En una colaboración entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), organismos alertan tarjeta roja para la industria salmonera y su perjudicial impacto al medio ambiente, así como a las comunidades locales y los trabajadores desde una perspectiva de DD.HH.
Miércoles 15 de septiembre de 2021
La investigación realizada entre el 2018 y el 2020 por el proyecto Océanos Sostenibles (OS) en Chile, producto de la seguidilla de eventos que desencadenaron la crisis ambiental generada por el virus ISA (Infectious Salmon Anemia) que el 2016 afectó a cientos de familias que viven y trabajan en Chiloé y sus alrededores, por la expulsión masiva de salmones muertos al mar, alertó que las empresas salmoneras están involucradas en la vulneración del derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.
Según el informe, la industria salmoneras que tiene capitales no solo en Chile, sino también en Japón, Noruega, China, Canadá y EE.UU; en términos generales detectó que las empresas abarcan desde la contaminación por residuos industriales en playas, aguas y fondo marino, al uso de químicos y antibióticos, junto con vertimientos masivos de salmones muertos al mar, contaminación de cuerpos y cursos de agua dulce, hasta la falsificación de informes a fiscalizadores, colusión entre empresas que producen alimento para salmones, hostigamiento de defensores medioambientales y –en algunos casos– sometimiento a procesos de asimilación forzada de pueblos indígenas del extremo austral.
El informe no solo aborda los casos de contaminación derivados de los cuerpos sin vidas de cientos de salmones que fueron a dar al mar y al que las salmoneras hipócritamente llamaron marea roja, sino también a hechos como el hundimiento del wellboat “Seikongen”, que en 2017 con 60 mil litros de petróleo a bordo y 100 toneladas de salmones descompuestos decantó en la bahía de Pilpilehue; sumado a los casos de escapes de salmones en el mar como es el caso del hundimiento de 16 jaulas de un total de 18 en un recinto que mantenía a 875.144 peces.
Entre otros registros y testimonios, el informe revela las diferencias entre los estudios que dan a conocer el nivel de impacto medioambiental de las salmoneras y su evasión por aquellos que tienen mayor rigurosidad. Un ejemplo de esto es la cantidad de empresas que se han sometido al EIA (Estudio de Impacto Ambiental), que exige mayores estándares de calificación, con un total de 11 que representan el 0,5% y el DIA (Declaración de Impacto Ambiental) con 2034 que representa el 99,5% de las empresas.
Frente a esto un experto comenta: “Las empresas salmoneras en muchos casos logran la aprobación de sus proyectos a través de una simple DIA porque plantean que no presentan riesgo para la salud de la población ni efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, ni tampoco una alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, entre otros aspectos". Sin embargo, las contingencias, por ejemplo, tales como los escapes masivos de peces que cada vez son más recurrentes, no son abordadas adecuadamente a través de una DIA, ya que no se estudian ni evalúan los potenciales impactos ambientales que estarían teniendo estos eventos asociados al proyecto”.
Como si fuera poco, el impacto de la piscicultura instalada por el negocio de las salmoneras, que en el estudio abarcan al conjunto de empresas dedicadas al área en la región de La Araucanía, muestra cómo las mismas utilizan los ríos de agua dulce para emular las condiciones naturales de reproducción de los salmones, devolviendo el agua a los cursos hídricos en muy mal estado, con mal olor, llenas de sedimentos, fecas, comida, antibióticos y sal.
Evasión empresarial y normas hechas a su medida
El informe además de revelar los impactos medioambientales en la zona, también evidencian los casos de corrupción o evasión empresarial, donde por ejemplo se menciona que existen evidencias de que las grandes empresas pesqueras pagaron a parlamentarios para influir en que votaran a favor de la llamada ley Longueira en 2012. También la negación de la cantidad y clase de antibióticos utilizados por empresa y por centro de cultivo frente a la ley de transparencia exigida por la ONG chilena Oceana, donde de un total de 24 compañías 18 se negaron a dar los resultados, con la excusa de que dicha información afectaría sus derechos comerciales, es decir, sus intereses económicos.
“En 2014, cuando realizamos la primera solicitud de información en la materia, el Consejo para la Transparencia negó hacer entrega de la información. Tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema para que se nos diera la razón y se reconociera el derecho de las personas de acceder a información que puede potencialmente afectar su salud o el medio ambiente.” - declara uno de los tantos colaboradores que dan fundamento al informe.
La investigación también pone en cuestión el rol de entidades políticas que han ocupado cargos públicos y que luego han ocupado cargos en empresas relacionadas al área, uno de ellos es Felipe Sandoval, militante de la DC que el 2001 fue subsecretario de pesca, tras haber sido parte de la mesa para dar una salida a la crisis producida por el virus ISA, tiempo después comenzó a trabajar en la empresa salmonera AquaChile, y en 2013 fue elegido presidente de la asociación gremial Salmon Chile.
El capitalismo no puede ser verde, la clase trabajadora sí
Algunas de las conclusiones finales en el informe sugieren a las empresas productoras de salmón adoptar compromisos por escrito a nivel de gerencia y directorios respecto del respeto a los derechos humanos y los pueblos indígenas, aspirar a los estándares internacionales, capacitar a las empresas en materia de DD.HH., temas laborales, historia y cultura de los pueblos indígenas. Además sugieren A los bancos y entidades financieras exigir altos estándares de cumplimiento en materia de derechos humanos a las empresas salmoneras que solicitan financiamiento de sus operaciones y al Estado de Chile promover la realización de procesos de debida diligencia en DD.HH. por parte de las empresas, impulsando la discusión sobre un proyecto de ley de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia, entre otras normativas.
Sin embargo, bien sabemos que poco les importan a las industrias salmoneras que tacharon de “marea roja” su propio desastre ocasionado en lo que se conoció como el “mayo chilote” que afectó a cientos de familias y comunidades; lo mismo sucede con el Estado chileno cómplice de las agresiones y violaciones a los DD.HH en la revuelta de octubre, o que promueve la militarización de las comunidades resistentes en el sur a efectos de mantener los intereses y ganancias de las forestales.
Los 30 años de neoliberalismo en Chile han dejado más que claro que la mano empresaria, por más que se vista de verde bajo discursos ecologistas, velará por sus bolsillos por sobre las vidas de sus trabajadores, las comunidades y el medioambiente. Por eso se hace más urgente que nunca, frente a la crisis medioambiental generada por los propios capitalistas, que las empresas estratégicas sean estatizadas bajo control de sus trabajadores y las comunidades, de manera que su funcionamiento sea gestionado en función de los intereses de las grandes mayorías y el medio que les rodea, y no por un puñado de empresarios.
