Este jueves, 26 de septiembre, distintas organizaciones y activistas independientes protagonizaron una movilización anticapitalista, feminista y de las diversidades, en solidaridad con las comunidades de la TCO Monte Verde y en denuncia del ecocidio que el agronegocio, en complicidad con el Estado y los gobiernos, ha desatado en las tierras bajas de Bolivia. Fue importante el plantón en puertas de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), representantes de la explotación obrera, campesina y popular y dueños de latifundios, que van desde la agroindustria pasando por la banca y hasta la minería.
Sábado 28 de septiembre
La movilización fue el resultado de la discusión dentro de una asamblea abierta nacional del movimiento de mujeres, feministas, de las diversidades y activistas independientes, ante los incendios que, con devastadoras consecuencias socio-ecológicas, llevan ya dos meses arrasando ecosistemas y comunidades humanas. Entre las regiones más afectadas, se encuentran la TCO (Tierra Comunitaria de Origen) Monte Verde, donde la mitad de las comunidades tuvieron que ser evacuadas por el avance del fuego. En solidaridad a estas comunidades y en repudio al ambientalismo reaccionario y de derecha que defiende consignas racistas y homofóbicas y utiliza métodos machistas para imponerlas, diversas organizaciones feministas, LGBTIQ+, ecologistas y de izquierda se movilizaron este jueves.
Con las consignas de “No es el fuego, es el capitalismo”, “el modelo extractivista quema la vida”, “el agronegocio es fuego y despojo”, “¡Tenemos memoria, no nos olvidamos, hoy nos queman, mañana expropiamos!” y “el agronegocio millonario en alianza con el Estado y los gobiernos son los responsables” entre otras, la movilización se instaló en puertas de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), empapelando las denuncias en puertas y paredes de la institución. Al día de hoy, existe una enorme cantidad de evidencia sobre la responsabilidad de las grandes empresas agropecuarias, tanto por las tasas alarmantes de desmonte, como de los incendios sin precedentes. Aquí, se leyeron los pronunciamientos de las diversas organizaciones y se condenó enérgicamente la irracionalidad capitalista y el afán de lucro que prima sobre las vidas humanas y no humanas.
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La movilización continuó hacia el SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) y, posteriormente, la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera). Frente a ambas instituciones se denunció la corrupción e inoperancia del Estado en la gestión y cuidado de los ecosistemas y su complicidad con los intereses capitalistas del agronegocio y la minería ilegal.
Hasta la fecha, los incendios se han extendido sobre una porción importante de, al menos, 7 áreas protegidas nacionales y múltiples otras de carácter subnacional, mientras las denuncias por contaminación y escasez de agua, atribuidas a la absoluta desregulación del sector minero en Bolivia, se han multiplicado. en los últimos años. Aquí, activistas y militantes de las organizaciones, condenaron el modelo extractivista promovido por el Estado que, lejos de asegurar el “Vivir Bien”, fomenta la explotación capitalista de personas y ecosistemas, en beneficio la burguesía y las burocracias estatales.
La única salida para poner freno a esta situación de barbarie, a la que nos empuja un puñado de parásitos del agronegocio, es sobre la base de la autoorganización, desde abajo y de manera independiente, para que la crisis ecológica no la carguemos las, los y les trabajadores del campo y la ciudad. Basta de latifundio, solo afectando los intereses del agronegocio podemos pensar en una salida que ponga freno a este ecocidio. Ni el MAS ni los partidos abiertamente pro-patronales, desde Comunidad Ciudadana, pasando por Creemos y otros, están dispuestos a eso.
