Policía de investigaciones (PDI) y el Ministerio Público requisaron instalaciones de los obispados de Temuco y Villarrica, por nuevas pesquisas de abusos sexuales en el marco de investigación por actos de pederastia de ministros en la Iglesia.
Domingo 15 de julio de 2018
La iglesia católica ha estado en el ojo de la palestra pública por decenas de denuncias de presuntos abusos sexuales infantiles al interior de la institución. Destacando que en los últimos quince años la Iglesia Católica apila más de 80 casos de denuncias por abusos sexuales, de ellos, sólo 45 han sido condenados, ya sea penalmente o por el Vaticano; y en los casos donde se pudo demostrar la veracidad, se registran más de un centenar de víctimas según señala una investigación de La Tercera.
Estos antecedentes han puesto en tela de juicio la legitimidad y credibilidad en la institución, que ha aumentado las cifras de desaprobación. Según la última encuesta Cadem, el 74% de los católicos desaprueba la gestión de la Iglesia chilena en acusaciones por abusos. Mientras que, un 80% de los encuestados refiere poca/nada confianza en la institución. Dando cuenta de la gran crisis que atraviesa la iglesia.
En este marco, no han desaparecido las acusaciones. Más bien sigue saliendo a la luz nuevos casos de abuso que dejan ver la gran hipocresía de la Iglesia, que mientras se posiciona como el gran opositor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, estando en contra del aborto legal y negando el derecho a recibir atención de salud de calidad ante dichos procedimientos. Es la institución que vulnera una y otra vez los derechos de la infancia, con casi un centenar de casos de vulneración de la indemnidad sexual de niñas y niños, incurriendo en abusos sexuales infantiles.
El último antecedente conocido de esta índole, es el polémico caso del ex canciller del Arzobispado de Santiago, quien se encuentra en prisión preventiva durante las investigaciones de casos de abusos sexual infantil denunciados. Frente a estos hechos, se encuentra en proceso una investigación por actos de pederastia de ministros de la Iglesia, con foco en la región de La Araucanía, en donde la policía de investigaciones (PDI) y el Ministerio Público requisaron instalaciones de los obispados de Temuco y Villarrica, por nuevas pesquisas de abusos sexuales. Destacando que, los jerarcas católicos de la región se han negado a colaborar con el proceso de investigación, mostrando un bloqueo al proceso de clarificación de los hechos.
Sin embargo, tras el allanamiento y requisamiento de material para la investigación, es que, la institución tuvo que salir a cambiar su línea para poner paños fríos a la gran crisis de legitimidad que han desarrollado y plantearon públicamente su “colaboración con la justicia”. La cual, se presenta de manera bastante tardía, cabe recordar que tras la visita de Charles Scicluna y Jordi Bertomeu a Osorno, dieron a conocer que recibieron entre 40 a 50 denuncias por parte de sacerdotes, casos que ya mantienen en el Vaticano. Por lo que, queda claro que la institución se transforma en una gran encubridora de la vulneración de los derechos de la infancia.
Cabe preguntarse, por qué una institución que se encuentra con una crisis destapada de abuso a la infancia es en Chile una de las principales entidades a cargo de la educación de cientos de miles de niños y jóvenes. Contando hasta el año 2014 con casi 900 establecimientos educacionales alrededor del país, agrupando a alrededor de 478.806 estudiantes en entidades educativas católicas, según la Oficina de Estadísticas de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica en Chile.
Esta cuestionada institución, con casos de abusos sexuales infantiles, lucro en la educación y políticas conservadoras que se oponen a todo avance en los derechos sexuales, reproductivos y de salud de las mujeres no puede seguir siendo un ente que recibe fondos del Estado para hacer funcionar su mercado educativo, entre otros. Resulta urgente que exista una separación efectiva de la Iglesia y el Estado, para que la institución deje de inmiscuirse y regular la educación, salud y políticas públicas de la sociedad.
