ESPECULACION. Inmobiliarias felices: el Gobierno habilita desalojos y aumento de alquileres

El congelamiento de alquileres y la prohibición de desalojos se termina el 31 de marzo, es un hecho. Lo confirmó el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien dijo que ya no habrá extensión del DNU porque ahora hay nueva ley de alquileres y la AFIP lanzó el Registro de Contratos de Locación.

“Viene todo un tiempo nuevo, por eso está la convocatoria a que los inquilinos inscriban el contrato; hay una realidad totalmente distinta, con nuevos mecanismos y herramientas”, dijo el ex intendente de Avellaneda.

La nueva ley de alquileres vino con algunos avances para los inquilinos. Prueba de ello fue que estuvo frenada durante cuatro años y que fue duramente enfrentada por el lobby de las inmobiliarias cuando se votó el año pasado en el Congreso. Que los contratos sean por tres años en vez de dos; que no se pueda pedir más de un mes por anticipado en concepto de garantía; son aspectos progresivos de la ley.

Ahora bien, una ley no soluciona ningún problema estructural y los usureros siguieron tirando de la cuerda todo lo que pudieron. De hecho, en el 2020 los precios aumentaron un 60%, muy por encima de la inflación. De hecho, un estudio realizado por la Federación de Inquilinos Nacional en noviembre llegó a la conclusión de que los inquilinos en Argentina destinan el 51,7% de sus ingresos al pago del alquiler.

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Lo mismo se podría decir del Registro de la AFIP. Muchas veces, para evitar los impuestos, los alquileres se pagan en efectivo, de forma informal y sin ningún tipo de legalidad más allá del contrato. Ahora bien, cuando la AFIP empiece a cobrarle impuestos a los propietarios, ¿qué impide que la especulación traslade esos montos a los precios de los alquileres y que, indirectamente, quien termine tributando sea el inquilino? Nada.

El ministro defendió el hecho de que los alquileres se van a actualizar una vez al año con un índice y no como decida el propietario. Pero el valor inicial del alquiler ¿Quién lo regula? Nadie.

Pero además surge un problema más para los bolsillos de la clase trabajadora que no tiene vivienda propia: el descongelamiento implica que todo lo que no se pagó en concepto de aumentos durante la pandemia se convierte en una deuda de los inquilinos para con los propietarios. O sea que además de empezar a pagar con aumentos, van a tener que pagar todo lo que no pudieron pagar en el 2020 por la difícil situación económica profundizada por la pandemia.

Ferraresi asegura que a partir de abril “podremos ver el universo de cuáles son las familias vulnerables y tendremos una política”, pero no explica cuál sería esa política. La lógica de mercado que rige en este terreno deja a millones de personas a merced de las inmobiliarias y su sed de ganancias. Una encuesta de inquilinos agrupados realizada en 2020 daba cuenta de que hay más de tres millones de familias que no tienen acceso a una vivienda digna. Una verdadera crisis habitacional. Con el fin del congelamiento, el Gobierno habilita a que a partir de ahora desalojen a todos aquellos que no puedan pagar por el impacto de la crisis, por haber perdido el laburo, por haber sufrido recortes en los salarios o por ser precarizados.

Ya vimos las consecuencias de esta realidad el año pasado, cuando miles de personas protagonizaron luchas por vivienda ocupando terrenos y exigiendo un pedazo de tierra para poder construir sus casas. La más notoria fue la toma de Guernica, donde la respuesta del Gobierno fue primero amedrentar y engañar a las familias, para terminar reprimiendo a quienes quisieron pelearla hasta el final.

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Ferraresi sostuvo que la solución de fondo es que “la Argentina construya vivienda”. Pero no parece ser el plan del Gobierno. En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente tocó el tema con cierto orgullo, planteando que se proponen construir 264.000 viviendas en los próximos tres años. A ese ritmo, habría que calcular las décadas que llevaría solucionar un problema extendido exponencialmente.

Las prioridades del Gobierno están en otro lado. Por eso, aunque Fernández denuncie penalmente al gobierno anterior y dedique una parte importante de su discurso a explicar que la deuda del macrismo fue una estafa, acto seguido anuncia que van a dedicarse a diseñar un plan para renegociar esa deuda con el FMI, convalidando el crimen.

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Una salida de fondo para el problema de vivienda, que termine con la especulación en las grandes ciudades, sería un verdadero plan de obras públicas. Implicaría partir de las necesidades de las mayorías y no de fijarse cuánto “sobra” después de entregarle todo a los grandes especuladores. Implicaría cuestionar la legitimidad de la propiedad de los holdings inmobiliarios, que tienen grandes cantidades de hectáreas y miles de inmuebles ociosos, o los grandes terrenos que le fueron donados a la Iglesia a lo largo de la historia por parte del Estado. Miles de personas ya lo cuestionaron el año pasado en los hechos, con las tomas de tierras. Se trata de entender que la vivienda no es un negocio, es un derecho.