Militarización. Impunidad: Exoneran a implicados en crimen del caso Tierra Blanca

José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, juez Cuarto de Distrito en el estado de Veracruz, dio lugar solo a la acusación que enfrentan los ocho expolicías estatales y 13 sujetos vinculados al "Cártel Jalisco Nueva Generación", en el fuero local por desaparición forzada y homicidio de los jóvenes cometidos el 11 de enero de 2016.

Desestimó los cargos federales por delincuencia organizada, un revés para la causa de los responsables del crimen de los jóvenes. El dictamen del juez implica que por esos cargos quedarían en libertad. No obstante, al mantenerse el resto de los cargos, los 21 implicados en el caso serán trasladados a Xalapa.

Francisco Navarrete Serna, presunto líder del crimen organizado en Tierra Blanca y el ex subdelegado Marcos Conde –uno de los ocho ex policías estatales detenidos- se cuentan entre los 21 exonerados por delincuencia organizada.

Navarrete no está acusado por la desaparición o los asesinatos de los jóvenes. Pero dos de los trece detenidos durante el proceso declararon que él era el enlace con la secretaría de Marina.

Bernardo Benítez Herrera, padre de uno de los desaparecidos, afirmó que si los detenidos son trasladados a penales de Veracruz, los familiares de los cinco jóvenes están en peligro.

“Lo que va a suceder, espero y no, es que los van a traer a penales del estado y si los traen a Cosamaloapan, que estamos a 120 kilómetros, sabemos que ellos operan desde dentro de la cárcel y nosotros podríamos correr riesgo de que nos hagan algo”, declaró al Excélsior.

La acción del juez constituye un revés contra los familiares que exigen justicia para los jóvenes asesinados y evidencia que el pedido de “perdón” que realizó Cuitláhuac García, actual gobernador del estado, fue sólo un gesto teatral para las cámaras.

La tragedia inició el 11 de enero de 2016, cuando policías municipales de Tierra Blanca detuvieron a José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arróniz, todos originarios de Playa Vicente. Los jóvenes viajaban de regreso desde el puerto de Veracruz a su pueblo. Los entregaron al crimen organizado, los desaparecieron y los ejecutaron.

Fueron los tiempos terribles de la gubernatura de Javier Duarte, responsable político de numerosas desapariciones forzadas y ejecuciones en el estado de Veracruz y fuera de él, como fue el caso Narvarte en la Ciudad de México. Está detenido desde abril de 2017 hasta el 2026, por cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa, y se le aplicó una multa de sólo 58 mil pesos, cuando robó decenas de millones de pesos del erario.

El caso de Tierra Blanca, así como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, evidenció los turbios vínculos de las fuerzas represivas –policía, marina, ejército– y altos funcionarios con el crimen organizado.

Sobre la base de esos cuerpos armados, ahora el gobierno de López Obrador crea la Guardia Nacional para mantener la militarización de México, una medida claramente reaccionaria, que desde su implementación solo trajo muerte, tortura, violencia contra las mujeres, desapariciones y desplazamientos forzados. Así rompe una de las promesas de campaña que lo llevaron a ganar las elecciones, ante el hartazgo de las mayorías de los partidos patronales tradicionales. Un choque entre las ilusiones y la realidad.

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