Luego de tres días del incendio en la serranía de Sama y que dejó dos muertes, el Estado se mostró indiferente ante la colaboración de voluntarios. La Junta Nacional de Bomberos Voluntarios de Bolivia anunció que grupos de bomberos de Cochabamba y Oruro consiguieron financiamiento para cubrir gastos en pasajes.
Soraya Rodríguez Licenciada en Ciencias de la Educación
Domingo 13 de agosto de 2017
Luego de tres días del incendio en la serranía de Sama y que dejó dos muertes, el Estado se mostró indiferente ante la colaboración de voluntarios. La Junta Nacional de Bomberos Voluntarios de Bolivia anunció que grupos de bomberos de Cochabamba y Oruro consiguieron financiamiento de Fundación Viva y Expresso Tarija para cubrir gastos en pasajes. Otros bomberos voluntarios de La Paz, Sucre y Santa Cruz han corrido con sus propios gastos para viajar hasta Tarija y apoyar en la contención del fuego que ya ha afectado a más de 7 mil hectáreas según información de la Gobernación de Tarija.
Este tremendo incendio ha conmovido a la región debido a que se expandió de manera "incontrolable". Cuando ya se veían afectadas las primeras hectáreas afectadas por el fuego, el alcalde Rodrigo Paz, pidió colaboración a Argentina para el envío de helicópteros, desde Salta, que puedan sofocar el incendio. Para el viernes 11 de agosto el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, ofreció colaboración para mitigar el fuego en la serranía tarijeña, así como el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, quién puso a disposición todo el apoyo que solicite Bolivia frente a esta situación. Ante esto el Estado no respondió públicamente ni pidió ayuda para la extinción del fuego.
Frente a esta situación, el presidente Evo Morales, no ha dirigido palabras hacia la población tarijeña. Mientras el incendio sucedía, el presidente se encontraba participando de la ExpoChaco en Yacuiba el día jueves 10 de agosto y no acudió a Tarija para ofrecer todo el apoyo económico y recursos humanos para la contención del fuego que ya había iniciado la noche del miércoles. Lo mismo sucedió el viernes 11 de agosto, cuando inauguraba la Presa de Loma Alta en Caraparí sin apersonarse o hacer algún comunicado acerca de la dramática situación en el valle tarijeño.
El sábado 12 de agosto el ministro Reymi Ferreyra anunció que la situación ya había sido controlada, no obstante, se visibilizó claramente la lentitud de la intervención del Estado para sofocar el fuego. La expansión de éste sin embargo pudo ser controlada con el apoyo de grupos de bomberos voluntarios y de la población ya que en nuestro país las fuerzas armadas se dedican a hacer labores administrativas y fundamentalmente para reprimir, como se ha evidenciado a lo largo de nuestra historia, las luchas de los trabajadores y el pueblo cómo fue en la guerra del gas, del agua, Chaparina y muchas otras.
Esta catástrofe pone en evidencia la falta de coordinación y de políticas serias con los recursos económicos adecuados de parte del Estado en sus niveles central, departamental y municipal que se constató en su incapacidad de movilizar personal especializado que reaccione rápidamente ante este tipo de desastres. Ahora para deslindarse de toda responsabilidad por el daño ambiental y la muerte de dos personas las autoridades buscarán culpables a quienes les caerá todo el peso de la ley ya que por sus "acciones" desnudaron la ineficiencia estatal para controlar este tipo de hechos.