Se cumplió ya más de un mes de la desaparición de la investigadora Mayela Álvarez. Familiares y colegas señalan que la Fiscalía de Nuevo León cuenta con elementos de prueba que permanecen sin investigarse.

La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Jueves 17 de septiembre de 2020
El 11 de agosto fue el último día que se supo de Mayela Álvarez Rodríguez, secretaria técnica del programa de maestría en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Noreste, en Nuevo León. A más de un mes de distancia, familia, amigos y colegas señalan lentitud en el avance de las investigaciones, a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
Según reportó el medio Aristegui Noticias, América Molina del Villar, directora general del CIESAS, forma parte de las voces que señalan cómo desde hace tres semanas la Fiscalía local cuenta con información relevante sobre el caso, misma que no ha sido analizada y agotada.
Esta no es la única irregularidad que reportan en torno a este caso. La Fiscalía, denuncian, no ha realizado entrevistas a testigos clave y no se ha presentado el centro de trabajo de Álvarez. La familia, desesperada ante la inacción de las autoridades, recurrió a la Fiscalía Especializada en Investigación de la Fiscalía General de la República (que aceptó ofrecer asesoría técnica) y presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.
Otras instancias como la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Nuevo León y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas también han guardado silencio ante la desaparición de Mayela, confirmando la nula efectividad de este tipo de instancias que, mientras son presentadas como un triunfo por la administración a favor de las víctimas, en realidad, por la vía de los hechos, significan más trabas.
El caso de Mayela es la muestra de una realidad que se replica cotidianamente por todo el país. Tan solo en Nuevo León, entre 2006 y 2020 se han registrado al menos 2 mil personas desaparecidas. La posición de Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", gobernador de Nuevo León, ante las desapariciones se ha inclinado hacia la criminalización de las víctimas, asegurando que participan "de actividades ilícitas" como lo hizo en 2015, en medio de reclamos por parte de organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl)