Represión. Informe del SML sobre Fabiola Campillai revela las brutales secuelas tras la mutilación de Carabineros

De acuerdo al Protocolo de Estambul, el Ministerio Público solicitó el informe con el fin de "determinar si hay o no responsabilidades penales" y así poder "lograr condenas". Esto en medio de una investigación que lleva más de un año y medio, con el responsable de la agresión cumpliendo la medida de arresto domiciliario, beneficio que se le ha entregado a la mayoría de los formalizados por mutilaciones, torturas, golpizas, asesinatos y detenciones arbitrarias durante la rebelión popular.

Recién para el 28 de agosto de 2020, el excapitán de Carabineros Patricio Maturana fue detenido y formalizado por el Ministerio Público por delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Para el 5 de septiembre de 2020, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva de Maturana y lo dejó con la medida cautelar de arresto domiciliario total, con la que permanece hasta el día de hoy como varios de sus colegas.

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Según concluye el informe pericial Nº 384 del 2 de diciembre pasado, realizado por el psicólogo forense Omar Gutiérrez Muñoz y enviado a la fiscalía, “existe una sensación de injusticia ante el sistema judicial y el trato que habría tenido la persona responsable de los hechos investigados, que vienen a agravar la situación emocional de la examinada”.

Además, de acuerdo al perito, Campillai “presenta elementos con estrés postraumático que de no ser intervenido puede generar una transformación permanente en su manera de ser”. También, “prima un ánimo depresivo, angustia, ansiedad, síntomas físicos diversos, reacciones fóbicas, miedo, inseguridad, dificultades para dormir y una sensación de incapacidad que se mantendrá a lo largo de su vida y que de no recibir tratamiento puede generar una alteración crónica en su personalidad”.

Así se detallan las brutales secuelas de la agresión que sufrió Fabiola Campillai tras perder su visión debido al actuar criminal de Carabineros de Chile. Fabiola y la mayoría de las víctimas de los agentes del Estado siguen luchando por verdad, justicia y reparación. Esto mientras el sistema judicial beneficia a los violadores de DDHH, rebajando condenas, aplicando medidas cautelares mínimas o dejando en total impunidad.

Esto sucede mientras cientos de luchadores y luchadoras se encuentran en prisión política, condición negada descaradamente por el gobierno criminal de Piñera. A pocos días del inicio de la Convención Constitucional, esta debe desconocer el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre y decretar como primera medida la libertad de las y los presos políticos de la rebelión y el pueblo mapuche. Como también el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de las violaciones a los DDHH.

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