La empresa del Grupo Macri y otras tres que componen el consorcio que ganó la licitación para la obra, afrontan una investigación impulsada por la AFIP.
Sábado 5 de enero de 2019 13:17
El consorcio de empresas que ganó el proyecto de soterramiento del tren Sarmiento es investigado por supuestas maniobras de evasión. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lo denunció a las empresas por lo que se inició una investigación penal. El organismo estatal sospecha que estarían involucradas en el pago de sobornos a ex funcionarios públicos.
Según publicó el diario La Nación, la AFIP tiene indicios para sospechar que las empresas Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa, las integrantes del consorcio a cargo de la obra, dibujaron balances por US$10,3 millones, de los cuales US$4,5 millones se giraron al Principado de Andorra y fueron destinados finalmente al pago de coimas. Vale aclarar que el proyecto para la ejecución del soterramiento, está valuado en US$1500 millones.
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En medio del Cuadernogate ha quedado en evidencia que el Grupo Macri, a través de Iecsa, fue uno de los mayores beneficiados del “club de la obra pública”, obteniendo enormes fortunas a cambio de coimas con los gobiernos kirchneristas. En 2007 la empresa de la familia presidencial pasó a manos del primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. Antes de ese año, el titular era el mismo Macri.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi impulsa la investigación y requirió una auditoría de las empresas que formaron el consorcio entre los años 2008 y 2015. Odebrecht ya admitió en Brasil que se pagaron coimas en ese período.
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La AFIP detectó dos transferencias por US$4.495.250 destinadas a una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA). La operación se realizó a nombre de la consultora "Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación SA". La sospecha del ente de recaudación surge fundamentalmente, porque Odebrecht también habría utilizado esa cuenta para pagar coimas en otros países de América Latina como Perú, Colombia, Guatemala, Brasil y Ecuador, según consignó el periodista Hugo Alconada Mon.
Tras la presentación de la denuncia, la AFIP espera la colaboración de los organismos tributarios de España y Brasil. El juez Martínez de Giorgi por su parte, dispuso en el último día antes de comenzar la feria judicial, la intervención del consorcio y la designación de un veedor que revisará los libros contables de las empresas.
