Internos de los penales de Coronda, Piñero y la Unidad Nº 3 de Rosario iniciaron esta huelga y un paro de actividades laborales para exponer las condiciones de hacinamiento y por una serie de reclamos. Protestan para que se flexibilicen los criterios de obtención de prisiones domiciliarias, y para que se tomen medidas sanitarias básicas que eviten la propagación del coronavirus.
Lunes 27 de abril de 2020 18:00
Los presos elevaron un documento a los jueces de Ejecución Penal en el que solicitan un encuentro con los delegados para tratar varios puntos: el otorgamiento de arresto domiciliario para los internos que gozaban de salidas transitorias y para aquéllos cuya condena está a punto de cumplirse, la necesidad de cuidar "la integridad física de personas de edad avanzadas y pacientes de riesgo", y la distribución de elementos de seguridad sanitaria, como barbijos.
Ante el inicio de la huelga de hambre y el reclamo, el secretario provincial de Asuntos Penales, Walter Gálvez, afirmó a LT10 que "hay tres cárceles que reúnen el 70 por ciento de la población carcelaria de la provincia, y sabíamos, por lo menos para Coronda o Piñero, que iba a ocurrir, como está ocurriendo en otras provincias". En relación a la protesta, añadió: "nosotros entendemos en la provincia que cada interno es un sujeto de derecho, y sin dudas hay una precariedad estructural en lo que tiene que ver con lo edilicio, con los espacios, tenemos superpoblacióon, pero hay una mesa de diálogo que se convocó, que está funcionando, que los defensores están presentando sus escritos, sus habeas corpus, sus defensas, los fiscales están ejerciendo su función, los magistrados también".
De inmediato Gálvez reconoció que la mayoría de los pedidos para obtener arresto domiciliario fueron rechazados: "Han salido algunas prisiones domiciliarias para casos muy puntuales, cuando los informes lo ameritaban, así como tengo que decir que se han rechazado una cantidad importante, en esto creo que prudentemente la justicia está evaluando los informes que recibe del sistema penitenciario". Parece que, si bien el gobierno conoce de la "precariedad estructural" en las cárceles, no pretende tomar medidas para revertirlo y garantizar el derecho a la salud y a la vida de los internos.
El funcionario aseguró que están listos para recibir un posible brote de la pandemia en los penales, con lugares de aislamiento y un hospital de campaña preparados. Sin embargo los presos piden que se otorgue el arresto domiciliario a un sector y que se tomen medidas preventivas y de higiene, porque saben que el hacinamiento va a llevar a una propagación más rápida y a un contagio mayor.
Te puede interesar: Devoto: reprimieron a los familiares de los detenidos que se hallaban protestando
La semana pasada tomó visibilidad el reclamo llevado adelante por internos de Devoto, y las protestas se multiplican en varias cárceles del país. Hay falta de medicamentos, y los alimentos son escasos y muchas veces se encuentran en mal estado. El hacinamiento y la falta de medidas sanitarias se repiten de penal en penal.
Apenas declarada la pandemia del Covid-19, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó analizar la prisión domiciliaria para detenidos de grupos de riesgo, evaluando de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada. Especialmente personas mayores, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y quienes estén prontas a cumplir condenas.
Te puede interesar: El Covid-19 llegó a las cárceles y el Gobierno parece un mero espectador
Ya comienzan a aparecer casos de coronavirus en distintos penales. Para prevenir su propagación es necesario que se testee a toda la población carcelaria, realizar una desinfección íntegra en todos los penales, proveer de elementos de seguridad sanitaria, y otorgar el derecho a la excarcelación a todos los presos por delitos menores y no violentos para descomprimir la situación de hacinamiento. El gobierno provincial de Omar Perotti y el poder judicial son los responsables de tomar las medidas para resguardar la salud y la vida de las personas detenidas
