Este dato es posterior al pretendido fin de esta práctica llevada a cabo por el imperialismo estadounidense. Se incluye en una demanda de la American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés).
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Miércoles 31 de julio de 2019 01:32
En mayo de 2018 la administración de Trump admitió que desconocía el paradero de 1.500 niños migrantes desde finales del año anterior. En teoría, habían sido enviados a casa de familiares o casas de acogida.
Desde entonces, el gobierno estadounidense se vio obligado a reconocer que, entre el 19 de abril y 6 de junio, había separado a unos 2.000 niños, a veces bebés, de sus padres o familiares adultos.
El escándalo recorrió el mundo y al interior de Estados Unidos extendió el repudio, al punto de que la Casa Blanca se vio obligada a declarar que se detenía esa práctica.
Pero los datos presentados este martes por la ACLU evidencian que una de las políticas más crueles de Trump contra los migrantes sigue su curso.
Fue desde la implementación de la doctrina de tolerancia cero, que cualquier persona adulta que intentase ingresar a territorio sin permiso legal y sin los procedimientos exigidos de asilo se considera un delincuente y se le procesa judicialmente como tal.
Con niños y jóvenes eso no se puede hacer según las leyes del imperialismo estadounidense: en teoría no pueden ser encerrados en la cárcel, ni permanecer más de 21 días detenidos. Así es que eran separados.
Ante las terribles imágenes de niños detenidos llorando que se hicieron públicas, un juez federal de San Diego dio 30 días a la administración de Trump para reunir a los niños con los padres. Algo que en muchos casos no se concretó.
Este año, cuando se reveló un nuevo escándalo con las pésimas condiciones de detención de niños migrantes, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior, la separación de los niños migrantes y sus padres o tutores legales a la hora de cruzar la frontera es inusual.
Según la versión oficial, la mayoría de los casos se debe a que los adultos han cometido algún tipo de delito. No obstante, la ACLU, sostiene que las 911 separaciones contabilizadas entre junio de 2018 y junio de 2019 se justifican por delitos menores. Por ejemplo, citan el caso de un hombre sin papeles perdió a su hija por una condena por destrucción de propiedad privada cuyo monto ascendía a sólo cinco dólares.
Ante esta nueva muestra de la brutalidad de las políticas antimigrantes de Trump, es necesario que se alcen las voces de la clase trabajadora y los sectores populares de Estados Unidos, México y Centroamérica para exigir el cese de la criminalización, las detenciones, las deportaciones y la represión contra adultos y niños, la abolición de las fuerzas represivas desplegadas contra los migrantes, el cierre de los centros de detención, así como por plenos derechos para todos los migrantes y el libre tránsito de personas a través de los países de la región.
