Los inmigrantes reagrupados que solicitan la tarjeta sanitaria son denunciados a Extranjería por la Seguridad Social para ser expulsados.
Sara Povo Zaragoza | @sarapovo
Lunes 4 de julio de 2016
Son ya numerosos los casos de ascendientes, padres y madres de inmigrantes, que después de ser reagrupados, al solicitar la tarjeta sanitaria para acceder a la sanidad pública, esta se las deniega y a su vez se avisa inmediatamente a Extranjería para que revise sus casos.
Miles de trabajadores y trabajadoras inmigrantes enfrentan un sinfín de dificultades para poder reagrupar a los familiares, toda una odisea de papeleo y burocracia. Sin embargo, no acaba aquí, sino que una vez reagrupados los ascendientes, durante los trámites para solicitar su derecho a la tarjeta sanitaria, comienza de nuevo una pelea para que sus padres y madres, ancianos, puedan acceder a la sanidad pública.
La seguridad social se escuda diciendo que estos ascendientes deberían haber venido al Estado español con un seguro privado, a pesar de que los tribunales ya han fallado en varias ocasiones en contra de estas decisiones, así como han reconocido el derecho a la sanidad pública para aquellos que la administración había excluido.
Resulta insólito que sea la propia administración sanitaria la que ejerza a modo de “policía” para Extranjería, pese a las sentencias en contra de estos procedimientos en casos particulares en diferentes comunidades autónomas como Castilla y León, Madrid, Cantabria y Cataluña, dictaminadas por los Tribunales Superiores de Justicia correspondientes.
Tras estas expulsiones en los hospitales está el ataque a la sanidad pública y los derechos de las personas migrantes, acometido en el decretazo sanitario del PP en el 2012, el cual dejó sin atención sanitaria pública completa a unas 900.000 personas, la mayoría inmigrantes. Decretazo que además estaba plagado de trabas para denegar el acceso de éstos a la sanidad pública.
Debido a esta situación nos encontramos con casos extremadamente duros como el de una mujer argentina de 87 años a la que la Delegación del Gobierno le envió una notificación de extinción de su permiso de residencia por no tener seguro médico.
Después de que la Seguridad Social le denegara la tarjeta sanitaria, ella presentó una demanda contra la administración, la cual ganó. Incluso tras haber ganado la demanda, sigue en una odisea de tribunales con el apoyo de la ONG Médicos del Mundo para conseguir la tarjeta sanitaria.
Es intolerable que se deniegue el derecho a la sanidad, un derecho que debe ser universal, pero es de una crudeza espantosa que la administración haga pasar por un calvario de este tipo a una mujer con 87 años. Sin embargo, no se trata de un caso aislado, sino que es tan solo uno de los que cada vez más están saliendo a la luz.
El sistema capitalista se desenmascara y nos muestra su rostro más feroz cuando deja a ancianos completamente desprotegidos con patologías que en algunos casos muy graves, y desamparando también a sus familias, las cuales viven auténticas agonías por defender un derecho que debe ser universal.
