SITUACIÓN DEL TRABAJO. INEGI: 2 millones de desempleados en el primer trimestre 2020

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante los primeros tres meses del año la cifra de desocupación en el país alcanzó 1,97 millones de personas.

De acuerdo a los propios datos oficiales, se trata de los niveles más altos desde el año 2016, un 3,54% de la población. Sin embargo, en la Ciudad y el Estado de México, el porcentaje es mayor al 5%.

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Sin embargo, los datos oficiales se basan en quienes han hecho “alguna acción para buscar empleo”. Por lo tanto, no consideran como desempleados a las millones de personas que han desistido de encontrar trabajo -y que han pasado a engrosar las filas de la desocupación permanente o estructural-, quienes además ya no son considerados como “Población Económicamente activa”. Esto hace que se reduzca la cantidad absoluta de desempleados y la tasa de desocupación, limitando el impacto (en la estadística) del aumento del desempleo en los últimos meses.

Tampoco considera a quienes, ante la falta de un empleo estable, se ocupan en alguna actividad informal que les permita sobrevivir. Se trata, entonces, de un dato que está muy por debajo de la realidad que viven millones de personas en el país.

La Encuesta también considera que hay 4,7 millones de personas subocupadas; que también marca un incremento respecto al año 2019. Y afirma que la población que tiene una ocupación informal se mantiene en 31 millones. Esto incluye, por ejemplo, el trabajo doméstico remunerado y el trabajo agrícola no protegido.

Que la crisis la paguen quienes la provocaron

Con la pandemia, el desempleo y la precarización de las condiciones de las y los trabajadores del país está aumentando, planteando un escenario catastrófico para la mayoría de la población. Pero esto no es un fenómeno “natural”.

Es el resultado de que los grandes empresarios, ante la crisis sanitaria y económica, descargan sus efectos sobre las espaldas del pueblo trabajador. El presidente, lejos de “gobernar para los pobres”, primero permitió los despidos y las rebajas salariales -sin tomar ninguna medida efectiva contra los empresarios- y ahora impulsa el reinicio de las actividades económicas,en particular en la industria maquiladora y automotriz, que pone en peligro la vida de millones de trabajadores y sus familias.

Todo esto respondiendo a la presión del gobierno de Estados Unidos y de los grandes capitalistas, cuyas ganancias quiere preservar y garantizar.

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Ante eso, es necesario la prohibición de los despidos y que se paguen las licencias al 100%, así como suspender las actividades no esenciales hasta que haya condiciones para la vuelta al trabajo y un subsidio para los trabajadores informales que hoy no tienen, por la pandemia, un ingreso suficiente.

Junto a esto, las organizaciones obreras y populares, así como de la izquierda, frente al desempleo y el trabajo informal, debemos impulsar también el reparto de las horas de trabajo entre todas las personas trabajadoras (ocupadas y desocupadas), con un salario igual a la canasta básica y actualizado de acuerdo a la inflación. Que sean los capitalistas quienes paguen los costos de la crisis. Porque nuestras vidas valen más que sus ganancias.

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