La solicitud de reforma al artículo 4º constitucional es acorde con los Tratados Internacionales, mas no se discutió con los principales afectados por falta de agua, las familias agricultoras del norte del país.
Miércoles 25 de noviembre de 2020
El diputado Alejandro Gloria del Partido Verde Ecologista presentó, el pasado 26 de junio, una iniciativa de reforma al artículo 4º constitucional con la finalidad de que “se garantice la soberanía sobre las aguas nacionales, así como reforzar el derecho de los mexicanos al agua potable”.
Esta solicitud planteada al Congreso de la Unión, se hace en concordancia con la Constitución Federal, los tratados internacionales y el Tratado Internacional de Aguas que hace poco se cumplió, de acuerdo con los intereses de las administraciones de Estados Unidos y México, pero sin tomar en cuenta las protestas de las familias de agricultores afectadas por una sequía que se ha venido arrastrando desde la década de los 90.
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Unos días antes, el 4 de junio de 2020, el diputado panista Mario Mata Carrasco, quien fue alcalde de Delicias, Chihuahua, de 2010 a 2013, apoyado por el PRI (Partido Institucional Revolucionario), presentó de igual forma una iniciativa para reformar el artículo 4º constitucional desde Tamaulipas, misma que propuso votar en la Comisión de Recursos Hidráulicos, este 25 de noviembre.
A esa iniciativa del PAN, se opuso la coordinadora nacional Agua para Todos, pues impulsa una nueva Ley de Aguas desde diciembre de 2012, alcanzando apenas, el 28 de septiembre pasado, algunos acuerdos en el seminario Avances y reflexiones hacia la Ley General de Aguas, ante el relator para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento de la ONU y ante los titulares de las comisiones dictaminadoras nombrados por la Legislatura, mismos que la reforma propuesta postergaría de manera indefinida.
El derecho al acceso y disposición del agua para consumo personal y doméstico está previsto en el artículo 4º de la Constitución, además que México es uno de los Estados que se hizo parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), donde también se nombra este derecho, el cual queda en control de las autoridades locales y federales, quienes no han garantizado que la población tenga acceso a este recurso de manera suficiente, ni el control de la superexplotación del agua en el uso de la minería o industrias privadas, como las cerveceras.
¿Por qué sería útil entonces aprobar una reforma al artículo 4º?
Por lo antes mencionado, debemos pensar en esta salida como un intento de calmar el conflicto que se abrió, desde mediados del año pasado, por la escasez de agua para consumo personal y riego en esta zona de agricultores en Chihuahua, un problema que se extiende al resto del norte del país debido a las sequías cada vez más agudas.
En este sentido, el apoyo a esta iniciativa por parte de los legisladores del estado de Chihuahua, sin contemplar la voz de los realmente damnificados, es un ensayo por lavarse la cara frente al problema, para no resolverlo de raíz y continuar avalando la entrega del vital recurso a las grandes trasnacionales y al gobierno de Estados Unidos, y evitar el levantamiento de las familias de agricultores a quienes dejan sin la resolución a sus demandas.
Esta salida legal al conflicto continúa sin involucrar la participación democrática de los agentes de lucha que piden un cambio real a sus condiciones actuales. No es nuevo que el Estado utilice estos artificios para aislar las luchas bajo el argumento de que ya se está dando respuesta y tachar a los “inconformes” de intransigentes o conservadores. Recordemos que, el presidente López Obrador en sus conferencias matutinas, ha repetido hasta el hartazgo que, los intereses reales de quienes se movilizan por el agua en Chihuahua son políticos, provenientes de partidos contrarios al suyo y que intentan denostarlo, pero, como podemos ver, esos partidos van, en verdad, por su mismo camino, favorecer a las trasnacionales en desmedro del pueblo trabajador de la zona.
Por un gran movimiento de trabajadores en defensa del agua
Durante el intento por acordar el reparto del agua proveniente del río Bravo entre los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, la representación chihuahuense abandonó las mesas, por lo que, el diálogo continúa pendiente. Sin embargo, lo que en realidad necesitan los agricultores es que las decisiones que se tomen con respecto al uso y reparto de los bienes naturales –pensando en las futuras generaciones y en las reales necesidades presentes– sean suyas, independientes de los intereses de las autoridades que gobiernan para las grandes empresas.
Los acuerdos entre los trabajadores, de ambos lados de la frontera, son los que pueden garantizar que no se protejan los intereses de los grandes empresarios, sino, de los que usan el agua para tener un sustento apenas viable para asegurar su supervivencia.
Al mismo tiempo, al ser el agua un recurso de interés público, involucra a todos los trabajadores del país, de tal forma que la manera en que se resuelva el conflicto en Chihuahua nos afecta a todos.
Es necesario que pensemos en la importancia de tomar las decisiones fundamentales en nuestras manos, a través de organismos independientes del Estado, sus intermediarios, y de las grandes empresas, que sean horizontales y que garanticen una verdadera democracia en la participación política de las y los trabajadores, capaces de unificar a sindicalizados y no sindicalizados, empleados y desempleados, a basificados y precarizados, para movilizarnos en contra de los ataques que los empresarios, gobiernos y sus partidos intenten imponernos para seguir engordando sus bolsillos.
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