Los trabajadores del transporte público de Túnez fueron este lunes a la huelga por aumento de salarios. En medio de una profunda crisis económica el acuerdo firmado por el Gobierno con el FMI incluye fin de subsidios y la privatización de empresas públicas. Se espera una huelga general del transporte para fin de enero.
Lunes 2 de enero de 2023 11:49
Imagen de archivo: protestas contra el gobierno de Kais Saied
Los trabajadores de la empresa nacional de transportes de Túnez (Transtu) iniciaron este lunes una huelga que paralizó líneas de autobuses, trenes y tranvías para reclamar el pago de salarios y las bonificaciones de fin de año. La central sindical que los agrupa también cuestiona el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que incluye la privatización de empresas estatales, como las del transporte.
Los trabajadores se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Hacienda, en la capital tunecina, a la espera de una respuesta por parte del Gobierno para el inicio de negociaciones.
La empresa Transtu acumula un alto déficit financiero y una antigüedad de entre diez y 24 años en infraestructuras y maquinaria ferroviaria, con cerca de 1.400 autobuses y 2.000 vagones de tranvías. En el caso de sus 18 ferrocarriles, esta cifra alcanza los 41 años de media. El estado tunecino desfinanció durante años el sistema público de transportes, y ahora ante una situación ruinosa amenaza con una privatización "aconsejada" por el FMI.
Los trabajadores del sector ya venían de realizar una huelga en noviembre por la demora en el pago de los sueldos, que fue suspendida tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno tunecino, pero ese pacto no se ha cumplido, por lo que iniciaron hoy un segundo paro.
Con una deuda superior al 100% del PIB, Túnez atraviesa una profunda crisis económica agravada por la pandemia de covid-19 y la crisis de cereales y combustibles provocada por la guerra en Ucrania, país del que es dependiente en materia de importaciones.
En ese marco el Gobierno firmó un acuerdo preliminar con el FMI para un nuevo crédito -el tercero de la última década- por valor de 1.900 millones de dólares, a falta de la aprobación final.
La principal central sindical de Túnez, la UGTT, anunció la semana pasada una huelga general en el transporte aéreo, terrestre y marítimo para los próximos 25 y 26 de enero, en protesta contra lo que calificó de "marginalización" de las empresas públicas por parte del Gobierno. Al mismo tiempo rechazaron la retirada de las subvenciones públicas a productos de primera necesidad y carburantes y lo que puede implicar el acuerdo con el FMI en materia de privatización de empresas públicas, reducción de la masa salarial y aumento de los impuestos a los trabajadores. Es por ello que advirtieron que "cualquier medida unilateral es susceptible de despertar la cólera popular y las protestas sociales".
La huelga aumenta la presión sobre el gobierno del presidente Saied, que enfrenta una creciente oposición 17 meses después de que tomó la suma de los poderes al encargarse del ejecutivo y disolver el parlamento. Esa política sintonizó en un primer momento con el odio y la bronca popular hacia el régimen político surgido tras el levantamiento de la Primavera Árabe en 2011 que no modificó lo central de la situación social y económica en el país.
Pero con el tiempo la popularidad de Saied fue cayendo. Él tampoco avanzó en cambios sustantivos. La crisis económica se agravó y la nueva negociación con el FMI terminará por volver a pesar sobre los hombros de los trabajadores y el pueblo de Túnez.
Así, en las recientes elecciones de diciembre para votar un nuevo parlamento, en sustitución de la legislatura anterior que Saied había suspendido en julio de 2021, la mayoría de los tunecinos optaron por no ir a votar, y la participación electoral fue de solo el 11%.
Hoy, con una legitimidad endeble y cuestionable, una crisis económica reforzada y un acuerdo con el FMI que afectará a la población, el gobierno de Saied se balancea en un futuro incierto.
