Sociedad. Incendios en el sur: ¿quién es el fiscal detrás de la criminalización del pueblo mapuche?

El desastre de los incendios en la Comarca Andina, que aún mantiene 5 focos de incendio, cientos de casas arrasadas y al menos un muerto, tiene ahora un nuevo capítulo. Ante las responsabilidades del Estado y sus amigos empresarios, se busca criminalizar a las organizaciones mapuches.

Por eso comenzó a circular en las últimas horas el nombre de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), el mismo que difundió Patricia Bullrich cuando se conoció la represión de Gendarmería que terminó con la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado.

Según nos enteramos hoy por el diario Clarín y diarios zonales, “apuntan a grupos mapuches radicalizados”. Señala que “el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, presento el miércoles una denuncia penal en tribunales de Esquel. Ahora el fiscal Carlos Díaz Meyer, quien se encuentra abocado a la investigación, tiene nuevos elementos a su alcance”. El diario utiliza otro de los métodos utilizados en el caso Maldonado, entre otros: “trascendidos” bastante discutibles. “De acuerdo a los datos a los que este diario tuvo acceso, los perpetradores se transportaban en la tarde del martes en un Gol de color blanco. El vehículo se habría movido por distintos puntos de la Comarca Andina que coinciden con el inicio de los 7 focos que ocasionaron millonarias pérdidas, trascendió”.

Pero, ¿quién es Díaz Meyer? Un conocido de la comunidad mapuche y otros sectores populares de la comarca. Y no por buenas razones.

Diaz Mayer se hizo conocido con el caso de Santiago Maldonado. Desde el principio fue uno de los encargados de seguir todas las hipótesis que buscaban desviar las responsabilidades de la Gendarmería y ubicar a Santiago en otro lugar. Fue uno de los que había defendido la hipótesis de que a Santiago lo había herido de muerte el puestero de una estancia. Pero también se dedicó a ensuciar a la comunidad mapuche. “Desde marzo de 2015, cuando el grupo RAM ingresó al predio tomado, se han sucedido una serie de hechos violentos en la zona, de diferentes incendios a puestos de estancia, y muchas denuncias de robos de animales", decía por aquellos días en los medios nacionales.

Pero no era su primer “encuentro” con la comunidad mapuche de la zona. El 10 de enero de 2017, meses antes de la desaparición de Santiago, Díaz Mayer había sido parte de un operativo que incluyo tiros, torturas y una nueva criminalización de la comunidad. La Izquierda Diario fue el primer medio nacional en reflejarlo. Como nos contó Ivana Huenelaf, “en enero ya nos habían amenazado con hacernos desaparecer”.

Huenelaf fue parte de un grupo de personas que fueron perseguidas por policías y gendarmes a los tiros por la Ruta 40 y con torturas en la comisaría de El Maitén. Ahí, nos contaba Ivana, “se hizo presente el fiscal general Carlos Díaz Mayer. Lo teníamos a dos metros, pared de por medio, le gritamos para que viniera a explicarnos qué pasaba, pero nunca se acercó”.

Tiempo más tarde, en un juicio por aquellos hechos, el abogado Edgardo Manosalva, defensor particular de algunos de los torturados, denunció que “quedó clara la situación de autogobierno de esta fuerza policial, a pesar de la presencia de un fiscal de la Nación en el lugar de los hechos. Logramos que el Dr. Díaz Mayer confesara que desde el inicio de las torturas y encapuchamiento de seis de los detenidos él estuvo presente en la Comisaría de El Maitén, hasta que se inició el desquiciado viaje de más torturas y vejámenes hacia Esquel, por el camino del Parque Nacional Los Alerces, para hacer más intensivo el daño”.

Luego, como decíamos, Díaz Mayer jugó su rol en la causa Maldonado. En esa oportunidad La Izquierda Diario intentó conversar con él en el juzgado de Esquel, pero no fue atentida.

Pero el asedio a las comunidades no terminó ahí. En febrero de 2018, como también reflejó este diario, “a pedido del fiscal general de Esquel Carlos Díaz Mayer, unos 400 efectivos de la Policía de Chubut, a quienes se sumó personal del Grupo GEOP, con al menos una decena de móviles y algunas camionetas Renault Duster sin patente invadieron (nuevamente) la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Esta vez la excusa del Estado para ingresar por la fuerza al predio, mantener durante horas privados de su libertad y con las manos precintadas a sus habitantes, dar vueltas las viviendas como una media y requisar hasta el último rincón fue una denuncia de la Compañía de Tierras del Sud (propiedad de Benetton) por presunto abigeato (robo de animales)”.

Cada uno de estos hechos, así como otros de su historial, confirman a quién responde Díaz Meyer. Más que de la justicia, es un “auxiliar” de los grandes terratenientes de la zona y del Estado. El mismo Estado que cometió el genocidio contra los pueblos originarios, que garantizó el reparto de las tierras en manos de los poderosos, que siguió garantizando ese saqueo en las últimas décadas con múltiples negociados, y que ahora deja que los incendios arrasen pueblos y bosques enteros.
¿Alguien puede confiar en una investigación imparcial de Díaz Meyer y este Estado? ¿El fiscal investigará quiénes son los interesados económicamente en arrasar con miles de hectáreas de bosques?

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Rechazo de las comunidades mapuches

A las versiones que hicieron “trascender” desde los juzgados, se sumaron las declaraciones de intendentes de la zona y senadores nacionales.
Ante eso se escuchó la respuesta de diversos referentes y comunidades de la zona. Entre ellos desde la comunidad lof Gallardo Calfu se difundió una declaración que dice: “repudiamos las falsas acusaciones por parte del senador nacional Alberto Weretilneck el día 11 de marzo de 2021 en la que se vincula al pueblo mapuche con los incendios forestales ocurridos en la comarca andina del paralelo 42. Con un claro mensaje racista y de odio acusa y vincula directamente estos hechos con nuestra recuperación ancestral mapuche en la zona de el Foyel. Muchos de nuestros pu peñi ka pu lagmien que cuidan y protegen la ñuke mapu están siendo afectados por estos incendios y nuestro pueblo se organiza con las comunidades de la comarca para combatir el fuego en defensa del agua y el bosque”.

La Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro repudió las acusaciones infundadas que ponen a las comunidades originarias como responsables de los incendios ocurridos en la Comarca Andina y las calificó como una “irresponsabilidad política” por parte de dirigentes del PRO como Miguel Ángel Pichetto o el ex gobernador y senador nacional Alberto Weretilneck, a quienes señalaron como personas ligadas a los negocios inmobiliarios y los poderes económicos. “Quienes inmediatamente se han organizado para luchar contra el fuego son las comunidades mapuche que están en el territorio”, subrayaron y pidieron a la clase política y a la Justicia que condene los discursos de “incitación a la violencia racial”.