CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA. Huelga no es delito: los 8 de Air Bus y los 300 procesados somos todos

Los “8 de Airbus” están acusados de movilizarse en los piquetes de la Huelga General convocada por los sindicatos el 29 de Septiembre de 2010.

Los antidisturbios tienen declaraciones contradictorias en el juicio

Las distintas jornadas de presentación de pruebas y testigos han ido revelando que lo que se ha estado buscando es la criminalización de los trabajadores y su derecho a huelga. En su segunda jornada de juicios los policías que han llegado a confesar que tenían instrucciones de avisar a sus superiores en el caso de que hubiera representantes de UGT y CCOO, calificados de “cabecillas”.

A pesar de que el Ministerio Fiscal, ligado al Gobierno del Partido Popular, ha insistido en que a las puertas de la compañía el 29S se produjeron “hechos constitutivos de delito” por incumplir el Artículo 315. 3 del Código Penal, “los agentes de seguridad que han declarado hoy no han identificado a ninguno de los sindicalistas como ´agresores`”, término que sí aparece en la denuncia”. Como informan los representantes de CCOO en su comunicado, “los partes de lesiones presentados en su día no coinciden con lo declarado hoy, y ninguno de los policías supuestamente agredidos causo bajo como consecuencia de aquellas lesiones”.

La campaña de criminalización de supuestos piquetes violentos, que en realidad no tienen otro objeto que el de convencer a los trabajadores indecisos presionados por la patronal que nos amenaza con despidos, sanciones, booling, etc., choca con la incitación de la policía a provocar altercados y climas de tensión con los trabajadores. Durante los sucesos, como demuestran las pruebas, la policía llegó a disparar sucesivamente con sus armas de fuego al aire. Como declararon los trabajadores, nunca llegaron a vivir una situación así, ni tan siquiera en la época franquista. Sin ningún tapujo, el jefe del primer grupo de policías ha llegado a confesar, sobre los disparos que realizaron, que “con el partido que estaba en el Gobierno sabían lo que les podía caer”. Los propios trabajadores confesaron que el día de la Huelga se extrañaron de la cantidad de policías que había, pues siempre habían hecho piquetes informativos sin ninguna clase de problemas.

El Código Penal que imputa a los huelguistas beneficia... a los corruptos del Caso Urdangarin

Es bien conocido entre los trabajadores y la juventud combativa las mentiras y falsificaciones de pruebas por parte de los cuerpos policiales, como se han demostrado en otras ocasiones. Así ocurrió recientemente con el juicio farsa contra Alfon donde a pesar de las pruebas evidentes de las mentiras de los policías, se les dan validez absoluta. Lo realmente grosero del asunto es la doble vara de medir de la justicia del régimen cuando en los juicios están implicados empresarios, corruptos y la casta política en general.

El nuevo Código Penal decretado por el Gobierno del Partido Popular, como reconocía hasta el conservador periódico El Mundo, es un código que ha beneficiado a imputados como los que hay en el Caso Nóos, donde está implicado el yerno de Juan Carlos I, por malversación de fondos y blanqueo de capitales. Pero, además, es un código que a pesar de ser aprobado recientemente archiva los casos de corrupción donde están implicados miembros como el Presidente de Gobierno, pero llama a prisión y se juzga a obreros por una Huelga General que se realizó en el 2010. No solo son reaccionarios aspectos formales de la Ley en sí misma, sino que los juicios (que supuestamente están a criterio de la independencia judicial) son un auténtico teatro. En este sentido, choca la facilidad con la que la jerarquía judicial lleva a prisión a un trabajador a pesar de la incongruencia de las pruebas, con la extrema dificultad que le cuesta mandar a prisión a los corruptos de la Casa Real y el séquito de empresarios cuando hay pruebas, nombres, documentos, mensajes de correo electrónico, etc.

…y a los que ejercen violencia machista

Incluso, como explica el Informe Jurídico de la Fundación 1 de Mayo de CCOO elaborado por el profesor asociado de Derecho Penal de URV, Preciado Domenech, “el límite mínimo de la pena de prisión de 3 años que contiene la norma [contra el derecho a la huelga] impide acceder al penado al beneficio de la suspensión de la pena, lo que se conoce como segunda oportunidad, por lo que la condena impone su ingreso en prisión, aunque sea el primer delito que comete en su vida. De esta forma, en España, no hay segunda oportunidad para los huelguistas y sí para otros penados por delitos socialmente más reprochables como el homicida imprudente, el agresor sexual, el que comete abusos sexuales con menores […] que pueden librarse de la cárcel al imponerles penas que no superan los 2 años de prisión”.

Un decreto que pena a los que ejercen un derecho democrático y libra de la pena a los empresarios que lo niegan

El nuevo Código Penal, que en la actualidad está juzgando a más de 300 trabajadores sindicalistas, es un retroceso histórico, al incluir dentro del Código un apartado explícito dirigido a los huelguistas y piqueteros. Cuando el único objetivo de los piquetes es rodear de solidaridad a los trabajadores que tienen miedo de las consecuencias y amenazas de sus jefes y hacer frente a la autodefensa frente a las desproporciones policiales. Resulta una Ley asimétrica y descarada a todas luces, cuando ésta no incluye penas de prisión de un mínimo de 3 años para todos los empresarios que contratan ilegalmente a trabajadores en días de huelga, o amenazan con despidos fraudulentos o directos a sus trabajadores, o amenaza con sanciones, o con servicios mínimos... Es irónico que esta práctica delictiva tan popular entre los empresarios no esté tasada con el concepto de “ilegal” e “imputable” en el código penal.

#Huelganoesdelito: Defender las garantías democráticas con el mismo derecho que se niega

Este ataque contra las libertades civiles y laborales solo puede ser respondido con la movilización social. El que el Ministerio Fiscal haya propuesto una rebaja de las penas no ha sido por la coherencia de los acusados ni por la benevolencia de la corrompida justicia, sino porque se dan en el contexto de un gran repudio social contra estas condenas e importantes movilizaciones multitudinarias de miles de trabajadores, a la que los líderes de la burocracia sindical de UGT y CCOO se han visto obligados a ponerse a la cabeza.

Sin embargo, el parón realizado en la empresa de Airbus con motivo de la manifestación por las calles de la ciudad hasta los juzgados de Getafe que agruparon a miles de obreros, aunque muestra la fuerza numérica y la solidaridad, queda insuficiente en comparación con un ataque del calibre del que está haciendo la justicia. Los trabajadores tendrán que pensar si no es necesario recuperar la tradición de los años 70 cuando se exigían libertades políticas con la fuerza de los métodos de la clase obrera, y empezar por una Huelga General Indefinida del sector de la Aeronáutica y el Metal como una primera demostración de fuerza antes de que el juez adopte una postura antidemocrática. Ya los máximos representantes de UGT y CCOO han acusado al Ministerio de Justicia y aledaños de presión para criminalizar el derecho de Huelga, como demuestran la declaración de los antidisturbios.
Para defender el derecho a huelga, no q