Lucha colectiva. Huelga de inquilinos en Canadá contra aumentos desmedidos de alquileres

Toronto, la capital de Canadá vive una singular lucha colectiva que reúne a cientos de inquilinos para enfrentar los aumentos desmedidos de los propietarios representados por grandes corporaciones. Unas 300 personas que viven en departamentos de dos rascacielos de la ciudad, se niegan a pagar el alquiler ya que, denuncian, en los últimos diez años vienen sufriendo aumentos por encima de las pautas indicadas por las autoridades.

Además, la protesta incluye el rechazo a un proyecto de ley que daría mayores poderes a los propietarios. Se trata de la ley 31 de Québec que permitiría a los dueños poder de anular una transferencia de arrendamiento, incluso aunque el inquilino haya notificado del pago. Contra esto, ya hay iniciativa tomada por organizaciones de inquilinos de la ciudad de Montreal, que intentarán lanzar una huelga masiva de 5.000 inquilinos en el mes de noviembre.

La medida se da en el marco de una crisis inmobiliaria en todo el país que se agudizó a partir de la pandemia de Covid-19 cuando miles de inquilinos perdieron sus trabajos y no pudieron afrontar los alquileres. En esa ocasión hubo reacciones importantes como varias huelgas tanto en Canadá como en EE.UU., o en la ciudad de Ontario donde varios sindicatos llevaron a cabo una campaña bajo el lema "No a los desalojos por el Covid".

Una situación que se agrava

Luego de la pandemia, los propietarios fueron subiendo los valores mensuales constantemente hasta llegar en 2022 a un récord anual del 18 %. Así, Canadá ha llegado hoy al mayor pico de precios de los últimos 20 años. Un nivel que un gran sector de la población no puede afrontar, y que ha desatado una verdadera crisis social en las principales ciudades del país.

En la historia encontramos varios ejemplos de huelgas de inquilinos en todo el mundo. Entre ellas, la de Glasgow en la década de 1880, Buenos Aires, Rosario y otras ciudades argentinas en 1907, Barcelona en 1931, el barrio neoyorquino de Harlem en 1963, entre otras. Más recientemente, en Reino Unido, estudiantes universitarios hicieron huelgas de pago de alquiler entre 2015 y 2018.

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Se trata de una respuesta colectiva de uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad: los que no tienen vivienda propia, quedando a merced de propietarios que, especulando con la amenaza de quedar en la calle, imponen los precios y condiciones. No estamos hablando de un pequeño propietario que alquila una casa, sino de los grandes propietarios, muchas veces corporaciones como es el caso en Canadá, que tienen miles de propiedades que incluso sacan deliberadamente del mercado para presionar el alza de los precios.

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Una realidad que estamos viviendo en carne propia en Argentina, sobre todo en los últimos meses en que las grandes inmobiliarias y todo el negocio inmobiliario, apoyados por la derecha, impusieron una revisión regresiva de la ley de alquileres amenazando con implementar condiciones leoninas de contrato y prácticamente dolarizar los precios.

Los sindicatos, cuyos afiliados son mayoritariamente inquilinos, deberían dejar de lado el corporativismo burocrático y apoyar con medidas concretas el reclamo obrero y popular de que el Estado garantice vivienda digna para todos.

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