Para echar a Dina Boluarte y acabar con el régimen del 93. Huelga general política y Asamblea Constituyente Libre y Soberana

Las contundentes y dinámicas acciones de lucha que se iniciaron en el Perú, días después que Pedro Castillo fuera destituido de la presidencia de la República a través de un golpe parlamentario, han puesto en evidencia la profunda crisis política del régimen del 93, así como las profundas desigualdades sociales y el racismo estructural que configuran el carácter de la sociedad peruana.

Quienes hoy se movilizan en Lima y paralizan regiones como Puno, Madre de Dios, Cusco, Apurímac, entre otras zonas del denominado Perú profundo, ya no se sienten representados por el poder ejecutivo, el Congreso o el poder Judicial. Además de ello, le han perdido toda confianza a la policía nacional y al ejército, a quienes ven como masacradores al servicio de un gobierno usurpador e ilegítimo. Es por esa razón que la demanda, porque se vaya Boluarte cuanto antes y se convoque a una Asamblea Constituyente para acabar con el viejo régimen político, son las exigencias más sentidas de los miles de manifestantes.

Después de ya casi dos meses de luchas, estas no se han diluido ni han retrocedido, como seguramente esperaba el gobierno, quien, desde un primer momento, apeló a la violenta represión policial-militar y a la criminalización de la protesta social, por esa razón en este momento tenemos más 60 muertos civiles, cientos de heridos y detenidos, muchos de los cuales hoy están presos solo por llevarles solidaridad a los manifestantes o por el solo hecho de hacer uso del derecho a la protesta, como fue el caso emblemático de la campesina Aida Aroni Chilcce.

En el marco de este ascenso social, que ahora tiene como uno de sus principales epicentros a la ciudad de Lima donde se empiezan a conjugar los esfuerzos y las iniciativas de lucha de las delegaciones del interior y de los pobladores de los sectores populares de la ciudad capital, unos días atrás, la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP, la misma que en un primer momento de este proceso de lucha se alineó con la estrategia del gobierno y fue partícipe de las iniciativas desmovilizadoras impulsadas por el acuerdo nacional, ahora hace un llamado a una huelga general para el 9 de febrero y se suma a la exigencia porque se vaya Dina Boluarte.

Sin embargo, este llamado a la huelga general y la exigencia para que se vaya Boluarte, que ahora hacen los dirigentes que controlan la CGTP, en realidad no busca romper con el viejo régimen del 93 que los manifestantes repudian todos los días con sus acciones de lucha. Por esa razón, los dirigentes de esta central obrera, encabezados por su secretario general, Jerónimo López Sevillano, no tienen mejor idea que pedirle permiso al ministerio de Trabajo del gobierno asesino de Boluarte, para poder implementar esta medida que no se han preocupado por preparar ni discutir desde sus bases.

Ellos, dentro de sus principales demandas para esta huelga del 9 de febrero, como ya se dijo, plantean la renuncia de Dina Boluarte y proponen la implementación de un gobierno de transición, el cual debería estar compuesto por los representantes de una nueva mesa directiva del Congreso, a la cual le correspondería llevar adelante nuevas elecciones generales, dentro del actual marco jurídico y político heredado del fujimorismo, elecciones que tendrían que incluir un referéndum para ver si se lleva adelante o no un proceso Constituyente.

Esta propuesta, que es secundada por el grueso de la izquierda reformista peruana, de concretarse, se convertiría en un gran desvío de la fuerza y la capacidad de lucha que vienen desplegando los miles de manifestantes, tanto en Lima como en las diversas regiones del interior del país. Por tanto, solo contribuiría a oxigenar las corroídas instituciones del régimen del 93. Decimos esto porque, por más cambios que se den en la mesa directiva del Congreso, esta institución en sí misma ya no representa en lo más mínimo la voluntad de los sectores en lucha, ni del pueblo trabajador en su conjunto. Así pues, unas probables nuevas elecciones generales promovidas desde el Parlamento y sobre la base de las actuales instituciones y normas electorales, solo servirán para llevar al gobierno a nuevos corruptos y agentes de los grandes capitalistas.

Impongamos la huelga general política para derrotar a Boluarte y convocar a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana.

No será, pues, con esta huelga general “a secas”, sin preparación en las bases y tutelada por el ejecutivo, que convoca ahora la CGTP, que se asegurara la caída de Dina Boluarte, ni mucho menos, con esta medida se podrá poner fin al podrido régimen de 1993. Necesitamos impulsar una huelga general política, preparada y garantizada desde las bases, con asambleas en los lugares de trabajo y estudio, donde se elijan también delegados para impulsar un comité de lucha nacional que asegure la efectividad de esta medida y de esa manera se imponga una huelga sin subordinarse ni pedirle permiso al gobierno.

Solo una huelga general política, impuesta por la movilización y la auto organización de la clase trabajadora, los campesinos y los sectores populares, nos permitirá hacer caer al gobierno de Dina Boluarte, evitando así que se dilapide la gran energía social puesta en movimiento hasta ahora. Solo una huelga general política que derribe al gobierno de Boluarte, nos permitirá también imponer un gobierno provisional de las organizaciones en lucha, encabezado por la clase obrera, que confronte radicalmente con el viejo régimen del 93 y el estado capitalista.

Solo un gobierno provisional de las organizaciones en lucha, encabezado por la clase obrera, y nacido de las ruinas del viejo régimen del 93, nos aseguraría que su primera medida sea convocar a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin ninguna restricción para las organizaciones obreras, campesinas, populares y de los pueblos originarios, cuyos representantes podrán ser electos por sufragio universal cada 20.000 habitantes, quienes además deberán ser revocables y deberán cobrar lo mismo que cobra un maestro o un trabajador calificado, donde, su principal agenda ya no será la preservación de los privilegios de los grandes empresarios, sino las demandas y necesidades de las grandes mayorías.

Una Asamblea Constituyente Libre y soberana, con estas características, nos permitirá también resolver los grandes problemas de los campesinos expresados en falta de fertilizantes y de agua, porque esta es utilizada por las grandes mineras, las mismas que contaminan el medio ambiente y se apropian de territorios agrarios para realizar sus actividades extractivas. En una Asamblea Constituyente Libre y soberana también podremos enfrentar el saqueo imperialista y acabar con todos los mecanismos que promueven la discriminación racial y con todas las leyes anti obreras aprobadas durante el gobierno de Fujimori y sus continuadores en materia económica, las cuales avasallaron los derechos de los trabajadores dando vida a las espantosas cifras de trabajo informal y precarización laboral que hoy tenemos.

Una Asamblea Constituyente de esta naturaleza nos abre también las puertas hacia un gobierno de las y los trabajadores con perspectiva socialista.

Te puede interesar: Charla: ¿Qué está pasando en Perú? Desde la lucha contra el gobierno golpista de Dina Boluarte