Así desbarata la “iniciativa ciudadana” de la Ley Anticorrupción. Un nuevo blindaje de los poderosos para continuar enriqueciéndose a costa del pueblo trabajador.
Jueves 16 de junio de 2016
La llamada ley 3 de 3 -Ley de Responsabilidades Administrativas- es una “iniciativa ciudadana” que buscaba obligar a los funcionarios a publicar su patrimonio, su declaración de impuestos y su relación con las empresas privadas como una vacuna para prevenir hechos de corrupción.
Entre sus impulsores se cuenta el Instituto Mexicano de la Competitividad, y la iniciativa de ley fue diseñada por alrededor de 20 abogados con trayectoria académica, y respaldada por la Universidad Iberoamericana (UIA), el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Por parte de los partidos con registro, tanto Acción Nacional (PAN) como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) apoyaron esta iniciativa. Una forma de lavarse la cara de sus propios escándalos de corrupción, como las fiestas privadas de los ex coordinadores panistas de la cámara de diputados Jorge Luis Preciado y Luis Alberto Villareal, o los casos emblemáticos del PRD, con el enriquecimiento meteórico de Miguel Ángel Mancera durante su gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México, o los nexos de Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, con el crimen organizado.
El requisito para que la ley 3 de 3 fuera tratada en el congreso era que contara con el aval de por lo menos 120,000 firmas de ciudadanos. Lo rebasaron ampliamente: consiguieron más de 630,000 firmas.
Según analistas, uno de los factores que genera más descontento social es justamente la corrupción: los principales escándalos fueron la casa blanca de la primera dama Angélica Rivera y la mansión de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, en Malinalco. Pero no fueron los primeros escándalos ni los últimos. Los audios filtrados de los nexos entre funcionarios de gobierno y la empresa OHL, el enriquecimiento de Mancera, de dirigentes sindicales charros como Romero Deschamps, y se multiplican los ejemplos hasta el infinito, como hongos bajo la lluvia.
El hartazgo ante la corrupción fue uno de los factores que pesó en las elecciones del pasado 5 de junio: por ejemplo, según cita Bernardo Barranco V., en su columna de La Jornada, 77% de los veracruzanos que acudieron a las urnas votaron contra la corrupción.
Así fue que la iniciativa de la Ley 3 de 3 consiguió reunir los requisitos para llegar al debate parlamentario.
Hecha la ley, hecha la trampa
Según declaró a El País Alejandra Zapata, investigadora del Instituto por la Competitividad (IMCO) “la versión final del texto deja fuera el punto medular, que es la recogida de los formularios para que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales”.
Así se excluyen explícitamente en el proyecto de ley modificado por los senadores “los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución”. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, un organismo que aún no existe, pero que operará bajo mando del Senado, definirá el alcance de las declaraciones.
Ante las críticas del PAN, del PRD y los empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) por haber “descafeinado” la iniciativa de ley, el PRI negó todo. Pero además respondió a la agrupación empresarial “que la corrupción es de dos vías, y por eso en el dictamen aprobado en la madrugada de hoy se decidió que al igual que los servidores públicos los empresarios deben presentar también sus tres declaraciones.”
A su vez, la Cámara de Senadores aprobó en la noche del 15 de junio tres ordenamientos del Sistema Nacional Anticorrupción: la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la ley que crea la Fiscalía Especializada en Materia de Corrupción y el Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción. Todos son iniciativas de Peña Nieto para tratar de reubicarse frente al desprestigio de la clase política. Estos ordenamientos se giraron para el debate en la Cámara de Diputados.
¿Cuál es la salida para la corrupción?
Una aspiración justa de gran parte de la clase trabajadora, de los sectores populares, así como de profesionistas e intelectuales es terminar con la corrupción.
Pero se trata de un fenómeno intrínseco a la forma de gobernar que impera en la democracia para ricos:quienes administran, legislan y juzgan en los tres niveles de gobierno, lo hacen por sueldos millonarios -sin mencionar las prestaciones. Pero hacen leyes y reformas -como la energética, la laboral, la educativa- que benefician directamente a las empresas de capital nacional y/o extranjero, al imperialismo estadounidense y a los organismos internacionales.
Sin embargo, no sólo perciben sueldos extraordinarios: periódicamente son “recompensados” por sus “buenas gestiones” -buenas para los intereses empresariales, no para los de abajo-. Las recompensas: vacaciones de lujo pagadas, mansiones, millones de pesos, y todo tipo de obsequios. Así obtienen jugosos contratos para obras públicas, como la línea 12 del metro, el tren México-Toluca, el Circuito Bicentenario, por mencionar sólo algunos.
Se trata de una simbiosis, cuando dos especies distintas se necesitan una a la otra para poder subsistir. Como los líquenes, una combinación de algas y hongos que no pueden vivir una sin los otros. Así de estrecha es la relación entre los partidos del congreso y los empresarios.
Por eso, para terminar con la corrupción no es suficiente una ley. No van a limitarse a sí mismos los diputados y los senadores que se ven beneficiados a través de negocios con el empresariado. Tampoco es suficiente que se rebajen individualmente los sueldos, como hace Morena.
Un primer paso para ello es la propuesta que dieron a conocer los excandidatos de la Plataforma Anticapitalista a la Constituyente de la Ciudad de México, Sergio Moissen y Sulem Estrada, dos profesores. ¡Que todo funcionario gane como una maestra!
Una salida innovadora que apunta a romper la relación simbiótica que hay entre los funcionarios y los empresarios y pone en cuestión la misma existencia de la “casta política”. Esto, en el camino de luchar para acabar con el sistema capitalista, que es el que engendra la corrupción propia de esa casta al servicio de los empresarios.
