La visita del exjefe del Ejército y líder del derechista Cabildo Abierto, Manini Ríos, a la chacra del expresidente Pepe Mujica hace dos semanas es parte de un nuevo impulso por avanzar en la liberación de los pocos genocidas presos; y de esa manera dar un paso más en la impunidad para los crímenes de lesa humanidad de la dictadura militar. La complicidad activa de Mujica y el preocupante silencio del Frente Amplio.
Viernes 13 de diciembre de 2024 09:56
A partir del resultado de las últimas elecciones uruguayas y ante la falta de mayoría propia en el Parlamento, el Frente Amplio inició un proceso de búsqueda de acuerdos con otras fuerzas políticas no frenteamplistas para lograr las mayorías necesarias para la aprobación de sus leyes en el poder legislativo
En este contexto debe entenderse uno de los primeros movimientos que se dieron luego de la victoria frenteamplista: la visita a fines de noviembre del exjefe del Ejército, actual senador y líder del partido derechista Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, a la chacra del expresidente José Mujica y el acercamiento del partido de derecha con la coalición progresista del Frente Amplio.
Moneda de cambio y políticas de largo aliento
En el marco de este acercamiento, que incluye la visita de Manini a Mujica, pero también declaraciones de algunos dirigentes de Cabildo Abierto, uno de los puntos que sobrevuela en estas negociaciones es el pedido de Manini de libertad para los pocos genocidas presos en condiciones privilegiadas en la cárcel de Domingo Arena.
Aunque se trata de una política que sostiene todo el régimen con distintos énfasis, sin duda que Cabildo es el abanderado de las reivindicaciones de los negacionistas y defensores de la dictadura y es lógico que lleve este planteo a las negociaciones si se trata de dar sus votos y gobernabilidad al próximo gobierno frenteamplista. Su repudiable posición hacia los hechos del pasado reciente, se acompaña de su política de mano dura y represión como respuesta a los problemas de la actual inseguridad.
Pero estos movimientos en búsquedas de acuerdos que permitan una mayoría en la cámara baja no son hechos aislados, al menos en relación al tema de los derechos humanos y los crímenes de la dictadura, hay una política de coincidencias de largo aliento, entre el MPP (el partido de Mujica dentro del FA) y Manini Ríos. Cuando Mujica era presidente fue, junto a su ministro Fernández Huidobro, entusiasta promotor del crecimiento de la figura de líder de Cabildo Abierto y cómplices de la política de entorpecimiento hacia cualquier intento de avanzar hacia la verdad y la justicia en relación a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura.
El caso del coronel retirado Luís Agosto
Al mismo tiempo que Manini Ríos continua con su política de reivindicación de los genocidas (en estas últimas semanas volvió a insistir que “se está aplicando venganza y no justicia” y que “Muchos de los presos hoy son inocentes”), José Mujica salió a defender a un torturador confeso como el coronel retirado Luís Agosto.
En lugar de repudiar que un torturador haya gozado de libertad e impunidad durante 40 años, Mujica se queja de su condena, considerando su edad avanzada y que tiene parkinson.
Desde ya que las confesiones de Agosto no son parte de un sincero arrepentimiento sino que se dieron en el profundo clima de impunidad que ha logrado instalar el conjunto del régimen político, que habilita a que se reconozcan y declaren sin mayores repudios ni escándalos, torturas y otros crímenes de lesa humanidad.
Los genocidas, con diversos apoyos de reconocidos líderes políticos, insisten con instalar la idea de que fue una guerra, en la que a lo sumo hubo excesos; se trata de una vuelta más de la teoría de “los dos demonios” y por ende un agravio a los luchadores que en la década del 70 dieron su vida por terminar con la explotación capitalista. Mujica, desde hace tiempo se ha colocado en la posición de un colaborador de este relato falso y totalmente repudiable.
Mundos paralelos
La complicidad del líder del MPP con esta política de impunidad que busca la libertad del puñado de represores presos se choca frontalmente con el masivo anhelo de Verdad y Justicia que se expresa, entre otros momentos, cada 20 de mayo en las masivas movilizaciones de las Marchas del Silencio.
Simpatizantes y votantes frenteamplistas están en la vereda de enfrente de esta política de complicidad; la distancia entre los anhelos populares y la política de los dirigentes del FA vuelve a expresarse con claridad.
Tal como sucedió con el tema del plebiscito de la seguridad social, hay una mayoritaria base frenteamplista a la que no le hace ninguna gracia que su partido se haya transformado en un partido tradicional más y que no se resigna a ser un simple administrador del sistema capitalista.
En relación a la temática de los derechos humanos la posición trasciende ampliamente las declaraciones de Mujica y sus acuerdos con Manini. El Frente Amplio de conjunto ha dejado de lado (salvo alguna declaración aislada) el reclamo para los crímenes de la dictadura, no dice nada de la parálisis del Poder Judicial en las pocas causas se tramitan en la justicia, no critica las condiciones privilegiadas de la cárcel de Domingo Arena y ni por asomo levanta una política de Estado que haga una condena integral para el accionar de la dictadura. Durante la campaña de las últimas elecciones estos temas estuvieron totalmente “fuera de agenda” de los candidatos del FA.
Lamentablemente, desde los acuerdos del Pacto del Club Naval en adelante el Frente Amplio ha actuado (con algunas contradicciones en su seno) como garante de la impunidad para los delitos de lesa humanidad.
La postura “oficial” de sus dirigentes es también un agravio a la memoria de las decenas de miles de frenteamplistas presos, exiliados y desaparecidos que fueron víctimas de la dictadura.
Evidentemente no se puede tener expectativa en que el gobierno FA haga avanzar la justicia; solo la movilización independiente organizada desde las bases obreras, estudiantiles y populares podrá garantizar la justicia y el castigo de los militares represores y sus cómplices civiles.
