De a poco se va desmantelando el artificio de las fuerzas policiales para criminalizar a mapuches, la Operación Huracán, todo esto a través de pruebas falsas. Al igual que con los periodistas.
Sábado 10 de marzo de 2018
De a poco se va desmantelando el artificio implementado para llevar a cabo uno de los más grandes escándalos de las fuerzas policiales, la Operación Huracán, que buscaba criminalizar a comuneros mapuches para lograr imputarlos, todo esto a través de pruebas falsas.
Pero con el transcurso de la investigación ha salido a flote una maquinaria mucho mayor que incluso llegó a realizar un espionaje a periodistas que informaron acerca de las irregularidades que desde el 2016 se venían presentando en las filas de Carabineros de Chile.
La Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE), a cargo de Leonardo Osses Sandoval en 2017- actualmente retirado, y quien fue sometido en 2016 a juicio por pérdida de un arma a su cargo y quema del libro de guardia que lo constataba en 2013- fue la central de espionaje a periodistas de los medios Radio Biobio, El Ciudadano, The Clinic y La Segunda, así como a medios de comunicación mapuche, como Mapuexpress y Werkén.
Lo anterior gracias a las pericias de Álex Smith, civil de la UIOE quien desarrolló medios tecnológicos, como la aplicación “Antorcha”, para interceptar aplicaciones como Whatsapp o Telegram y hackearlas, interviniendo la información y las fuentes de los comunicadores.
El espionaje e intervención realizado por carabineros ya se había dado a conocer a través de los mensajes falsos implantados en los teléfonos celulares de los comuneros, pero la situación de persecución a periodistas ha puesto en un tono más alto al escándalo dirigiendo la puntería hacia los altos mandos de la institución policial.
Con el destape de la Operación Huracán el cuestionado general director de Carabineros, Bruno Villalobos, decidió llamar a retiro a la cúpula de la UIOE en Temuco: un general, un mayor y un capitán, entre los que se encontraba Leonardo Osses, así como a Álex Smith, en un intento de desvincularlos y ponerle paños fríos al escándalo.
Finalmente las labores de la UIOE se convirtieron en una “caza de brujas” para saber quienes eran los periodistas que denunciaban desde el accionar de la institución en general, pasando por Villalobos y hasta la máxima autoridad, la presidenta Michelle Bachelet.
CIPER ha publicado datos oficiales sobre la investigación a la UIOE, que muestran la irregularidad del seguimiento a medios como BioBio, donde se informa sobre los informantes y redactores de noticias que involucran a Osses, quienes han salido a desmentir los datos que aparecen en los informes.
A tal punto que las pericias realizadas en el juicio han demostrado que los chat emitidos supuestamente por periodistas (2017) fueron enviados desde a cuenta de correo electrónico [email protected] a [email protected]. Leonardo Osses tenía acceso y manejaba ambos correos electrónicos.
Al respecto del caso el Colegio de Periodistas emitió un comunicado en rechazo a las acciones de la Unidad de Inteligencia, que en reiteradas ocasiones utilizó información falsa en sus informes para realizar la persecución a periodistas al igual que con los comuneros.
En el comunicado se señala que "Este hecho atenta gravemente contra el Estado de Derecho, la libertad de información y vulnera la Ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del Periodismo, que garantiza la libertad de informar, sin censura previa, y no ser perseguido por ello", señala un comunicado del gremio.
Destaca además el llamado a la presidenta Bachelet, aún en mando, a "salvaguardar la confianza pública y erradicar estas prácticas que fueron propias de la dictadura cívico-militar y que no pueden ser toleradas en democracia, menos aún cuando están involucrados organismos públicos como Carabineros".
Pero, ¿realmente los altos mandos, el ministerio del interior, el ministerio público y la misma presidenta, no estaban al tanto del modus operandi de la UIOE?.
La información que progresivamente se ha ido dando a conocer dan muestra de la magnitud de los hechos, al igual que el “Pacogate”, otro de los escándalos que involucra a Carabineros, que hace un año se daba a conocer un fraude de $800 millones de pesos y al menos 9 involucrados. Hoy el fraude supera los $26.000 millones de pesos y existen más de 127 imputados.
Recién se empiezan a conocer los generalizados casos de corrupción, fraude y acciones ilegales que llevan a cabo las instituciones del Estado, en sintonía con la criminalización de jóvenes, pueblos originarios, periodistas, mujeres, trabajadores y todo aquel que dude de su legitimidad.
