Desde hace 7 años indígenas mayos de Sinaloa resisten contra la construcción de una planta de amoniaco en Topolobampo.
Lunes 23 de noviembre de 2020
Literalmente, desde hace miles de años, la región que comprende el norte del Estado de Sinaloa, el sur de Sonora y el suroeste de Chihuahua, ha sido el hogar de grupos indígenas de la familia “Cahita”, la cual se encontraba integrada por las naciones de los sinaloas, ocoronis, zuaques, tehuecos, guarijíos, yaquis y mayos. De dicho grupo, en la actualidad solo perduran pueblos pertenecientes a las tres últimas.
En Sinaloa, los mayos se encuentran en los municipios de Angostura, Sinaloa de Leyva, Guasave, Choix, El Fuerte y Ahome. A este último pertenece el puerto comercial de Topolobampo, el cual, a pesar de ser poco conocido, desempeña una importante función económica para la región; un gran flujo de mercancías de todo tipo es movilizado a través de trasbordadores, ferris, ferrocarriles y aviones diariamente desde esa zona costera hacia destinos tanto nacionales como internacionales en América y Asia.
Sistema lagunar Santa María – Topolobampo – Ohuira: sitio Ramsar de importancia internacional
Sin embargo, la importancia del mencionado puerto trasciende, con mucho, el aspecto meramente económico, pues forma parte del sistema de bahías Santa María-Topolobampo-Ohuira, el cual desde el 2 de febrero del año 2009 es designado como humedal de importancia internacional de acuerdo a la Convención Ramsar.
Dicha convención conforma un marco legal internacional que protege ecosistemas como este. En tanto tratado intergubernamental, fue formulado en la ciudad iraní de Ramsar, en 1971, entrando en vigor en distintos países a partir de 1975. La cámara de senadores de nuestro país aprueba la adhesión de México a la convención en 1984, entrando en vigor a nivel nacional oficialmente el 4 de noviembre de 1986.
Además, contiguas al área del humedal se encuentran dos importantes centros ceremoniales (tradicionalmente denominados “ramadones” o “enramadas”) mayos: uno en la comunidad pesquera de Lázaro Cárdenas y el otro en Ohuira.
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Injerencia del Estado en la vida cultural de las comunidades yolem’mem-mayo
Los ramadones o enramadas representan el espacio colectivo donde las comunidades indígenas mayo preparan y llevan a cabo las celebraciones de su calendario religioso; ocupan un lugar central dentro de su cosmovisión y, sociológicamente, cumplen la función de generar cohesión social y reproducir identidad para los indígenas mayos.
Durante los años 70’s, en el sexenio de Luis Echeverría, el estado mexicano, a través del Instituto Nacional Indígena (INI), intensifica un proceso de asimilación lenta pero continua de la cultura indígena regional a través de la creación de mecanismos y figuras institucionales cuya formulación, de fondo, conllevaba el establecimiento de dinámicas clientelares que han derivado en una polarización y fragmentación de las comunidades mayos.
En esta etapa son creados los Consejos Supremos Indígenas y los ramadones pasan a ser reconocidos institucionalmente como centros ceremoniales. En un inicio a cada uno de estos espacios le correspondía un “cobanaro” o gobernador tradicional, el cual tiene como función servir a los pueblos para la resolución de problemas de orden civil, así como de encargarse de la preparación y realización de los eventos contemplados dentro del calendario religioso.
No obstante, hay que mencionar que los antecedentes históricos más lejanos de dicha figura y de los ramadones, nos remiten al sistema de cargos que implantaron los jesuitas en los pueblos de misión.
Actualmente, a nivel institucional, el cobanaro es concebido también como una figura gestora de la comunidad frente a instancias federales y estatales. A partir de la década de los 90’s, el gobierno estatal sinaloense redobla esfuerzos para interferir en la organización de los pueblos indígenas, provocando divisiones internas muy graves cuyas afectaciones modifican la estructura social y territorial de las comunidades mayo.
En esta etapa es cuando el Estado comienza a proporcionar apoyos económicos mensuales a los cobanaros, así como recursos adicionales destinados a realizar pagos de locales de oficinas de gestoría, de personal administrativo, de abogados, y de alimentación.
Así, la figura del cobanaro adquiere cierto estatus político, muchas veces utilizado con fines clientelares destinados a agremiar políticamente a la población indígena.
El proyecto ecocida de Gas y Petroquímica de Occidente
En este contexto de divisiones internas y debilitamiento de las comunidades mayos es que en el 2013 llegó Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) al puerto de Topolobampo con un proyecto en mente: la creación de un complejo petroquímico ideado en tres etapas, la primera de ellas es la construcción de una planta de amoniaco para producir fertilizantes, la segunda consiste en la edificación de otra planta para producir urea y la tercera en materializar una planta productora de metanol.
GPO es subsidiaria de la empresa suiza “Holding” y la alemana “Proman AG”. Ha tenido el apoyo de conocidos personajes de la política sinaloense como lo son los exgobernadores Francisco Labastida Ochoa (PRI) y Mario López Valdez (originalmente PRI, pero luego adherido al PAN), así como del ex secretario de gobierno y hoy pretenso a la candidatura morenista a la gubernatura del Estado, Gerardo Vargas Landeros.
Tan solo la primera etapa de este proyecto generará 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco anhídrido diariamente, lo que equivale a cerca de 770 mil toneladas al año, según datos que proporciona la misma GPO.
Para su funcionamiento la planta requerirá abastecerse de gas natural y, ya producido el amoniaco, transportarlo a través de un sistema de ductos hasta el muelle de Pemex, justo en la periferia de la localidad de Topolobampo, cruzando una distancia de alrededor de 3 kilómetros.
En su estudio de riesgo GPO ha reconocido que de haber una fuga de 3.6”, los efectos serán mortales en un radio de 2 kilómetros a la redonda, a razón de la liberación de sustancias tóxicas; en caso de una ruptura más grande, el daño podrá abarcar hasta 15 kilómetros, alcanzando incontinenti al pueblo de Topolobampo y a los campos pesqueros Lázaro Cárdenas y Paredones, pero también a el Maviri y Ohuira.
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O sea, su implementación pondrá en riesgo la totalidad del sitio Ramsar de importancia internacional que es el sistema de lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira.
Planta de amoniaco de Topolobampo, dentro del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura de la 4T
Hace 7 años, cuando GPO recién llegaba a la región planteando su proyecto, encontró unísona y firme resistencia de los pueblos indígenas y sus cobanaros, misma que se tradujo en una defensa legal coordinada contra la planta. Sin embargo, a finales del 2017 la empresa organiza reuniones con los gobernadores tradicionales y comienza a brindarles “ayuda humanitaria” consistente en recursos económicos y la entrega de despensas.
Gracias a este proceso de cooptación es que en 2018 GPO logra que el cobanaro del Centro Ceremonial de Lázaro Cárdenas, Ahome, Librado Bacasegua Elenes –quien además es Coordinador del Consejo Supremo de Gobernadores del Estado de Sinaloa– desista, sin consultar a concejales, del amparo que su propia comunidad presentó por su conducto en contra de la implementación de la planta.
De tal suerte, las comunidades han tenido que iniciar nuevos procesos legales, ignorando a sus propios gobernadores tradicionales, para defenderse.
Así lenta pero progresivamente la influencia económica de la empresa quebró la voluntad de la mayoría de cobanaros, con excepción de Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador tradicional del pueblo de Ohuira.
A pesar de la oposición indígena y popular a la planta de amoniaco, así como de la mencionada Convención Ramsar (la cual, como se ha referido, es un marco legal internacional que protege el sistema de bahías Santa María-Topolobampo-Ohuira) el megaproyecto de GPO aparece contemplado para entrar en funciones en el plazo de tiempo que va del año 2021 al 2022 dentro del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura anunciado por AMLO [1].
Durante la última semana las situaciones en torno a esta problemática se han tensado, llegando a darse episodios de violencia donde el mencionado aspirante a la candidatura morenista al gobierno de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros, acompañado de sus guaruras, llegó a retar a golpes y a amenazar a manifestantes de los pueblos indígenas que resisten contra GPO, y que se encontraban protestando en una toma de la caseta de San Miguel, en la autopista Los Mochis – Navojoa [2].
De esa forma el gobierno de la 4T está demostrando, nuevamente, la simulación con la que actúa frente a las problemáticas de los pueblos indígenas y medioambientales.
Referencias:
[1] https://www.scribd.com/document/437036294/Acuerdo-Nacional-de-Inversion-en-Infraestructura-26nov19
[2] https://riodoce.mx/2020/11/16/gerardo-vargas-reta-a-golpes-a-manifestante-en-ahome/
