DEMOCRACIA PARA RICOS. INE ¿patrimonio de la democracia mexicana?

Luego de que López Obrador se refiriera al INE como el “supremo poder conservador” -debido a que su Consejo General aprobara quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio y a 48 candidatos más del Morena-, más de dos mil empresarios, políticos, académicos y escritores firmaron una misiva en defensa del INE. La carta comienza diciendo: “El Instituto Nacional Electoral es patrimonio de la democracia mexicana. Gracias a esa institución, y a las normas que tiene la responsabilidad de aplicar, en nuestro país tenemos elecciones limpias, competitivas y con equidad.” El chiste se cuenta solo.

El INE, que ha sido garante de escandalosos fraudes electorales, de proscribir a la izquierda independiente en las elecciones, que ha dificultado el registro a las candidaturas genuinamente independientes poniéndoles miles de trabas, que ha impuesto arbitrariamente cuantiosas multas a las y los trabajadores que han sido candidatos independientes, mientras deja pasar las obscenas tropelías de los partidos políticos y sus gastos de campaña, hoy pretende posar de democrático y plural apelando a una autonomía que no es tal, pues todos conocemos los intereses que defiende.

Defender a esta institución implica también la defensa de altos funcionarios, quienes a pesar de la crisis económica y sanitaria continuaron recibiendo salarios millonarios; pues tan solo Lorenzo Córdova percibe un salario de 4 millones 200 mil pesos anuales y el INE de conjunto recibe un presupuesto de 11 mil 473 millones de pesos cada año.

Basta con mirar con mayor detenimiento quiénes son los firmantes de la mencionada carta, entre los que figuran diversos empresarios, ex funcionarios de gobiernos anteriores, pero también de la 4T, para darnos cuenta a donde apunta su “defensa de la democracia”, que no es más que apelar a seguir con el mismo régimen de antaño (aunque con una redistribución del poder entre los partidos que lo integran) de donde obtuvieron beneficios millonarios.

Sin embargo, la crítica de AMLO hacia el INE no apunta hacia la antidemocracia del régimen político, ni a cuestionar de fondo su sistema de partidos, proscriptivos para la izquierda y los intereses de las grandes mayorías, sino solo hacia cambiar -para su propia conveniencia- las formas y condiciones de hacer política dentro de ese mismo régimen que ayudó a recomponer.

Y no es para menos, pues lo que está en juego en estas elecciones es poder obtener la mayoría en el Congreso de la Unión, pero no sólo eso. Están en disputa, además de los 500 diputados federales, 15 de 32 gobiernos estatales, 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.

Recordemos que la llegada al poder de López Obrador se dio en medio de una fuerte crisis de representación política. Una “democracia” muy cuestionada y un repudio generalizado de las masas frente a los partidos políticos que llevaron adelante el proyecto neoliberal y aplicaron las reformas estructurales.

Luego del triunfo de AMLO, hubo una reconfiguración del sistema de partidos que tuvo, muy a su pesar, que abrirle paso a un “nuevo representante político” con el que se identificó un amplio sector de las masas populares. El Morena -que se nutrió de viejos expriistas, experredistas y hasta expanistas- intenta continuar capitalizando ese descontento que llevó a López Obrador al poder.

Este es el telón de fondo de la disputa entre el INE, quien continúa representando los intereses de la vieja casta política que intenta mantenerse a flote, y la 4T como proyecto político que se presenta como novedoso y busca mantener la hegemonía que conquistó, pero que está sometido a múltiples presiones, en un momento de crisis que le pone muchos límites a sus intentos de conciliar los intereses de los diferentes sectores sociales.

Tal como muestra el caso de la reciente iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, la cual no pretende revertir la privatización del sector, sino acotar los escandalosos beneficios de las empresas privadas para favorecer los ingresos del Estado.

Si bien esta iniciativa toca parcialmente algunos intereses de los empresarios, no apunta a que los recursos energéticos vuelvan a ser patrimonio nacional. Lo mismo en el caso de la regulación del outsourcing, que no apunta a garantizar plenos derechos laborales para las y los trabajadores, sino a una mayor recaudación fiscal.

La 4T ¿una verdadera transformación?

En este contexto, vale la pena preguntarse si el gobierno de la 4T significó realmente una verdadera transformación democrática, como prometió López Obrador.

Si bien es cierto que algunas de las medidas tomadas por este gobierno -cuya retórica progresista poco se condice con los hechos- han encontrado cierta resistencia entre las cupulas empresariales, la realidad es que no buscan revertir de fondo las condiciones de explotación, desigualdad y miseria en las que se encuentran millones de personas.

Aunque AMLO esté tocando las fibras sensibles de la vieja forma de hacer política de aquellos que se han enriquecido manejando las instituciones en su propio beneficio y el de los empresarios, no está solo en esta pelea, sino que lo respalda otro sector del empresariado que está siendo beneficiado por su política. Recordemos, por ejemplo, las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego, presidente y fundador de Tv Azteca -a quien recientemente la SEP benefició con recursos millonarios del programa Aprende en Casa y a quien nunca obligó el gobierno federal a parar sus empresas a pesar de la pandemia-, que propuso la desaparición del INE porque “está secuestrado por partidos políticos, protege intereses oscuros y no es democrático”.

Todas estas declaraciones generan una polarización que le es conveniente al Morena y a López Obrador, pues lo posiciona como el ala transformadora frente a al bloque opositor que pretender conservar sus cotos de poder, con el INE claramente convertido en una trinchera de éstos últimos.

Frente a esto ¿qué opción tenemos las y los trabajadores?

Aunque parezcan dos bandos en una guerra por el poder, la realidad es que ninguno de los dos está por cambiar radicalmente las condiciones de vida de las y los trabajadores ni por representar realmente nuestros intereses.

Cada vez con mayor claridad se va develando que, para que las y los trabajadores no paguemos la crisis, no basta con los programas sociales y la política asistencialista del gobierno de la 4T y que, sin afectar los intereses de los empresarios, quienes no están dispuestos a ceder en lo más mínimo, no se pueden mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Para defender nuestros intereses es necesario contar con nuestros propios representantes. Sin embargo, como hemos comprobado ya en varias ocasiones -en este año con la experiencia de la candidatura independiente de Flora Aco-, las trabas y restricciones de este régimen político antidemocrático que no nos permite ni siquiera aspirar a nuestros propios candidatos, nos demuestra que no podemos seguir confiando en los gobiernos y las instituciones y que su supuesta democracia, es solamente una democracia para ricos que no representa nuestros intereses.

Es necesario echar abajo este régimen antidemocrático. Solamente podemos contar con nuestras propias fuerzas para cambiarlo todo. Sólo un verdadero gobierno de las y los trabajadores del campo y la ciudad, conquistado mediante la movilización revolucionaria de las masas y basado en sus organismos de autoorganización, puede llevar hasta el final la lucha por nuestros derechos y reivindicaciones.