El caso del desbanco contra PEMEX cometido por Emilio Lozoya sigue dando de qué hablar, pues ahora se abre la posibilidad de que el ex funcionario priista recuperé una residencia de lujo producto del soborno que recibió a cambio de aceptar comprar la planta de Agronitrogenados a sobre precio.
Miércoles 29 de noviembre de 2023
La semana pasada transcendió que un juzgado del Distrito de la Ciudad de México resolvió cerrar parte del caso contra Emilio Lozoya por el desfalco contra Petróleos Mexicanos (PEMEX), basándose en un tecnicismo jurídico, lo cual traería como consecuencia que las autoridades deberían devolver la propiedad de una mansión ubicada en Lomas de Bezares, Ciudad de México.
La Fiscalía General de la República contestó, en declaración pública, que apelará la decisión del tribunal con el fin de no devolver la residencia, pues recordemos que le fue confiscada al ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, como parte de las investigaciones sobre los sobornos que habría recibido por parte de Alonso Ancira, ex director de Altos Hornos de México.
El simple hecho de la posibilidad de reintegrar el bien mueble producto de un delito, independientemente de que la FGR pretenda apelar, es una muestra más de que los ricos se mueven con enorme impunidad y la justicia es hecha a su medida.
Muchos delitos y mucha impunidad.
Desde que inició el sexenio de AMLO se anunció con bombos y platillos que se comenzarían investigaciones judiciales con el objeto de castigar a los culpables de saquear las arcas públicas.
En ese contexto, Altos Hornos de México es paradigmático, ya que el caso Agronitrogenados es una acusación contra el exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA) por vender con sobrecosto la planta Agronitrogenados a Pemex. Recordemos que el encargado de aceptar la transacción fue el titular de Pemex de aquellos años, Emilio Lozoya, quien recibió un soborno de 3.5 millones de dólares.
Sin embargo, luego de 4 años de litigios, aún se ve lejos la reparación total del daño y el castigo a los responsables. Si bien es cierto, que el Estado mexicano ha logrado recuperar parte de los recursos robados, este dinero sólo representa una fracción de lo saqueado. Mientras que los responsables se siguen amparando en leyes hechas a modo que les permiten utilizar los huecos legales para no cumplir las condenas y que, en muchos casos, les consienten conservar el capital robado.
Esto es así, porque el sistema judicial no está diseñado para impartir justicia y velar por el bien de las mayorías, sino para mantener a raya la inconformidad social producto de la brutal desigualdad. Ahora, ante esta última afirmación que hacemos, se podría argumentar que ciertos individuos sí han terminado en prisión por el fraude cometido, pero si vamos al fondo de éstos casos, veremos que, en su mayoría, solo son los chivos expiatorios que encubren a los verdaderos responsables, basta ver el caso de Peña Nieto, que se ha mantenido impune y goza de una vida de lujo en España.
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