Genocidio. Impunidad: “falta de mérito” para Fernández Garello, el fiscal que fue espía de Etchecolatz

Sobre el final de la semana se conoció la noticia de que, tras tomar declaraciones indagatorias, la titular del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, Alicia Vence, dictó la falta de mérito para el fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y otras cuatro personas imputadas por delitos de lesa humanidad cometidos en 1981 y 1982, cuando el actual fiscal era espía de la tenebrosa Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba).

El caso de Fernández Garello salió a la luz en noviembre de 2016, cuando la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) descubrió su nombre entre los archivos de la Dippba, donde se lo mencionaba en reiteradas oportunidades como agente de esa dependencia, a cargo durante la dictadura de Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Fue la misma CPM la que radicó una denuncia el año pasado en base a la información desprendida de esos legajos policiales.

Como querellante, la CPM anunció este mismo viernes que apelará el fallo de la jueza Vence, ya que entiende que “existen pruebas suficientes para el procesamiento de los imputados. La falta de mérito no termina con el proceso judicial y Fernández Garello debe responder todavía como acusado”. Y agregó que, pese a la falta de mérito, la misma jueza “ordenó continuar con la recolección de medidas de prueba”.

Fabián Fernández Garello es desde hace años fiscal general de Mar del Plata. Apenas conocido su prontuario fue imputado por la CPM al comprobarse que entre 1978 y 1982 “participó en 17 intervenciones de espionaje político y gremial e infiltración en organismos de derechos humanos; todos estos actos de inteligencia fueron realizados en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado”.

Junto a Fernández Garello, por la detención de tres militantes del PC en 1981 y apremios ilegales contra otro en 1982, también están acusados los expolicías Hugo Tresguerras, Daniel Ríos y Daniel Caamarata y el militar Jorge Apa, exjefe del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército.

A su vez el actual fiscal general de Mar del Plata está imputado en una causa que se tramita en el juzgado federal de San Isidro, acusado de participar del secuestro, torturas y asesinato de la militante del PST Ana María Martínez.

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Ante el reciente fallo de la jueza de San Martín, desde la CPM dijeron que la falta de mérito se produce “a pesar de la importante cantidad y calidad de las pruebas obrantes en la causa”. Y que, de todos modos, la decisión de Alicia Vence “no es prueba de la inocencia de los imputados ni termina con el proceso judicial”.

Igualmente desde el organismo de derechos humanos confirmaron que apelarán esta decisión, porque “ya existen pruebas suficientes para ordenar el procesamiento de Fernández Garello y los demás imputados”.

Para la CPM, Vence “omitió el tratamiento de la prueba que consta en el archivo de la Dippba, desestimó del relato de las víctimas, jerarquizó el valor de verdad de la declaración de los imputados por sobre el de las víctimas y, finalmente, sostuvo la legalidad de acciones claramente ilegales, incluso tomando en cuenta la norma vigente al momento de los hechos”.

Como informó oportunamente este diario, en noviembre del año pasado Fernández Garello tuvo una primera (y muy importante) ayuda de sus socios del Poder Judicial, cuando zafó de ser separado del cargo gracias a una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Eso le permitió eludir, por el momento, la posibilidad de someterse a un juicio político.

Así, el integrante del Ministerio Público Fiscal bonaerense sigue gozando de impunidad. Casi cuarenta años después de sus crímenes fue descubierto gracias a la labor de militantes de derechos humanos. Y una vez denunciado, el Poder Judicial dilata decisiones trascendentes en pos de que se postergue in aetérnum el juicio y castigo. Porque, no hay dudas, Fernández Garello es culpable hasta que se demuestre lo contrario.

En la CPM consideran que “por la gravedad institucional que estos delitos implican, las medidas de prueba que ordene la jueza Vence no pueden ser dilatorias del proceso judicial ni deben ir en detrimento de las que ya existen para avanzar con el procesamiento de los imputados. Mientras tanto, la permanencia de Fabián Fernández Garello en el poder judicial es, claramente, incompatible con los valores democráticos”.