Mientras el General Director de Carabineros era notificado de su citación como imputado por omisión de apremios ilegítimos en el marco de la rebelión popular del 2019, horas más tarde era detenido el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul ¿Por qué el blindaje de uno y no del otro? ¿No será acaso mucha hipocresía del gobierno de Gabriel Boric?
Jueves 25 de agosto de 2022
Sencillamente escandaloso. Nuevamente Carabineros se encuentra en el ojo del huracán. Esta vez, a través de su General Director, Ricardo Yañez, quien ha sido citado a declarar en calidad de imputado, producto de dos querellas que le vinculan a la omisión de apremios ilegítimos, durante la revuelta popular del 2019. Un llamado realizado por la propia fiscal jefa de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Ximena Chong.
Es importante señalar que la citación de Yañez no es antojadiza ni mucho menos, sino que obedece al hecho concreto de que Yañez, durante el mes de octubre de 2019, se encontraba a cargo de la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros, es decir el principal responsable de los distintos operativos desplegados por la institución, materializados en cientos de mutilaciones oculares, vinculaciones a métodos de tortura, y responsabilidad en la muerte de manifestantes, como el recordado caso de Abel Acuña, o Jorge Mora, quien fue atropellado por un camión policial.
Al ser consultado por la citación, Yañez señaló:
“Estamos en un país que tiene un estado de derecho y obviamente yo como cualquier ciudadano y particularmente aquellos que ejercemos roles como directores de instituciones tenemos que ser los primeros llamados a prestar toda la colaboración y la cooperación en la investigación que está llevando adelante la fiscalía”, una respuesta de un descaro absoluto.
Sin embargo, lo más vergonzoso e indignante provino desde el gobierno, donde en palabras de la propia vocera del gobierno, Camila Vallejo, refirió que “el mismo Presidente en la reunión que sostuvieron en la mañana les señaló a las fuerzas de orden y seguridad que tienen la obligación y el mandato de colaborar con la Justicia”. Esto, cuando horas más tarde la Policía de Investigaciones (PDI) detenía al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por Ley de Seguridad Interior del Estado, lo cual generó un gran revuelo a través de distintos medios y redes, adjudicándosele a este gobierno de Boric, como un continuador de la política represiva y criminalizadora del ex presidente, Sebastián Piñera.
Boric: Criminalización, represión y descaro
No cabe duda que el gobierno de Boric, y el oficialismo en su conjunto, ha llegado a un punto de degradación sin precedentes. Si es que ya resultaba indignante, su armoniosa relación con la principal institución vinculada violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desde el día uno, hoy puede reconocerse un absoluto blindaje hacia Carabineros. Incluso hace unos días veíamos prácticamente rindiéndole honores en uno de sus discursos. Esto, mientras el propio gobierno de Boric ha negado la existencia de presos políticos, y ha extendido una política de militarización en el Wallmapu, y que busca instalarla también en la zona norte, frente a la crisis migratoria.
La actual detención de Héctor Llaitul, no es más que la profundización y continuidad de una política digna de Sebastián Piñera, a quien realmente sabe que fue lo que le terminó avisando, ya que los grandes autores materiales y políticos de las violaciones a los derechos humanos permanecen impunes y rebosantes, a diferencia de todas aquellas luchadoras y luchadores, que hoy se encuentran privados de libertad, y siendo criminalizados por este gobierno que supuestamente tenía como enemigo a la derecha, a la cual finalmente se terminó subordinado y adoptando su política.
Ni si quiera la pata izquierda de su propio gobierno, el Partido Comunista (PC), ha tenido con qué validarse, puesto que se hecho absolutamente partícipe de esta política que fortalece a la derecha, mientras intenta dejar tranquilo al gran empresariado nacional.
A menos de dos semanas de realizarse el plebiscito del 4 de septiembre por una Nueva Constitución, queda claro desde donde se ubica este gobierno, que por más discursos rimbombantes y continuos simbolismos habidos y por haber, ha mostrado seguir un camino bastante similar al de los partidos de los 30 años, al mismo tiempo que juega con las ilusiones de amplios sectores.
Sólo una alternativa basada en la independencia política de la clase trabajadora, en ruptura con este sistema de miseria y opresión, que persigue a las y los luchadores encerrándoles en las cárceles, mientras mantiene a los responsables de la represión impunes, será quien podrá dar respuesta a las demandas planteadas durante la rebelión de octubre del 2019. Y así exigir, y también conquistar la libertad de las y los presos políticos mapuche y de la revuelta, por medio de la movilización, junto con el juicio y castigo a los responsables de las múltiples violaciones a los derechos humanos.
