Durante la noche del viernes 2 de febrero Gabriel Boric decretó Estado de Catástrofe producto de los incendios que han afectado a cuatro comunas de la Región de Valparaíso: Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache. Se trata de una gran catástrofe social que afecta la destrucción de 15.000 viviendas, 112 víctimas fatales (según informó el Servicio Médico Legal) y 372 desaparecidas (según informó la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti). Las autoridades apuntan a la intencionalidad del foco de incendios, pero la responsabilidad política de la tragedia es compartida por el Estado y el empresariado al no promover la prevención de los incendios y a la explotación del uso del suelo a manos de la propiedad privada.
Lunes 5 de febrero
Una gran catástrofe social azota la zona centro-sur del país. Gabriel Bori llamó a un “duelo nacional” por dos días, anunciando un plan de mitigación de incendios y la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) para recién dar inicio a “una ayuda temprana”. Mientras que, distintos sectores sociales desde sindicatos, como el sindicato de trabajadores de Starbucks, organizaciones políticas, sociales y hasta influencers han iniciado colectas para la población afectada.
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La región de Valparaíso es la zona más afectada por los incendios forestales siendo la población El Olivar, de la comuna de Viña del Mar, el poblado que estuvo completamente destruido por las llamas. Según el Censo 2017, la población total es de unos 13.047 habitantes con una representación de un 82% de personas mayores de 18 años. La mayoría de sus habitantes vive en casas pareadas que fueron creadas en la década de los años 80 y que durante el año 2012 se vuelve a poblar con familias que logran obtener subsidio habitacional, cuya composición principalmente son familias jóvenes de obreros y asesoras del hogar (MuniVina.cl, 2012)
Pese a su baja densidad poblacional, los vecinos de El Olivar se destacaron durante el 2020 en oponerse a un proyecto inmobiliario que afectaría al bosque y curso del estero del mismo nombre de la localidad. Situación que se combina con el denominado ”Cartel de Fuego" y la "Ruta Periférica de Valparaíso" que mencionan vecinos y activistas medioambientalistas de la región, el cual trata de los incendios forestales que cruzan por rutas comerciales y productivas de la quinta región.
Según LaderaSur.com: “La cuenca del estero El Olivar se conforma a partir del cauce de distintas vertientes naturales y aguas lluvias de la zona. Es el único abastecimiento de agua del Jardín Botánico de Viña del Mar y cualquier alteración en sus cauces o cobertura afectará de forma directa a las actividades y el suministro hídrico del lugar. Además, también brinda agua a pequeños agricultores de la zona. La subcuenca cercana a la población El Olivar es parte de este complejo entramado, abundante en biodiversidad nativa y especies vulnerables, por eso preocupa su conservación y los efectos que tendría un proyecto inmobiliario de este tipo que contempla 19 edificios para 372 familias. Actualmente esta constituye una zona de riesgo climático, pues al reemplazar árboles por concreto queda propensa a derrumbes o incendios.”
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Intereses empresariales y cavilaciones en el gobierno de Boric
El Superintendente de Bomberos de Valparaíso, Juan Paredes Brante, declaró que muchos de los incendios que azotan a la región son intencionales. "Esto es totalmente intencional, es una realidad a la que debemos hacer frente, sobre todo porque se han quemado sectores que no tenían por qué quemarse”. En tanto, el gobierno a través de Manuel Monsalve, instaron a denunciar a las personas sospechosas. Lo cierto, es que existe un desvío comunicacional y político para evitar la denuncia hacia las grandes empresas que explotan el uso del suelo.
Este 2023 terminó una discusión tensa desde el Ministerio del Medioambiente y el sector productivo debido a la demora de los permisos ambientales a los proyectos de inversión. El empresariado acusó al gobierno de Boric de “inyectar incertidumbre e incerteza al sector productivo” tras la promulgación de la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Mientras que, durante inicios de este 2024 la Ministra de Medioambiente,Maissa Rojas, protagonizó una reunión en la casa del empresario y político UDI Pablo Zalaquett, excusándose bajo el argumento de “ley de lobby”.
Pese a que en septiembre del 2023 el gobierno lanzó el Plan Nacional para la Prevención, Mitigación y Combate de Incendios 2023-2024, con el aumento de un presupuesto de un 47% en cortafuegos, llegando 148 mil millones de pesos con más áreas de limpieza y arriendos de aeronaves que permitan la vigilancia y el combate al fuego, fue insuficiente para evitar la gran tragedia que afectó a decenas de miles durante la tarde de este viernes 2 de febrero en la región de Valparaíso.
Por otro lado, aún descansa la ley corta que establece un proyecto de ley que busca la prohibición de plantaciones forestales dentro del radio urbano y la atribución para que todos los municipios en colaboración con Conaf realicen cortafuegos preventivos. Esta ley deberá tramitarse urgentemente, con la finalidad de prevenir catástrofes como las estamos viviendo hoy en día.
Por la autoorganización obrera y un plan de viviendas bajo control de los trabajadores y pobladores
Con esta brutal tragedia el problema de la vivienda nuevamente es una prioridad. Las muestras de solidaridad mediante colectas y disposición de voluntariados han sido iniciativas genuinas de distintos sectores de la clase trabajadora ante la desidia empresarial del cobro de peajes hasta la extensión de horario laboral para habitantes de las zonas afectadas. Los organismos de estudiantes y de trabajadores, como la Confech y la CUT, deben ponerse a la cabeza para organizar este despliegue de solidaridad poniendo a disposición centros de acopio, organizando cuadrillas de voluntarios y abriendo espacios y establecimientos para la población afectada.
Las familias trabajadoras y pobres no podemos pagar esta crisis. Es por ello la necesidad de un plan de obras públicas financiado por el impuesto de las grandes fortunas y organizado y gestionado por los sindicatos de trabajadores y comités de vivienda. Ante la especulación y convenios con empresas privadas y fundaciones, urge requisar los terrenos privados de las grandes empresas y crear una empresa estatal de la construcción administrada por sus trabajadores y que priorice las necesidades humanas y ambientales, no por las ganancias millonarias de los empresarios.
También es importante que las comunidades junto a profesionales especialistas en mitigación de incendios elaboren un Plan Nacional de Emergencia contra los incendios, el cual exija a los grandes tributos de las empresas para enfrentar estos siniestros y restaurar lo dañado, un sueldo mínimo para los brigadistas forestales acorde a los 650 mil pesos y sin precariedad laboral. Necesitamos un plan de prevención inmediato, elaborado por los trabajadores encabezados por los sindicatos de la Conaf y buscando la solidaridad del conjunto del pueblo, que contemple la derogación inmediata del DL 701 y que exigencia de la creación de una institución pública forestal como lo han reclamado los sindicatos brigadistas durante estos últimos años.
