ESTADO ESPAÑOL #28A. Inmigrantes: 5 millones de “ciudadanos de segunda” sin derecho a votar en las elecciones

En el Estado español el 13 % de la población en edad de trabajar no puede votar

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca del 10% de la población española es inmigrante. Las comunidades con mayor proporción de población inmigrante son Catalunya, Madrid, Valencia y Andalucía, concentrando un 67% del total.

La amplia mayoría de ellos no tiene derecho a votar. Ni en las elecciones generales, ni las autonómicas, ni siquiera en las municipales. La única excepción son las personas de algunas nacionalidades (las comunitarias, y algunas europeas no comunitarias), que pueden votar en las elecciones europeas y municipales.

Un derecho elemental negado por la propia Constitución Española, que en su artículo 13.2 señala que “solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23…”. Dicho artículo 23 es justamente el que reconoce el derecho de “los ciudadanos” a “a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.

Consultando los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), podemos afinar un poco más las cifras de este inmenso sector de la población al que se le niega un derecho político elemental como es el derecho al sufragio activo y pasivo. Si excluimos a la población inmigrante menor de 20 años, y a la española menor de 18, alrededor del 11 % de la población mayor de edad no tiene derecho a voto en el Estado español. Pero si excluimos también a los jubilados, que tienen una proporción (sobre el 5%) mucho menor que en la población nativa, podemos observar que aproximadamente el 13% de la población en edad de trabajar no puede votar. Y estamos hablando de los inmigrantes en situación regular, ni hablar de los miles que no tienen papeles y carecen de todo derecho. Un hecho completamente antidemocrático que debemos denunciar.

Ningún partido en la historia de la “democracia” española ha planteado seriamente darle el voto a este sector de la población. El actual gobierno del PSOE planteó en agosto una reducción del plazo de residencia legal mínimo -actualmente fijado en hasta 10 años para algunos supuestos-, para que los inmigrantes pudiesen optar a la nacionalidad española. Pero la propuesta quedó en el aire, sin concretar y sin que se hiciese efectiva realmente.

La inmigración y la legislación reaccionaria del Régimen español

Alrededor de 700 personas murieron tan sólo en el estrecho de Gibraltar durante el año 2018 intentando pasar la frontera. Son miles por año las que mueren en todo el Mediterráneo. Viajan en condiciones infrahumanas, llevados por la desesperación de la guerra y el hambre. Además, el calentamiento global amenazada con elevar cada año esta cifra, multiplicando lo que se han llamado los “refugiados climáticos”.

Pero cuando llegan a territorio español el trato que reciben está lejos de ser amable. Miles son internados en los CIEs, auténticas cárceles donde se encierra a personas que no han cometido ningún delito. Además, le reaccionaria Ley de Extranjería establece discriminaciones por nacionalidad. Mientras los ciudadanos del “primer mundo”, de América del Norte y Europa tienen más derechos de tránsito, el resto de los extranjeros tienen verdaderas dificultades para conseguir visados, motivo por el cual arriesgan sus vidas pagando miles de euros para llegar en patera.

Recordemos que la infame Ley de Extranjería, reformada en el 2000 (Ley Orgánica 4/2000) durante el Gobierno de José María Aznar, fue modificada nuevamente en 2009 por el Gobierno del PSOE durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, -con el apoyo de la entonces CiU de Artur Mas y Coalición Canaria- endureciendo los requisitos para el conocido como “reagrupamiento familiar”, las sanciones, la negación de la “personalidad jurídica” de las personas detenidas e internadas en un CIE y, de conjunto, fortaleciendo todas las medidas contra las y los inmigrantes sin papeles.

Pero la misma tiene su antecedente en la aún más reaccionaria Ley Orgánica 7/1985 sobre derechos y Libertades de los Extranjeros en España de 1985, promulgada durante el Gobierno del “socialista” Felipe González. Ampliamente cuestionada por su tratamiento policial del fenómeno migratorio, la Ley regularizó de un plumazo la situación de miles de inmigrantes convirtiéndolos automáticamente en “ilegales” y poniéndolos en peligro de expulsión. La misma fue aprobada en vísperas del ingreso de España en la entonces denominada Comunidad Económica Europea para garantizarle a los estados imperialistas europeos, especialmente Alemania y Francia, que España no sería un coladero de inmigrantes

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No podemos dejar de recordar los crímenes racistas y xenófobos cometidos por el Estado y los empresarios explotadores que se aprovechan de la población en situación irregular. Por mencionar algunas, hace cinco años murieron 15 hombres ahogados que intentaban cruzar la frontera en la playa de Tarajal en Ceuta, después de recibir pelotazos de goma y gases lacrimógenos por parte de la Guardia Civil. El 18 de enero, en Almería, murió Mohammed El Bouhaled de 27 años, envenenado, después de sulfatar un invernadero. Las trabajadoras de la recolección de la fresa en Huelva, unas 30.000, en su mayoría de origen marroquí, han denunciado su situación de explotación y precariedad, con casos de abusos sexuales, bajos salarios y condiciones de semi esclavitud.

Partidos de extrema derecha como Vox, al que tanto el PP como Ciudadanos no le van en zaga, tienen un programa abiertamente xenófobo y racista contra la población inmigrante. Pero el PSOE, lejos de gestos pasajeros como la acogida del barco de “Open Arms” al principio de la legislatura, mantiene una política de cerrar fronteras, sigue abriendo nuevos CIES y no plantea ningún programa progresivo para mejorar las condiciones de una parte importante de la clase trabajadora, que es la más oprimida y explotada.

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Los partidos a la izquierda del PSOE, desde Podemos, Izquierda Unida, el BNG u otros, no se han caracterizado por impulsar propuestas que pudieran mejorar la situación de este enorme sector de la población.

Entre las medidas programáticas de Podemos para las elecciones del 28A, no obstante, hay una serie de propuestas progresivas, como “garantizar que los niños, niñas y jóvenes que migran solos reciban un tratamiento según la Convención sobre los Derechos del Niño, “establecer vías legales y seguras de entrada en España, poner fin a la irregularidad sobrevenida y garantizar los derechos civiles de las personas migradas” -entre ellas, que el derecho al sufragio municipal de las personas extranjeras dejará de estar vinculado a tratados internacionales bilaterales-, “cerrar los centros de internamiento de extranjeros (CIE)”, el “refuerzo del Servicio de Salvamento Marítimo” para salvaguardar la vida de las y los inmigrantes en el Mediterráneo o “garantizar el acceso universal a la sanidad”.

Muchas de estas medidas, aunque aún limitadas, son justas y necesarias. Sin embargo, las posibilidades reales del moderado programa de Podemos adolecen de una doble contradicción. En primer lugar, la ilusión de que un programa así puede conquistarse pacíficamente en los marcos del entramado institucional del Régimen del 78. Y, sobre todo, la subordinación de su aplicación a un pacto de gobierno con el PSOE. Es decir, al cogobierno con uno de los máximos gestores de los negocios del capitalismo español y la Europa del capital, y en virtud de ello, del impulso de las principales leyes reaccionarias y racistas contra las y los inmigrantes.

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Pero al mismo tiempo, donde Podemos ha gobernado como parte de los llamados “ayuntamientos del cambio”, como en Barcelona o Madrid, ha estado muy lejos de haber dado un ejemplo de una política mínimamente democrática y humanitaria con la población inmigrante, especialmente con las y los sin papeles. Más allá de colgar pancartas con el lema “Refugees Welcome” (Bienvenidos Refugiados), los gobiernos de Ahora Madrid y Barcelona en Común han continuado con la política de las redadas racistas y el acoso a la población inmigrante. Como siempre, las pruebas del poder son la vía más rápida para desenmascarar la impostura de los programas electorales que se escriben con una mano para rápidamente borrarlos con el codo.

“Nativa o extranjera, la misma clase obrera”

La discriminación, el racismo y la xenofobia son funcionales a los intereses del régimen español, los grandes capitalistas del IBEX35 y el imperialismo europeo.

Los estados imperialistas precisan del expolio de países coloniales y semicoloniales para su desarrollo. Empresas como Repsol, Telefónica o Endesa explotan a millones de trabajadores y trabajadoras en el África y América Latina, comprando voluntades políticas para extraer los recursos naturales y mantener la explotación y la miseria en esos países, mientras reducen sus costes salariales.

Pero al mismo tiempo, necesitan disponer de una reserva de mano de obra a bajo coste en períodos de expansión -que presiona hacia abajo las condiciones laborales y los salarios de la mano de obra ocupada-, y poder deshacerse de ella en períodos de crisis. Las y los inmigrantes son la fuente privilegiada de esta mano de obra. Con la inmigración, los capitalistas logran una “ventaja extra”, ya que pueden “devolver” a los trabajadores a su país de origen cuando ya no les resultan necesarios. Al carecer de derechos políticos, además, los inmigrantes están más expuestos a todas las vulneraciones de sus derechos laborales y sociales. Así ha crecido durante las últimas décadas no sólo la economía europea, sino la de las principales economías capitalistas del mundo, hasta que la crisis capitalista generó un cambio de esta tendencia.

Es por ello que la política contra los inmigrantes es de las más hipócritas que existen. Por un lado, las multinacionales españolas y europeas expolian a los países de origen, impidiendo su desarrollo económico y aumentando la desigualdad; por el otro, cuando la crisis capitalista les impone deshacerse de la mano de obrar barata que explotaron en tiempos de bonanza, cierran las fronteras.

Las y los inmigrantes son los más explotados entre los explotados -y las mujeres inmigrantes son triplemente oprimidas como mujeres, inmigrantes y trabajadoras-, y esta situación es utilizada por los empresarios para amenazar las condiciones de trabajo de la clase obrera nativa. Incentivando el racismo y la xenofobia, se transforma a los inmigrantes en los chivos expiatorios en períodos de crisis, dividiendo las fuerzas de la clase trabajadora, llevando al enfrentamiento entre nativos e inmigrantes y exculpando a los verdaderos culpables de la crisis, los capitalistas.

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Las corrientes políticas neorreformistas, como Podemos o Izquierda Unida, aunque puedan levantar medidas progresivas, no oponen un programa verdaderamente coherente y eficaz contra este problema. Porque eso implicaría cuestionar la propiedad privada de los grandes medios de producción y, en definitiva, la cadena de producción capitalista global.

Todos los seres humanos deberían tener los mismos derechos, independientemente de su nacionalidad, religión, etnia, género u orientación sexual. Y que sus derechos deben de prevalecer sobre los intereses de los capitalistas y las leyes hechas a su medida. Por ello desde una perspectiva mínimamente democrática hay que luchar por:

· Apertura de fronteras y libre tránsito para todas las personas, independientemente de su nacionalidad.

· ¡Ningún ser humano es ilegal! Derogación de las leyes de extranjería y cierre de los CIEs.

· Regularización inmediata de todas las personas inmigrantes en el Estado español, para que accedan a todos los derechos laborales y sociales. Derecho inmediato e irrestricto al “reagrupamiento familiar”.

· Derecho al sufragio activo y pasivo para todas las personas con permiso de residencia, en las elecciones generales, municipales, autonómicas y europeas.

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Sabemos que este programa va a recibir la oposición de todos los poderes fácticos y de los partidos mayoritarios. Por ello es necesaria una movilización intensa y continuada para imponerlo mediante la lucha de clases.

Asimismo, los sindicatos mayoritarios, así como a la izquierda sindical y a los partidos a la izquierda del PSOE deben implicarse en esta lucha. Debemos rechazar el corporativismo burocrático de las principales centrales sindicales, que sólo defienden a una fracción de la clase trabajadora, abandonando a su suerte a las y los trabajadores inmigrantes, que representan los sectores más precarios y más explotados. Al permitir que las y los inmigrantes sean tratados como “ciudadanos de segunda”, permiten que se degraden las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores.

Ante quienes dicen que “No hay trabajo para todos” es necesario oponerle el reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles sin rebaja salarial. Esta medida, permitiría garantizar una vida digna para todos, incluso si aumentase el flujo de inmigrantes. Pero sólo puede ser impuesta afectando los intereses de los grandes capitalistas y su resistencia, es decir, mediante la lucha de clases.

Por ello es necesaria la unidad del conjunto de la clase trabajadora, nativa y extranjera, para conseguir todas las demandas económicas y democráticas que necesitan todos los sectores oprimidos de la sociedad para salir de la crisis y construir una sociedad en la que la vida merezca ser vivida.

Quienes dirigen esta corrupta e injusta sociedad tienen un profundo temor a la unidad del pueblo trabajador. Es más, tiene un miedo atroz a la posibilidad de la que la gente pueda decidir de forma verdaderamente democrática su destino. Por eso intentan por todas las formas dividirnos en base a nuestra raza y género. Frente a ellos nosotros decimos a viva voz: “Nativa o extranjera, la misma clase obrera”.