En el informe de DD.HH de la Universidad Diego Portales, el capitulo que respecta a Pueblos Originarios, y que aborda los avances y retrocesos en el periodo de junio de 2019 hasta agosto de este año, plantea que el conflicto Mapuche carece de diálogo, y que el Gobierno actual, convierte el asunto en materia de “seguridad pública”(represión). Así también recomienda que se les entregue escaños reservados a los pueblos originarios al proceso constituyente; se acabe de manera urgente “los abusos policiales que se han reportado contra comunidades indígenas, en especial respecto de los niños y niñas mapuches”; y a “abstenerse de utilizar la Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche.
Miércoles 2 de diciembre de 2020
El informe contiene recomendaciones para abordar el histórico problema del reconocimiento de los pueblos originarios, y considerando que una de las principales conclusiones es que las policías no han resuelto los hechos de violencia.
Dentro de las recomendaciones parte que se le entreguen escaños reservados a los pueblos originarios, y “que permita la representación de todos los pueblos indígenas en el proceso, en un número adecuado conforme el Censo 2017”. Y que estos cupos deben añadirse, y pertenecer a los 155 de la convención.
El documento sugiere “llevar a cabo medidas urgentes para cambiar los protocolos sobre actuaciones de Carabineros en territorios indígenas, modificándolos para su adecuación a los estándares de derechos humanos”, recordar que hoy la familia del comunero asesinado por fuerzas especiales de Carabineros Camilo Catrillanca no pudo asistir al juicio debido a que carros policiales y tanquetas impidieron su asistencia. Además de que se reconoce que la misma institución de Carabineros realiza acciones que empeoran la investigación.
También recomienda el informe “realizar acciones urgentes y concretas para terminar los abusos policiales que se han reportado contra comunidades indígenas, en especial respecto de los niños y niñas mapuches” y a “abstenerse de utilizar la Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche y revisar el proyecto de ley, actualmente en trámite, para su adecuación a lo señalado por organismos internacionales de derechos humanos”.
El informe también indica que el recrudecimiento de la violencia se debe a la ruptura de acuerdos y promesas exponiendo que “la complejidad de la relación entre los pueblos indígenas con el Estado chileno es muy profunda”.
También critica que fuerzas policiales muestran un trato discriminatorio respecto a las protestas, recordemos que grupo de ultraderechistas en conjunto con Carabineros desalojaron con violencia 3 municipios tomados pacíficamente por comuneros mapuches, incluso se habría creado el ridículo montaje de las “tazas molotov”, y que además cuentan con apoyo del Gobierno. “Las fuerzas policiales no son capaces de enfrentar el conflicto de manera eficiente y adecuada, mostrando un trato discriminatorio respecto de los diversos actos de protesta con un fuerte énfasis en la represión de la protesta social mapuche, actuando con fuerza desmedida y no proporcional, contando, además, con el respaldo del gobierno”.
Hechos que corroboraron actos racistas y la existencia de grupos de esa índole en el sur del país, y el informe acusa que el Estado debe hacerse cargo en poner freno a a este tipo de casos.
Otra de las aristas es que el Gobierno de Sebastián Piñera se concentra en trasladar el conflicto en una cuestión de “Agenda de Seguridad Pública”, tomando medidas hacia la militarización de La Araucanía y dejar el diálogo de lado. en la cual el informe expresa El empeño del gobierno por militarizar la zona, enfrentando el conflicto con una política basada solo en la seguridad pública y la creación de nuevas leyes penales, y no desde la mirada de un diálogo político intercultural, no permite avizorar una salida próxima al conflicto.
Y que el único vestigio de diálogo se logró con el caso del machi Celestino Córdova, quien “tras una larga huelga de hambre y producto de la presión de diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, se pudo lograr un acuerdo satisfactorio respetuoso de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.
