Anteriormente el informe de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos ya se había pronunciado, solicitando derogar su aplicación o desistir de ella.
E.E. Vergara Valparaíso, Chile
Martes 8 de mayo de 2018
La respuesta del gobierno no da más. Tras el último fallo en la denominado Caso Luchsinger-Mackay, en el cual se dictaminó la culpabilidad de tres comuneros mapuches por delito antiterrorista, el Instituto de Derechos Humanos (INDH) se pronunció al respecto, manifestando como preocupante dicha decisión.
“Chile ha sido condenado internacionalmente en otras ocasiones por la aplicación de la ley antiterrorista y, en este caso es más preocupante, dado que en el primer juicio realizado no fue un agravante” señaló la directora del organismo Consuelo Contreras.
Dichas declaraciones se relacionan a la preocupación del INDH por la decisión, dado que incluso no se tiene claridad, sobre qué se entiende por terrorismo, y recordando también que en el año 2013 en el último informe de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos se concluyó que en Chile no hay situación de terrorismo frente a la acusación que recae sobre el pueblo Mapuche y llamando a que “la autoridad debe derogar la ley antiterrorista o abstenerse de usarla”.
Por último en la última encuesta CADEM en el punto que se relaciona a la temática que afecta al pueblo Mapuche, un 50% de los encuestados señaló que no se debe aplicar la ley antiterrorista.
La criminalización que no cesa
Dentro de estos últimos días, hemos visto como el gobierno de Sebastián Piñera, en conjunto con el Tribunal Oral de lo Penal en Temuco, ha salido ofensivamente a condenar al pueblo Mapuche, sindicando a José Peralino Huinca, José Trancal Coche y Luis Trancal Quidel, como los responsables de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.
Es así como una de las defensoras de los comuneros, Manuela Royo, señaló la existencia de motivaciones políticas frente al fallo.
“La verdad es que es una situación bastante inexplicable, toda vez que la fuente probatoria es una, y lo cierto es que no puede ser que una declaración sea mitad verdad y mitad mentira, eso vulnera todos los preceptos de la lógica y no tiene ninguna coherencia jurídica. Por lo tanto, consideramos que si bien aún no conocemos la totalidad de la sentencia, lo cierto es que obedece más que nada a presiones políticas”.
El 11 de Junio se llevará a cabo la audiencia de comunicación del fallo, ante la cual la defensa buscará interponer la nulidad de la condena, la cual es expresión de la mano punitiva y estigmatizadora con la cual el gobierno de derecha, busca amedrentar y aleccionar a los movimientos sociales que se organizan por la reivindicación de sus derechos.
