TORTURA Y REPRESIÓN. Informe DDHH: Carabineros y PDI ejercen tortura en Chile

En el capítulo “La tortura en Chile: Estado actual desde la Reforma Procesal Final”, elaborado por abrina Perret N. y Eduardo Alcaíno, se analizan casos entre el año 2000 y 2014, cometidas por funcionarios del Estado como Gendarmería, PDI o Carabineros. La tortura y apremios ilegítimos son usados tanto para obtener información o como una forma de castigo contra los detenidos.

Las denuncias por “tormentos y apremios ilegítimos” aumentaron de 13 en el año 2006 a 186 el 2014, sumando más de 800 casos en estos 15 años, lo que evidencia que se trata de una práctica habitual. Lo mismo sucede con las denuncias por “violencia innecesaria”, pasando de 675 denuncias en 2004 a 1797 en 2011.

Según el informe, esta violencia policial aumenta en el caso de “imputados reincidentes” ya que “la policía tiende a ser más violenta con ellos”, lo que incluye golpes y patadas. Por otra parte, habría aumentado la “tortura dura”, es decir “agresiones físicas con lesiones graves, como fracturas y rompimiento de piezas dentales, etc., que se realizan en contextos de privación de libertad y que –en su mayoría– no son controladas judicialmente por otra institución”. Esto afecta sobre todo a menores de edad, mapuche, inmigrantes y al interior de las cárceles.

El contexto de este aumento de los casos de tortura y maltrato, se relaciona según el informe, con el debate sobre la “mano blanda” de la justicia, campaña instalada desde los propios gobiernos de turno con ayuda de los medios de comunicación, que ayuda a criminalizar aun más la pobreza y a pedir mano dura, lo que fomenta el maltrato y deja en la impunidad gran parte de estos casos. Tanto la Concertación, la derecha y hoy la Nueva Mayoría, han buscando aumentar la dotación policial y de carabineros y, otorgar más atribuciones a estas instituciones.

Represión y apremios ilegítimos contra estudiantes

En el contexto de las movilizaciones sociales y estudiantiles, desde el 2011 en adelante, aumentó también la represión a las luchas y a quiénes se movilizan. Como señala el informe en las movilizaciones ha recrudecido “el ejercicio de la violencia física por parte de las policías sobre los ciudadanos que se manifiestan. En algunos casos se trata de utilización desproporcionada de la fuerza para lograr la detención, pero también de excesos contra personas que se encuentran ya detenidas, ya sea en los carros o los cuarteles policiales”.

También se cuenta el caso de estudiantes detenidos tras movilizaciones, acusados de diversos delitos sin comprobarse, que fueron objeto de apremios ilegítimos y tortura. En uno de los casos, un estudiante fue detenido por personal sin identificarse el año 2013, “Fue esposado por la espalda, con la cabeza entre las piernas, y golpeado mediante codazos y puñetazos en la cabeza y espalda, perdiendo producto de la golpiza una pieza dental”, más adelante fue trasladado a un recinto de la PDI “en ese lugar, fue ingresado a una oficina, donde esposado y sentado, fue rodeado por 10 detectives quienes lo golpearon repetidamente, mientras lo intimidaban para que revelara información sobre personas que organizaban y asistían a las marchas estudiantiles”. Se vio obligado a entregar sus datos de Facebook, más adelante fue desnudado y conducido a un calabozo. Fue necesario presentar un recurso de amparo, al igual como se hacía en dictadura, para saber el paradero del estudiante.
Como este hay otros casos denunciados y tantos más que no lo han sido.

Tortura a presos en las cárceles

Entre los brutales casos que el Informe relata, está por ejemplo el de presos que han sido golpeados por los mismos Alcaides de las cárceles, como sucedió en Lautaro. “Las prácticas ejecutadas en estos contextos incluyen golpes en varios lugares del cuerpo, encierro, hacer que los internos se desnuden, mojarlos con agua helada y dejarlos por horas en condiciones climáticas adversas, además del encierro en celdas de castigo o aislamiento”. En general, se trata de prácticas realizadas por varios funcionarios al mismo tiempo y no actitudes individuales y que son comunes al interior de estos recintos. Otras formas de tortura incluyen amenazas de muerte, personas obligadas a beber orina, etc.

También estas torturas son realizadas contra mujeres detenidas, como por ejemplo el caso de una interna que “recibe múltiples golpes de pies y puños en diferentes partes del cuerpo, especialmente cabeza y piernas, para luego ser conducida a las duchas del recinto, donde es desnudada y duchada con agua fría, siendo conducida finalmente de vuelta a la celda, donde tuvo que permanecer en ropa interior”.

Torturas contra el pueblo mapuche

La represión y criminalización que se ejerce contra las demandas y luchas del pueblo mapuche son constantes, tanto en los gobiernos concertacionistas, Piñera o el actual gobierno de la Nueva Mayoría. Es una política de Estado que incluye persecución, detenciones, acusaciones y uso de testigos encubiertos, uso de leyes de la dictadura como la Ley antiterrorista, allanamientos, tortura, amenazas y otras formas de persecución. Esta represión es ejercida tanto de parte de carabineros, fuerzas especiales y también policía de investigaciones con “objetivos de represión (como una forma de castigo que no implica ulteriores propósitos investigativos) como para obtener información sobre un determinado hecho” según señala el informe.

Uno de los casos al que se refiere el informe, es el de un detenido mapuche, en una pieza con más de 15 funcionarios “mientras se encontraba sentado y esposado con las manos hacia atrás, se apagó la luz de la habitación, recibiendo un par de manotazos en la cara. Más tarde fue conducido en un automóvil no institucional, a bordo del cual se le insultó y golpeó violentamente con un arma en la cabeza, instándolo a confesar su participación en la quema de un camión. Luego detuvieron el auto, le pusieron un cordel al cuello y lo hicieron correr descalzo por las piedras mientras era apuntado y perseguido por los policías. Luego se le aplicó una técnica conocida como “Cerebrito”, consistente en “caminar rápido entre los brazos del policía, cabeza abajo semi-ahorcado y parar repentinamente” sintiendo el sujeto que se le arranca la cabeza y pierde la conciencia lentamente”.

También se cuenta el caso del allanamiento a la comunidad Pewenche de Malla Malla , donde “se produjeron diversos abusos… la pequeña comunidad fue intervenida por buses blindados, tanquetas, furgones de carabineros y alrededor de 150 funcionarios de carabineros” donde hubo “amenazas con armas a las personas, incluyendo niños, niñas y ancianas, presión por firmar documentos con contenido desconocido y lanzamiento de bombas lacrimógenas al interior de las viviendas”.
En la mayor parte de los casos no hay ningún tipo de sanción ni investigación.

Casos no se investigan o terminan impunes

Otro de los temas que aparece consignado en el Informe de la UDP, es que en muchos casos los apremios no dejan huella, lo que dificulta su denuncia o solo se inicia investigaciones si se trata de casos muy grave. Por otra parte, la investigación es formal, es decir no se lleva a fondo, o es difícil de comprobar porque no hay testigos, salvo los denunciantes, o por los lugares donde se efectúa la tortura y apremios ilegítimos.

También se señala el hecho de que aun persista la justicia militar, donde solo basta que dos persones nieguen el hecho para que la causa se cierre. Este es otro resabio más de la dictadura, que permite que golpear, amenazar, etc. por parte de agentes del Estado quede en la impunidad. La realidad es que “la situación de la PDI, donde los sumarios administrativos terminan la mayoría de las veces sin sanción” algo similar ocurre en otras instituciones como Carabineros, donde incluso se tiende a justificar algunas actitudes, también en el caso de Gendarmería.

Como se aprecia en el informe, no se trata de casos aislados, sino de prácticas que se utilizan en estas instituciones.