El documento revela datos sobre la violencia policial en protestas estudiantiles, de mujeres, de trabajadores y reivindicativas del pueblo mapuche. Carabineros de Chile sigue dando de qué hablar, entre casos corrupción y violencia contra la protesta social.
Viernes 22 de junio de 2018
El informe “Función Policial y Orden Público 2016” se hizo público el pasado miércoles por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el cual señala entre otras cosas que: “En 2016 un 75% de las marchas observadas por el Instituto Nacional de Derechos (INDH) culminó con acciones represivas por parte de Carabineros de Chile”, además en el 97% de las manifestaciones observadas por el INDH existía presencia de Carabineros previamente a las actividades organizadas.
Esta información demuestra claramente que la respuesta estatal, por medio de Carabineros y sus fuerzas especiales, busca “convencer” a la población de no manifestarse a través del uso de la fuerza, lo que choca con derechos básicos como el de reunión y el de asociación, que dan origen a la libertad para protestar y manifestarse públicamente.
Además, “se observó que el 43% de las manifestaciones culmina con heridos”, añadiendo que: “se reveló una ausencia de constatación de lesiones de quienes son detenidos, privaciones de libertad arbitrarias, y malos tratos físicos y psicológicos”.
Respecto a la violencia estatal en la Araucanía señala que “existe una ausencia de control interno en el uso de este armamento y en el cumplimiento de estándares internacionales que regulan esta materia”, “Se constata la falta de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de FF. EE”.
Cabe recordar que este informe fue elaborado durante el mandato de Michelle Bachelet durante 2016, por lo tanto no analiza casos posteriores de violaciones a los derechos humanos por parte de Carabineros, ni otras vulneraciones que están fuera del ámbito de la represión a protestas (como los casos de la comunera mapuche que fue forzada a parir engrillada y con vigilancia de cuatro gendarmes, o los diferentes hechos de violencia contra niños mapuche), pero sí nombra “casos emblemáticos” como el de la mujer que sufrió un aborto como consecuencia de los golpes que recibió por parte de FF.EE, o la detención en Antofagasta de dos funcionarias del INDH en el contexto de las movilizaciones en apoyo a Chiloé. Sin embargo la situación no será diferente con Sebastián Piñera en el gobierno, recordemos que junto a Hinzpeter fueron los impulsores de las medidas más represivas para el movimiento estudiantil en el 2011, como la Ley Anti -Terrorista que hoy se encuentra vigente.
A los ya casi incontables “casos aislados”: Venta de armamento, corrupción, uso de la fuerza para reprimir a vendedores ambulantes, robo de miles de millones de pesos (como el nuevo robo de $23.000 millones), se suma éste informe que viene a mostrar otra arista de la violencia policial por parte de una institución cuya credibilidad está en cuestión.
Hoy es importante tener en cuenta este rol de la “fuerza pública” -que históricamente ha tenido el rol protector de los intereses empresariales- en un contexto en el que las movilizaciones por parte de estudiantes, mujeres y trabajadores no son algo fuera de lo común, más bien son una expresión necesaria frente a las contradicciones sociales que no encuentran salida en el pacto social de la post dictadura, la que aún vive en el régimen político y en sus fuerzas represivas.
