sucesivos Gobiernos. La represión incluyó gases lacrimógenos y balas de plomo, por las cuales resultaron heridos Germán de los Santos, Esteban Ruffa (fotógrafos de la Red Nacional de Medios Alternativos y quienes actúan como querellantes) y Mario Fumaroni, que no se presentó al juicio.
Este martes, los imputados pudieron expresar sus “últimas palabras” sobre lo sucedido aquel día. El único que hizo uso de la palabra fue De la Rosa quien manifestó su disconformidad ante su imputación argumentando que la misma se basa en su presencia en el lugar de los hechos. “Con esa lógica podríamos culpar a los enfermeros del SAME por estar en todos los accidentes o a los bomberos, porque están en todos los incendios”, dijo cínicamente el oficial mayor en una maniobra que intenta eludir su responsabilidad en los hechos, al tiempo que proclamó su inocencia y pidió al tribunal que dicte su “absolución”. Por su parte Ledesma y Acosta rehusaron de pronunciar las últimas palabras ante los jueces del TOC 7.
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La abogada querellante, María del Carmen Verdú, quien representa a Germán de los Santos y Esteban Ruffa solicitó 20 años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa agravado por sus condiciones de policías. Por su parte, el fiscal Oscar Ciruzzzi reclamo tres años y tres meses de cárcel por abuso de armas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las defensas de los imputados pidieron por la absolución de los mismos.
Este juicio se suma a una larga lista, que mayormente por los vínculos entre la Justicia, las malditas policías y los poderes políticos garantizan impunidad a los responsables, que pone de manifiesto la represión y persecución por parte de las fuerzas represivas y los Gobiernos de turno a las mayorías trabajadoras y populares.
