¿En qué quedó el perdonazo del SII a los grupos económicos que financiaron ilegalmente campañas políticas?
Sábado 29 de febrero de 2020
El servicio de Impuestos Internos (SII) tomó la decisión de un perdonazo penal hacia las empresas y personas indagados a cambio de ser multados ante tribunales tributarios, con el beneficio de eludir la justicia penal.
Esto les permitió escapar de ser procesados penalmente. Entre los casos más indignantes se encuentra el grupo Angelini, que destinó financiamiento irregular a las campañas electorales después de SQM.
Esto fue un antecedente que dio paso a que otros imputados por delitos tributarios por financiamiento ilegal implementarán defensas judiciales, a las que se acogieron los grupos Said, Yarur y Saieh, prefiriendo multas para mantener en silencio el matrimonio de empresarios y políticos del régimen.
Las sentencias disponibles de los escandalosos casos de boletas ideológica falsas
Se dieron "salidas" jurídico-administrativas a través de multas a empresas por un total $3.087.142.856.
Hubo al menos 23 contribuyentes –19 empresas y 4 personas naturales– que tuvieron la opción de extinguir persecuciones penales en su contra y acceder a un juicio administrativo ante algún Tribunal Tributario.
Dentro de eso, encontramos empresas con sentencias tributarias pertenecientes a:
- Grupo Angelini: Compañía de Petróleos Copec S.A., Inversiones Siemel S.A., Forestal Arauco, Celulosa Arauco Constitución S.A., Empresas Copec y Abastible, que pagaron en total $2,2 mil millones en multas.
- Grupo Said: Inversiones Caburga e Inversiones Newport S.A que pagaron casi $500 millones por el mismo concepto.
- Banco de Crédito e Inversiones, controlado por la familia Yarur, que pagó $141 millones en multas.
- Cencosud Retail S.A., liderado por Horst Paulmann que fue multado con $27 millones.
- La constructora brasileña OAS S.A. –investigada por delitos de corrupción en el caso Lava Jato– pagó $131 millones.
- CorpBanca, controlada entonces por el empresario Álvaro Saieh, pagó $3,7 millones
- Ripley Corp S.A., con Lázaro Calderón como gerente general, que pagó $15 millones en multas.
También encontramos cuatro personas naturales: Doménico Descalzi (ligado a Alejandro Sule del PR), y otros tres ligados a Marco Enríquez Ominami: Liliana Jiménez, Gabriela Aguirre y Carlos Muñoz.
Asetec y RN
Asetec –representada legalmente por Cristián Monckeberg, ministro de vivienda, y Felipe Cisternas, secretario general de RN,– pagaba asesorías a distintas figuras de la colectividad.
Para este caso, Mario Desbordes prestó declaración como representante legal de la empresa ligada a RN, Asesoría Técnica (Asetec), sin embargo no pudo convencer al SII de que los informes que presentó como respaldo a 71 facturas emitidas desde Asetec a Petróleos de Chile Copec S.A. (por $126.735.000) fueron servicios prestados.
El ministro Jobet y grupo Said
Juan Carlos Jobet, ministro de Energía y su esposa Luz María Díaz de Valdés eran representantes legales de la empresa Asesorías e Inversiones El Arrayán Limitada, cuando fue denunciada por el SII ante el Tercer Tribunal Tributario el 4 de abril de 2017 por haber facilitado dos facturas por un total de $47 millones a Inversiones Caburga S.A., del Grupo Said.
Zalaquett
El banco controlado entonces por Álvaro Saieh, CorpBanca S.A., pagó boletas a Cristina Zúñiga Paredes E.I.R.L., asesora de políticos y que se vincula a pagos para la campaña de Pablo Zalaquett. El abogado de la empresa solicitó a los tribunales que se aplicara la sanción mínima, multandose en $3.798.202.
ME-O, OAS Chile y Cencosud
Se vinculó a la constructora OAS S.A a partir de cinco facturas, por un total de $154 millones, que la sociedad brasileña pagó a una empresa de Cristián Warner, ex jefe de campaña de ME-O.
La constructora desconoció la utilidad de la asesoría y Warner declaró que los respaldos de esas asesorías se habían “extraviado”, por lo que OAS debió pagar al fisco chileno la cantidad de $131.198.682.
Cencosud fue sancionado con una multa de $27 millones por pago de facturas a una empresa ligada al asesor de ME-O, Cristián Warner, por $48 millones.
Ripley Corp S.A: Bachelet, Zalaquett y Golborne
Una situación escandalosa fue la rectificación de boletas y facturas que realizó Ripley Corp S.A hacia un proveedor de la campaña de la entonces Presidenta Michelle Bachelet: la empresa Asesorías Credo Ltda., del publicista Diego Perry, hijastro de un estrecho asesor de la otrora mandataria, Juan Carvajal.
Además, Ripley pagó aportes a las campañas de Pablo Zalaquett, Laurence Golborne y rectificó una asesoría de Andrés Velasco. Sin embargo, Ripley solamente fue juzgada en el Segundo Tribunal Metropolitano por los pagos ligados a Golborne. La compañía de retail fue multada con solo $16 millones por haber aportado $20 millones al excandidato UDI.
Otros que integran la lista de exculpados son: Asesorías IMBC Limitada –de un ex administrador electoral de Ena von Baer–; CAP S.A.; Watt’s; Desarrollo y servicios Melipilla de la familia Ariztía; y AMC Consultores, de propiedad del actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
En otro caso, ligada a una asesora del entonces diputado Iván Moreira y Andrea Schultz, donde la empresa AMC Consultores, del actual ministro de MOP, Alfredo Moreno, que pagó 3 millones no fue considerada “falsa, fingida o simulada” rechazando la acusación.
La impunidad empresarial que develan todos estos casos demuestra que la justicia tiene criterios de clase. Mientras los perdonazos pudieron haber garantizado dinero para una salud o educación pública que están en crisis, a los empresarios y políticos corruptos se les perdona, mientras miles de jóvenes están presos en el contexto de la revuelta por salir a marchar. La justicia para ricos, una de las tantas cosas que hay que cambiar del Chile Neoliberal que impuso la dictadura.
