HUELGA NACIONAL MINERA EN PERÚ. Huelga minera y criminalización de la protesta social en Perú

El tercer día de la huelga nacional minera del Perú estuvo marcada por la detención de Jorge Juárez, Secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (FNTMMP), junto con otras 16 personas entre las que se encuentran dirigentes de diferentes centros mineros, dos integrantes del Comité de Mujeres de la Base minera MARSA y una periodista de la Federación Minera

Las detenciones se dieron al salir del Ministerio de Trabajo (MINTRA), donde los trabajadores se reunieron con el viceministro de este sector, Augusto Eguiguren Praeli. Los trabajadores, dentro de las instalaciones de este ministerio, protestaron enérgicamente porque desde hace cinco meses vienen buscando reunirse con los representantes de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo por intermedio del MINTRA, sin embargo y a pesar que desde el 10 de septiembre llevan adelante una huelga indefinida, en esta oportunidad los empresarios mineros tampoco acudieron a esta cita que tenía como objetivo empezar a discutir la solución al pliego planteado por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros. Con esta actitud, el sector empresarial lo que buscaba era desconocer la lucha de los trabajadores mineros y minimizar la huelga nacional que este sector viene llevando adelante.

Cuando la policía empezó a detener a los dirigentes mineros, a las integrantes del Comité de Mujeres de la Base MARSA y a la periodista de la Federación Minera, se encontraban con ellos algunos de los congresistas de la bancada del Frente Amplio, quienes fueron también agredidos por la policía cuando buscaban impedir que se lleven detenidos a los trabajadores. Para conocer más sobre este hecho conversamos con la Congresista María Elena Foronda, quien nos dijo:

“Nosotros hemos ido a que el Ministerio de Trabajo reciba a los dirigentes mineros y escuchen sus pedidos, sin embargo los representantes del empresariado minero no se hicieron presentes. Cuando habíamos acordado que para el viernes 13 en la Comisión de Trabajo del congreso de la república estarían presentes la ministra de trabajo, los dirigentes mineros y los representantes de los empresarios mineros, salimos por la puerta posterior de la sede del ministerio y ya nos esperaban casi cien policías listos para detenernos. Hasta nosotros, que somos congresistas nos han golpeado, no han respetado nuestra investidura. El jefe policial del operativo decía que tiene orden de detener a todas las personas que habían ingresado a hablar con el viceministro. La violación a los derechos humanos es tal, que no había ninguna orden judicial o fiscal para detenerlos y sin embargo se dio las detenciones”.

Como ya lo mencionamos, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (FNTMMP), lleva adelante esta medida de lucha después de que por casi cinco meses no se instaló una mesa de negociación para tratar la problemática laboral de este sector, y esto se dio porque el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior, mediante pronunciamientos, han señalado que “los trabajadores mineros no tienen voluntad de diálogo”. Sin embargo, lo que va quedando claro ahora es que quienes no quieren solucionar las demandas de los trabajadores son el Gobierno central presidido por Martín Vizcarra y los empresarios mineros quienes, a pesar de sus anuncios de “minería responsable”, lo que buscan en realidad es imponer a cualquier precio las políticas de ajuste laboral y promoción de la inversión privada, que solo favorecen a los grandes empresarios nacionales y extranjeros en desmedro de los trabajadores y el pueblo.

De esta manera la idea promovida, incluso por un sector de la izquierda reformista, de que este es un Gobierno democrático y progresista, cae por su propio peso, sobre todo cuando vemos que la policía reprime brutalmente la huelga de los trabajadores mineros, las protestas de los agricultores del Valle de Tambo y la justa lucha de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Cuando el Gobierno ve peligrar sus planes orientados a construir “gobernabilidad” para seguir aplicando sus medidas de ajuste contra los trabajadores y el pueblo, y cuando los empresarios sienten que aunque sea un mínimo de sus ganancias peligran, ambos se olvidan de las formas y de la tan aclamada “institucionalidad democrática” y arremeten con represión y cárcel contra todos aquellos que osen develar esta situación que es la base de la desigualdad social en el Perú. Por eso, se oponen a que hoy los trabajadores mineros tengan una negociación por rama de actividad, la misma que en 1999 recibió un fallo a favor del Tribunal Constitucional, por tanto se convierte en un derecho constitucional que asiste las demandas de los trabajadores mineros.

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Hablamos del Gobierno y lo responsabilizamos de estos hechos porque hay sectores que pretenden hacernos creer que solo es una responsabilidad a nivel de ministerios, tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio del Interior. Esto lo hacen con la intención de desviar la bronca de los trabajadores solo a estos sectores y no directamente al Gobierno de Martín Vizcarra, que es el que nombra a esos ministros, que es el que hace un año viene implementando una Reforma Laboral de manera soterrada y con el aval de las burocracias que dirigen las grandes centrales sindicales. Los trabajadores mineros, los agricultores del Valle de Tambo, los estudiantes que hoy están en lucha en San Marcos, deben tener claro que la represión que hoy enfrentan es responsabilidad del Gobierno central quien, para sostener los intereses de los grandes empresarios, ha pasado a tener una política de criminalización de la protesta social.