Tras la noticia del traslado de algunos estudios de Humanidades y Artes a Aranjuez y los permanentes ataques que sufren los estudiantes, la recientemente creada asamblea “URJCombativa” ha convocado un encierro y huelga durante toda la semana
Irene Olano Madrid
Jueves 30 de marzo de 2023
El estudiantado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid lleva en huelga desde el 27 de marzo. Una huelga motivada por la reciente noticia del traslado de sus grados al campus de Aranjuez, a 45 kilómetros de la actual ubicación en Fuenlabrada. Este traslado se suma a otros ataques que vienen sufriendo los estudios de Humanidades como el recorte de la oferta de plazas (algunos dobles grados llegan a ofertar 0 plazas) y la suspensión de más dobles grados el curso que viene.
Ante la noticia del traslado, que se hizo pública hace unas pocas semanas porque, según denuncia el estudiantado, el proceso se ha llevado a cabo con secretismo y de forma antidemocrática, los estudiantes de los grados afectados convocaron una asamblea para organizar una respuesta. Nació así la “URJCombativa”.
Según señala esta plataforma, los ataques a los grados de Artes y Humanidades se dan “como parte de un proceso de mercantilización de la universidad y de eliminación de los saberes no productivos”. Señalan, además, a la Fundación Madri+d como la responsable de emitir una serie de informes que apuntan a la inviabilidad de continuar con la docencia en Humanidades en este campus (aunque no queda claro el motivo) y a la ocultación por parte del rectorado de los resultados de la evaluación de esta fundación para evitar que se produjera una respuesta.
Sabemos que la universidad pública tiene grandes lazos con las empresas privadas, que la gobiernan desde el Consejo Social, órgano en el que están el rector, un solo estudiante pese a ser el estudiantado la mayor parte de la comunidad educativa y representantes empresariales y de partidos políticos del Régimen. En el caso de la URJC en este órgano podemos encontrar un nombre como el de Juan Moral de la Rosa, exconsejero del Corte Inglés y actual presidente del grupo SICOR (macroempresa de servicios).
Por este motivo, y por otros como que el voto de un estudiante vale mucho menos que el de un profesor titular, la comunidad universitaria no tiene ni voz ni voto en este tipo de procesos. Sin embargo, tal y como denuncian Pablo y Álvaro, portavoces de la asamblea estudiantil, “en este caso ni siquiera se han respetado los plazos que la propia universidad contempla para este tipo de procesos”, y señalan que “los representantes estudiantiles no fueron nunca debidamente informados ni desde el Rectorado ni desde la Facultad”.
Señalan, además, que, pese a que el rectorado se comprometió a estudiar la viabilidad de los dobles grados, “jamás se crearon comisiones de trabajo para ello ni se recibió ninguna actualización sobre este problema”, prueba de que el rectorado ha tratado de postergar el momento de las protestas a través de falsas promesas.
Los estudiantes defienden que este es un ataque político que no se da de forma aislada: “estos ataques no se dan de manera aislada aquí, en la URJC, sino que se incluyen dentro de una embestida generalizada desde las instituciones educativas contra las enseñanzas artísticas y humanísticas de calidad. Guiando las universidades exclusivamente bajo criterios de rentabilidad, destruyen nuestra educación y la posibilidad de un futuro que vaya más allá de sus limitadas miras”.
Pablo, portavoz de la asamblea, apunta a que el problema “es que la universidad tiene lazos con empresas privadas que lo único que quieren es convertirnos en trabajadores” y reivindica que la universidad sirva también para formar al estudiantado “en otros niveles”. Por su parte, Álvaro apunta a las leyes aprobadas por este gobierno, la LCU (Ley Mordaza Universitaria) y la LOSU como “herramientas para reprimir al estudiantado y seguir en un modelo de universidad al servicio de las empresas”.
Los ataques no solo afectan al estudiantado, sino que el profesorado y el resto de personal también es víctima de este plan: “Ya hay profesores que han anunciado que, de producirse el traslado, no van a poder continuar trabajando para la URJC”, señala Pablo.
Tal y como señala la asamblea URJCombativa, los ataques se dan en muchas otras universidades, tanto contra estudiantes como hacia los trabajadores. En la Complutense, la subrogación del servicio de cafeterías ha puesto ahora en jaque su viabilidad y se están produciendo despidos y cierres. En la Universidad Autónoma, es el servicio de deportes el que está en pie de guerra por impagos producidos por el mismo motivo.
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La represión al movimiento estudiantil que denuncian los estudiantes es, también, continua, como vemos con la cada vez más frecuente presencia policial en las universidades y con la represión a las movilizaciones como la bochornosa actuación del rectorado de la UCM ante la protesta contra el nombramiento de Ayuso como ilustre. Una deriva represiva que solo podemos enfrentar con autoorganización y mostrando unidad con las trabajadoras y profesorado de las universidades.
Contra una casta universitaria de catedráticos que gobiernan la universidad junto a empresas privadas, es necesario construir un movimiento estudiantil que denuncie todo esto y pelee por una universidad radicalmente democrática. Que tome las reivindicaciones del personal externalizado, el profesorado y los investigadores también como propias para golpear al sistema universitario como un solo puño. Extender ejemplos como el de la URJC y empezar a estar a la ofensiva de los ataques a la juventud, que no solo vienen de la derecha, sino de gobiernos como el “progresista”.
