Observatorio. Informe especial: ¿qué está pasando con la conflictividad laboral en la pandemia?

La crisis social, económica, sanitaria y política actual tiene consecuencias que impactan de forma directa en la vida de los trabajadores. Los empresarios cuentan con un amplio repertorio de estrategias, unas más abiertas, otras más veladas, para que la crisis la paguen los trabajadores. Lo que implica que diariamente se vean afectados por despidos, suspensiones, malas condiciones laborales, rebajas salariales, endeudamientos de pagos, entre otras estrategias de ataque a los trabajadores. El Gobierno Nacional lejos de recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, se limitó a medidas paliativas que no hizo cumplir, como la prohibición de despidos en 2020, la eliminación del IFE, y permitir en los hechos la avanzada empresarial. [1]

En este contexto es que, al preguntarnos qué pasa con la clase trabajadora, encontramos que estamos asistiendo a un período de aumento de la conflictividad laboral, con características propias como: fenómenos de autoconvocados, métodos radicalizados de lucha, la coordinación entre sectores, la emergencia de sectores precarios. Desde el Observatorio de Conflictividad Laboral de La Izquierda Diario [2] queremos visualizar esta realidad, que los grandes medios de comunicación no muestran. Realizamos este informe a partir del relevamiento de distintos medios, nacionales y locales, de los centros urbanos más importantes del país desde comienzos de marzo [3]. El relanzamiento de este observatorio se plantea en continuidad con el Observatorio de Despidos durante la Pandemia de La Izquierda Diario y con el Observatorio del Conflicto Social y Laboral de la Provincia de Buenos Aires.

Debido a que queremos registrar la conflictividad laboral, el análisis de datos lo realizamos sobre conflictos laborales protagonizados por trabajadores. Es decir, que no registramos medidas empresariales, como los lock out patronales, sino que lo que queremos registrar es la conflictividad laboral protagonizada por la clase trabajadora entendida en sentido amplio (ocupados y desocupados).

En el análisis de los conflictos se tendrán en consideración las siguientes variables: la provincia/localidad del conflicto, la rama productiva, las principales acciones de lucha, las demandas centrales que atañen la relación capital-trabajo (como por ejemplo despidos, suspensiones, salario, condiciones de salud e higiene, etc), contra quién se realiza la medida (Estado o empresa), las organizaciones convocantes y sectores que se solidarizan en apoyo.

Al mismo tiempo, pretendemos que sean parte del análisis cualitativo de los datos los conflictos que exceden lo laboral pero que forman parte de las condiciones de vida de la clase trabajadora, así como las demandas que referencian a la reproducción social, a la vivienda, al medio ambiente, a la violencia de género, a los derechos humanos, entre muchas otras.

Es un proyecto que se actualiza cotidianamente y también que recién comienza, por eso convocamos a todas las lectoras y lectores de La izquierda diario a enviar las experiencias que estén realizando, para que este mapa refleje las luchas y para poner en pie la resistencia de las y los trabajadores a lo largo y ancho del país. [4]

Primer informe del Observatorio de Conflictividad Laboral de La Izquierda Diario

Según los datos, durante las tres primeras semanas de marzo registramos 177 acciones conflictivas que corresponden a 118 conflictos [5]. Queremos realizar un primer análisis de estos dos a partir de las provincias en las que tienen lugar, tal como se observa en el gráfico N°1.

Si observamos los resultados que arroja el Gráfico N°1 observamos que las provincias en las que se concentra la mayor cantidad de conflictos son Buenos Aires (19.5%) y Neuquén (13.3%). Encontramos que la conflictividad laboral tiene lugar en la mayoría de las provincias, por lo que la distribución porcentual se divide por la amplitud de esta conflictividad en el país. Sin embargo, si miramos en fino encontramos como dato llamativo que la conflictividad en el “centro” del país constituye el 26.6% (entre el porcentaje de CABA y PBA). Mientras que, por ende, en el interior del país se concentra la mayoría de los conflictos abarcando el 73.4% de ellos. Podemos concluir entonces, que existe una tendencia donde los conflictos comienzan a desarrollarse en el interior del país. Esta tendencia es la que queremos seguir estudiando en el desarrollo de los siguientes informes, con el fin de observar si se acentúa o si por el contrario puede impactar en el “centro” del país aumentando este su porcentaje de conflicto.

¿Cuáles son las principales demandas de las acciones conflictivas?

Si observamos el Gráfico N°2 vemos que un gran porcentaje de las demandas de los conflictos corresponden a recomposición salarial y paritarias (42.9%), seguido por las condiciones laborales con un 14.7%, en tercer lugar se encuentra la demanda por la reincorporación de trabajadores con el 12.2%, y en cuarto lugar las condiciones de seguridad e higiene con un 9%.

La mayor cantidad de conflictos se desarrollan por el salario, incluso si sumamos los conflictos por la recomposición salarial y por paritarias (42.9%) con los conflictos por pagos adeudados (7.1%) vemos que un 50% de los conflictos se debe a las condiciones salariales. Como razones explicativas de tal situación, como se ha desarrollado en el Observatorio de Despidos durante la Pandemia los trabajadores afectados desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 20 de septiembre por ataques al salario contabilizan una cantidad de 2.950.926 trabajadores. Además de otro dato importante que es que la inflación durante el 2020 fue de 36.1% y la estimada para el 2021 en un 40%, sumado a que acorde a los datos de la Junta Interna de ATE Indec se estima que la canasta de consumos mínimos en diciembre del 2020 fue de $82.086 [6]. En ese marco, es que los salarios se degradaron progresivamente y sobre esa base puede explicarse el aumento de la conflictividad laboral por el salario. Incluso el propio Ministerio de Trabajo ya reconocía 125 paros y 91 movilizaciones a Septiembre de 2020 y en el mismo año en los meses de Noviembre y Diciembre hubo 15 bloqueos y ocupaciones en cada mes.

Además, observamos que aunque el Gobierno intente mostrar que no hay despidos debido a la prorrogación hasta fin de año del DNU que prohíbe las suspensiones y despidos, vemos que un 12.2% de los conflictos es por la reincorporación de despedidos, sumado a un 5.1% de conflictos que se deben a cierres de planta por lo que también las demandas están relacionadas a la continuidad y recuperación de los puestos laborales, y la pelea por trabajo de las organizaciones de desocupados (2.6%), suman un total del 20% de los conflictos. Por último, observamos que un 9% de los reclamos son por condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo. Este tipo de demandas se concentra principalmente en el sector docente en el marco de la vuelta a clases presenciales en los colegios.

Estos datos los podemos comparar con los que el informe del Observatorio del Conflicto Social y Laboral de la Provincia de Buenos Aires brinda acerca de las demandas de los conflictos particularmente laborales: en los cuatro primeros meses de la pandemia estos estaban centrados por igual en los salarios (30%) y en las condiciones de seguridad e higiene (30%). Es decir, que se ha dado un aumento de los conflictos con por la recomposición salarial (del 30 al 50%), mientras que los conflictos con demandas ligadas a las condiciones de seguridad e higiene se redujeron del 30% al 9%. Cobran mayor importancia también los conflictos por la reincorporación y contra los cierres que pasan del 12% al 20%.

Por otro lado, además de estos conflictos que atañen a lo estrictamente laboral, encontramos otro tipo de conflictos que no son parte de nuestro análisis cuantitativo pero que no queremos dejar de mencionar porque forman parte de las luchas por las condiciones de la clase trabajadora. En este sentido, en casi todas las provincias se produjeron movilizaciones por el día internacional de la mujer del 8 de marzo, con la demandas por basta de violencia de género, Justicia por Úrsula, contra la superexplotación del trabajo que la pandemia profundizó, por los derechos laborales de las trabajadoras, entre otras. Además, de las movilizaciones que se produjeron en Chubut a causa de los incendios en la Comarca Andina.

Otro dato importante de este mes fueron las acciones de movimiento sociales y cooperativistas, en el marco del aumento de la inflación y la pobreza. Entre ellos puede mencionarse la “jornada nacional piquetera” convocada por distintos movimientos sociales independientes del gobierno, dentro de los cuales se nuclean trabajadores y trabajadores desocupados y cooperativistas. Denuncian que actualmente perciben un salario de 10.500 pesos, muy lejos de la canasta básica familiar y del salario mínimo. En el marco de esta jornada se realizaron cortes y movilizaciones en distintos puntos del país con epicentro en la zona metropolitana. Las principales demandas de estas movilizaciones fueron el aumento de salarios para los y las cooperativistas, además del aumento de programas sociales y asistencia en los comedores. En Capital Federal, se realizó un acampe por las 33 cooperativistas despedidas por Larreta donde además denuncian que los salarios rondaban en 15 mil pesos; en Misiones mientras se movilizaban para reclamar materiales y proyectos de trabajo en construcción fueron reprimidos por la policía que mantiene detenidos hasta el día de hoy a cooperativistas.

Las acciones de lucha

Al observar los datos acerca de los métodos utilizados por los trabajadores en los conflictos, nos encontramos con el predominio de las movilización, caravana o concentración (33,9%), seguidas por medidas de paro (32,1%) y luego los cortes o bloqueos 17.9%. En varios casos, estas medidas también se dan juntas en un mismo conflicto, o son acompañadas de asambleas, como sucede con los docentes de Misiones, los trabajadores del Hospital Regional de Santa Cruz, los trabajadores de la salud de Chubut, entre otros.

En el gráfico N°3 podemos observar un porcentaje alto de conflictos cuyos métodos son radicalizados. Un 17,9% de las acciones son cortes o bloqueos, sumándose un 4,5% de ocupaciones de fábrica. Según el Ministerio de Trabajo, en el mes de noviembre del 2020 los cortes, bloqueos y ocupaciones constituyeron el 9.7%, mientras que en diciembre un 12.5%. En esa tendencia creciente, en el mes de Marzo observamos a partir del relevamiento del Observatorio de Conflictividad que el porcentaje de cortes, bloqueos y ocupaciones constituye el 22.4% de las medidas.

La utilización de estos métodos constituyen algo nuevo: respuestas más duras desde varios sectores de la clase trabajadora que muestran una nueva disposición a la lucha. La toma del frigorífico ArreBeef y del sindicato por parte de sus 1000 trabajadores, la ocupación de la logística Swiss Just, el bloqueo en Siderar Canning, la permanencia en la Clínica San Andrés ante el vaciamiento, el bloqueo en la pesquera Apolo Fish y la toma de Digital Fueguina y una YPF de Rosario.

A pesar de no ser generalizada, la medida de paro nacional refleja la extensión de los conflictos. Esta es una importante medida de fuerza, que hasta hasta ahora la impulsaron los trabajadores de la industria aceitera nucleados en CIARA, durante 72 horas, por su salario; y los becarios del CONICET, también por sus salarios, desde el Plenario Nacional de Delegados/as de ATE CONICET.

¿Cuáles son las organizaciones que convocan los conflictos?

En el gráfico N°4 se observa la distribución de conflictos según los tipos organizaciones convocantes:

Podemos ver a partir de las diversas acciones que se realizaron, que las convocatorias son llevadas a cabo en un 39.4% por el sindicato del gremio o lugar. Sin embargo, es destacado que es totalmente minoritario las convocatorias sindicales por sectores sindicales nucleadas en la CGT.

Un dato relevante es que el 33% de las medidas fueron convocadas por trabajadores autoconvocados donde gran parte pertenecen al sector estatal. Se expresa un creciente malestar con las cúpulas sindicales que se empieza a percibir en estos fenómenos de autoorganización y autoconvocados en distintos gremios y lugares del país. En este sentido podemos nombrar a diversos hospitales de las provincia (el Hospital de Clínicas, Hospitales de Mendoza, y Hospitales de Neuquén), sectores de docentes de Salta, Chaco, Misiones, Santa Cruz, y Tucumán, trabajadores de transporte como en Tucumán las líneas 8, 18 y 31 o en Chubut la línea 22, los trabajadores de Pedidos Ya, los trabajadores de Hey LATAM, los trabajadores de Arrebeef, entre otros. Podemos observar un fenómeno creciente referido al cuestionamiento desde las bases de los sindicatos a la inacción de los dirigentes , expresándose en la autoorganización y autoconvocados (33%) y por parte de las distintas organizaciones de base como las Comisiones Internas y Asambleas (13.8%) que en total suman el 46.8% de los conflictos. Entre estos dos tipos de organizaciones que convocan a conflictos superan el porcentaje de la convocatoria de los sindicatos por casi un 8%, a la vez que resulta un dato novedoso la cantidad de conflictos convocados por los autoconvocados.

Las ramas con mayor conflictividad

En el gráfico N°5 pretendemos analizar la distribución de los conflictos según su rama productiva, en ese marco las ramas que se destacan por su nivel de conflictividad es el sector estatal concentrando el 30.4% de los conflictos, seguido por salud e higiene con el 19.1% y transporte y almacenamiento con el 14.8%.

Como hemos mencionado dentro de los sectores con mayor nivel de conflictividad son los estatales, los trabajadores de salud e higiene y del transporte, y es en esos sectores que nos queremos detener.

Dentro de los estatales en conflicto es preponderante la cantidad que protagonizan docentes y municipales en distintas provincias. La mayoría de los conflictos docentes se realizaron el 1 de Marzo con el regreso a clases por las condiciones de salubridad e higiene para la vuelta a clases, además del reclamo por la recomposición salarial. Las medidas de lucha se caracterizaron por paros, movilizaciones, marchas y concentraciones, principalmente en Mendoza, Neuquén, Tucumán,y Provincia de Buenos Aires. Como demandas centrales de los estatales de conjunto, encontramos que en su mayoría es por la recomposición salarial/paritarias.

A su vez, considerando que la mayoría de los trabajadores de salud e higiene son también estatales, surge como dato relevante que casi el 50% de los conflictos son de trabajadores que dependen del Estado. En este sector los principales reclamos son por recomposición salarial y paritarias, además de por mejores condiciones laborales, estos datos muestran que luego de un año de pandemia y ser la “primera línea” para enfrentar la crisis sanitaria sigue siendo un sector desfinanciado por parte del Estado. Como es por ejemplo la lucha que vienen dando los trabajadores de la Clínica San Andrés, quienes vienen denunciando el vaciamiento de la clínica que corre riesgo la continuidad laboral.

Por otra parte, en el sector transporte y almacenamiento se destaca el conflicto de Latam, quienes continúan en conflicto luego de 10 de meses de pelear por la reincorporación de trabajadores, y Correo Argentino donde denuncian 46 cesantías y que corren riesgo los puestos de trabajo de otros 1000 trabajadores, por lo que hubo acciones en Salta, Rosario, y Capital Federal.

En relación con este análisis es que observamos un alto porcentaje de conflictos que están dirigidos contra el Estado, ya sea por la gran cantidad de trabajadores del Estado que se encuentran en conflicto o porque la exigencia de los trabajadores de distintas empresas se dirigen al Estado para que tome medidas. Si observamos el gráfico N°6 observamos que el 59.3% de los conflictos son reclamos hacia el Estado, mientras que el 40.7% son reclamos a empresas.

Principales conclusiones, podemos observar las siguientes tendencias: