Outsourcing. Iniciativa de reforma a la LFT; ¿y para cuándo la prohibición de la precarización laboral?

En la Cámara de Diputados, la diputada Amalia García del Movimiento Ciudadano (MC) presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, para establecer una sanción de 6 meses y hasta 4 años de cárcel y multas de 125 a mil 900 pesos en Unidad de Medida y Actualización (UMA), para erradicar firma obligatoria de renuncias anticipadas.

Actualmente y derivado de la reforma de 2019, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en el artículo 38 bis que entre las actuaciones notoriamente improcedentes se encuentra la de alterar un documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar su renuncia, así como exigir la firma de papeles en blanco en la contratación o en cualquier momento de la relación laboral.

Además, para la diputada los inspectores del trabajo deben verificar extraordinariamente los centros de trabajo, con inspección a los patrones, habiendo una denuncia por la firma en blanco de documentos o renuncias anticipadas de por medio ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PROFEDET). En cuanto al papel de los inspectores, considera que quienes no lleven a cabo estas visitas deben incurrir en responsabilidades.

Sin embargo, cuando la causa no es una de las especificadas en la LFT, la finalización de la relación de trabajo equivale a un despido injustificado. Por lo que el patrón debe reinstalar a la persona despedida o indemnizar con un equivalente a 3 meses de salario.

En los hechos, sin derechos

Obligar al personal a firmar documentos en blanco es una práctica que se repite entre las patronales, también cartas de renuncia anticipada para que, en caso de despido, se evite cumplir las obligaciones patronales, como indemnizar al trabajador o que este pueda generar antigüedad para exigir la basificación y las prestaciones de ley. Por lo que el imponer a un trabajador la firma de su renuncia contra su voluntad es violatorio de los derechos laborales y humanos, algo que más allá de la LFT ocurre sin que las instituciones digan algo.

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¿Es suficiente esta prohibición?

El papel de los legisladores ha sido avalar y dejar pasar una serie de vulneraciones a derechos humanos y laborales como en el caso del outsourcing, entre ellos el propio MC, que lejos de oponerse a las medidas neoliberales las ha dejado pasar sistemáticamente. Además, en la reforma laboral de 2019 dejaron avanzar la corporativización -intervención del Estado en las organizaciones de trabajadorxs-.

Esta iniciativa de prohibir la firma de renuncias anticipadas apenas aborda uno de los aspectos de la precarización laboral, cuando lo que se necesita es luchar de conjunto contra eso y por plenos derechos para todxs lxs trabajadorxs, algo a lo que no está dispuesto ninguno de los partidos del Congreso.

Lo que MC busca en realidad es lavarse la cara, para mostrarse como una alternativa política frente al pueblo trabajador con respecto al Morena, algo que, por supuesto no es, ni nunca ha sido, sólo basta ver la gestión de Samuel García en Nuevo León, quien ha garantizado el abastecimiento de agua a las industrias (como la refresquera, por ejemplo), mientras permite que al resto de la población trabajadora le falte el líquido vital. Es por esa misma razón que MC ataca meramente un aspecto parcial de la precarización laboral, algo que pueda remendar después, ya que de fondo defiende los intereses de los empresarios al igual que el resto de los partidos patronales.

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Terminar con la precarización laboral

El fin de la precarización laboral no puede venir de la mano de los partidos del régimen, por muy progresistas que quieran presentarse, ya que desde su inicio representan a algún sector del empresariado, así que terminar con las condiciones de vida tan terribles que se le imponen a la clase obrera sólo puede venir de la mano de la organización y movilización independiente de los trabajadores mismos. Lo cual concretamente se traduce en primer lugar en la lucha por recuperar los sindicatos de las manos de las burocracias sindicales, quienes permiten la fragmentación de los trabajadores entre sindicalizados y no sindicalizados.

A eso debe seguir el horizonte de que los sindicatos agrupen a todos los asalariados de sus gremios, sin permitir que se dividan entre trabajadores de primera (con derechos laborales) y trabajadores de segunda (precarizados), lo cual también tendría que venir de la mano de la organización y movilización de estos últimos, para exigir a las direcciones sindicales los derechos que les corresponden.