PRI, PAN, PRD y MC presentarán un recurso de inconstitucionalidad frente a la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que extiende mandato del presidente de la SCJN.
Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Martes 27 de abril de 2021
Como ya había anunciado la oposición frente a la posibilidad de extender el mandato del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano preparan un acción de inconstitucionalidad frente a la reforma al artículo décimo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial que posibilitó esta medida, ampliando el mandato del presidente de la Corte.
La reforma fue aprobada en el Senado y se impuso en la Cámara de diputados con 186 votos en contra 7 abstenciones y 262 votos a favor, por parte del PVEM, el Morena y el PT, sin contar una decena de legisladores del oficialismo que se opusieron, como Muñoz Ledo y Lorena Villavicencio.
La oposición y algunos analistas expertos del ala conservadora señalan que la reforma a la Ley Orgánica supedita el Poder Judicial al Ejecutivo, comprometiendo su independencia, y cuestionan las más de veinte reformas constitucionales que ha implementado la 4T. Además, denuncian que dicha reforma "contraviene la Constitución mexicana (que estipula el período para la presidencia en cuatro años), afectaría la aplicación de la paridad de género en la Corte y podría dañar irremediablemente la legitimidad del órgano".
Sin embargo, el escándalo orquestado por la oposición que amaga con el enorme riesgo que significaría para el ejercicio democrático no contar con un órgano judicial independiente, encuentra su explicación en la preocupación de los partidos de oposición por desviar la atención de su debilidad parlamentaria, misma que los obliga a recurrir a los organismos judiciales para frenar las iniciativas y reformas presentadas por el Ejecutivo y aprobadas por la aplanadora oficialista en ambas cámaras.
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Solo así se explica que un ministro que en anteriores sexenios benefició los proyectos y políticas presentados por los ejecutivos del PRIAN -cuando el propio Zaldívar votó llegó a hacerlo en varias ocasiones contra la extensión de mandato de magistrados del Tribunal Electoral-, hoy sea cuestionado por tener la misma ubicación en relación a la presidencia. Salta a la luz también la relación de Zaldívar con Sánchez Cordero tras su mandato como ministra y con Julio Scherer, asesor del Ejecutivo.
Estas reformas al Poder Judicial recuerdan, aunque en sentido inverso, al proceso de golpe judicial ocurrido en brasil a través de la destitución de Dilma Roussef, la detención de Lula y el golpe institucional orquestados tras la implementación de la operación Lava Jato. Mientras aquella fue una autoreforma del régimen brasileño controlada por el aparato judicial, lo que vemos en México es una medida emprendida por el oficialismo para fortalecerse dentro del poder judicial. La resolución de los recursos de inconstitucionalidad recaen en un órgano que claramente enfrenta un conflicto de intereses por tratarse, en este caso, del presidente de la Suprema Corte.
Pero el problema de fondo es la casta política que está al frente de la SCJN y que nada tiene que ver con la mayoría de la población pobre y trabajadora del país, de la que se distancia drásticamente con sueldos millonarios y prestaciones impensables para quienes dejan la vida en el trabajo y las fábricas. Esta situación corresponde a una verdadera "justicia para ricos", que han defendido históricamente los partidos de la oposición derechista, y en lo que hoy coinciden con el oficialismo.
Ninguna justicia responderá a los intereses de las grandes mayorías mientras sus fallos dependan de mantener esos privilegios y opulencia; la supuesta independencia de la SCJN que buscan los opositores en relación al ejecutivo, solo será garantizada con un órgano de justicia que deje de responder a los intereses del gran capital, para lo cual hace falta barrer en clave revolucionaria con el conjunto de las instituciones del Estado y con el régimen político que defiende los intereses de los empresarios mexicanos y exranjeros.
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